EL EDADISMO: UNA DISCRIMINACIÓN SILENCIOSA ANTE EL DESAFÍO DEMOGRÁFICO Y SOCIAL

Por María Luisa Álvarez Durante

El edadismo, definido formalmente como el conjunto de estereotipos, prejuicios y discriminación basados exclusivamente en la edad cronológica, constituye una de las problemáticas sociales más invisibilizadas de nuestro siglo. La Organización Mundial de la Salud afirma de manera insistente que esta forma de discriminación opera en tres dimensiones fundamentales de la experiencia humana: en nuestra forma de pensar a través de estereotipos arraigados, en la forma de sentir mediante juicios anticipados o prejuicios, y en la forma de actuar de manera discriminatoria. Lejos de ser una actitud meramente externa, la OMS advierte que este fenómeno se manifiesta no solo con respecto a los demás, sino también hacia nosotros mismos. Este «edadismo internalizado» se convierte en un grave obstáculo, ya que provoca que las propias personas mayores asimilen los discursos paternalistas de la sociedad, dejen de exigir cambios estructurales y no denuncien las situaciones de abuso por creer erróneamente que son consecuencias naturales de cumplir años. Aunque es indiscutible que la discriminación por edad puede manifestarse sutil o expresamente en otros colectivos humanos, como los jóvenes que sufren sueldos más bajos por falta de experiencia o un trato condescendiente en los entornos laborales, en el colectivo de las personas mayores tiene una especial gravedad. Esto se debe a que reduce a un ser humano con una trayectoria vital completa a una mera cifra numérica, lo que provoca que toda la sociedad en su conjunto se empobrezca culturalmente, pierda talento acumulado y debilite de manera drástica su tejido social.

Ante la fuerte sensación actual de que existe una pérdida de derechos o una falta de respeto sistémica hacia los mayores, resulta esclarecedor hacer una referencia directa a la forma en que las civilizaciones clásicas concebían la vejez. En la Grecia clásica, si bien el papel de los ancianos difería en función de la Polis y su contexto social específico, existía una tendencia generalizada a otorgarles un profundo respeto y una sólida autoridad moral, fundamentada en el valor de su sabiduría, experiencia y prudencia. El ejemplo más contundente de este esquema se encontraba en Esparta, donde los ancianos desempeñaban un papel central en la gobernanza al formar parte de un influyente Consejo de veintiocho hombres mayores de sesenta años, el cual poseía una enorme influencia en la toma de decisiones políticas y judiciales. Para los espartanos, la vejez era considerada el símbolo máximo de la virtud, del valor probado y de la sabiduría del Estado. De igual manera, en Atenas los ancianos gozaban de un gran respeto comunitario y eran miembros del Areópago, un prestigioso Consejo que ostentaba altas funciones judiciales y de control moral. Esta valoración no se limitaba a la esfera pública; en el ámbito doméstico, la figura del «pater» familias mantenía una autoridad indiscutible sobre su casa, y los miembros más jóvenes de la comunidad solían consultar de manera regular a los mayores antes de tomar cualquier decisión de importancia. Asimismo, en la antigua Roma, aunque el papel exacto de los mayores variaba según su clase social, la vejez se asociaba directamente con los valores de la sabiduría, la experiencia acumulada y la autoridad moral.

Esta perspectiva histórica obliga a preguntarse qué ha ocurrido en la época actual, un momento en el que, paradójicamente, la humanidad dispone de mayores conocimientos técnicos, científicos y médicos para que exista la sensación generalizada de que las personas mayores son una «carga» para la sociedad. Hoy en día, cuando la longevidad hace posible que las personas mayores puedan ser aprovechadas como un plus para el desarrollo social y cuando las cohortes de edad a partir de los sesenta y cinco años son más numerosas que nunca, se está impidiendo de algún modo el respeto efectivo a los derechos humanos de este colectivo. Sorprendentemente, detrás de esta realidad parece detectarse un interés deliberado por parte de las fuerzas políticas de la derecha en provocar un enfrentamiento generacional de manera evidente. El propósito de esta estrategia resulta claro: evitar que haya una buena sintonía y una alianza estrecha entre los colectivos más afectados por el edadismo. Esta polarización artificial entre jóvenes y mayores solo beneficia a las clases más privilegiadas de la sociedad, debilitando la respuesta colectiva ante la pérdida de derechos, por lo que es preciso luchar con firmeza contra este mal social.

Para comprender el alcance real de esta discriminación, es necesario analizar el contexto demográfico actual, especialmente en el ámbito de España y Europa, donde el envejecimiento poblacional es un hecho bien conocido. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), si se mantienen las tendencias actuales, la población de sesenta y cinco y más años en España alcanzará en torno al treinta coma cinco por ciento hacia el año dos mil cincuenta y cinco. Esto significa que, en pocas décadas, casi una de cada tres personas será mayor. Este dato objetivo debería motivar un reconocimiento del papel central de los mayores en la vida social y económica; sin embargo, con frecuencia alimenta relatos alarmistas que señalan al colectivo como un factor de gasto y no como un potencial social. La evidencia empírica es clara y preocupante: una de cada dos personas en el mundo admite mantener actitudes edadistas frente a las personas mayores, lo que significa que prácticamente todos somos testigos o partícipes inconscientes de conductas que rebajan el valor de alguien por sus años. El edadismo no siempre se manifiesta a través de exclusiones explícitas o portazos, sino que a menudo susurra y cierra puertas a medias a través de una «amabilidad» que infantiliza y frases condescendientes como «ya no estás para esto», «para qué te vas a formar a tu edad» o «déjalo, es complicado».

Las manifestaciones concretas del edadismo se detectan con claridad en múltiples ámbitos de la vida diaria:

Ámbito sanitario: Persisten sesgos clínicos muy graves que subestiman los síntomas de las personas mayores bajo la justificación de que «es normal para su edad», retrasando diagnósticos médicos esenciales. Además, se produce la negación de tratamientos específicos basados en la edad cronológica y no en la situación funcional de la persona, una realidad sumamente cruda que ocurrió de manera evidente durante la Pandemia.

Ámbito laboral: Cumplir los cincuenta y cinco años se convierte en un filtro injusto que aumenta exponencialmente las dificultades para mantener el empleo o reincorporarse al mercado laboral en caso de perderlo. Se produce una falta de oportunidades de empleo o ascenso para mayores de cincuenta años y se manifiesta un rechazo no explícito hacia este colectivo en los procesos de selección, ignorando su formación y experiencia.

Ámbito financiero y de consumo: Las causas económicas del edadismo se traducen en la prohibición de contratar ciertos tipos de seguros, como los sanitarios, o en el encarecimiento exagerado de sus primas. Asimismo, se cancelan seguros de automóvil a partir de ciertas edades, se impide la compra financiada de los mismos o se niega de manera sistemática la concesión de créditos bancarios con total independencia de la excelente situación financiera o solvencia de los solicitantes.

Ámbito digital: El despliegue de una digitalización acelerada sin un diseño universal obligatorio genera trámites inaccesibles y barreras cognitivas insalvables. Esto viene acompañado de mensajes culpabilizadores que trasladan la responsabilidad a la persona mayor bajo la premisa de «si no te apañas con la app, el problema eres tú», cuando en realidad el problema es un servicio deficientemente diseñado.

Ámbito cotidiano y de comunicación: El edadismo se reproduce mediante chistes o comentarios peyorativos, la invisibilización de los mayores en la publicidad o en las decisiones sociales y la falta de representación en los ámbitos donde se toman las grandes determinaciones del país. Los medios de comunicación contribuyen activamente a perpetuar esta situación al mostrar una imagen negativa, estereotipada o ridiculizada de los mayores, o simplemente mediante la ausencia total de estos en las pantallas.

Las causas que generan el edadismo son variadas y complejas. Al margen de los factores de índole estrictamente económica y comercial, existen causas de carácter cultural y social profundamente arraigadas, entre las que destacan la idealización desmesurada de la juventud, el miedo inherente al envejecimiento y a la vulnerabilidad, y una alarmante falta de contacto intergeneracional en los espacios públicos y comunitarios. Las consecuencias de no frenar esta discriminación producen daños severos en varios planos. En el plano personal, el edadismo erosiona la autoestima, fomenta la inseguridad, provoca aislamiento social y eleva los índices de depresión o ansiedad entre los mayores. No se trata de un impacto meramente subjetivo; investigaciones clásicas de referencia demuestran que las personas mayores que mantienen creencias positivas sobre el envejecimiento viven más y mejor, llegando a registrar una media de siete coma cinco años más de longevidad que aquellas expuestas a estereotipos y creencias negativas. En el plano colectivo, la discriminación genera una inmensa pérdida de talento, experiencia y conocimiento táctico en el entorno de trabajo, eleva las brechas generacionales y fomenta un peligroso enfrentamiento social. Asimismo, en el plano socioeconómico, el mercado y las instituciones cometen el error de tratar a los mayores exclusivamente como un «gasto público», desaprovechando el motor que representa la llamada economía senior —su demanda y capacidad de consumo responsable, su potencial de emprendimiento— y silenciando el valor de su trabajo de cuidados, ese engranaje invisible que sostiene económicamente a familias enteras.

Para combatir el edadismo de forma integral, la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT (UJP-UGT) propone un plan de acción y una agenda con medidas concretas, realistas y evaluables estructurada en distintos niveles. A nivel individual, se hace un llamamiento urgente a revisar nuestros propios prejuicios, valorar la diversidad de las edades en nuestro entorno y fomentar de manera activa el respeto intergeneracional cotidiano. A nivel institucional, se exige el diseño de políticas públicas de inclusión por edad, programas específicos de empleo adaptados tanto para adultos mayores como para jóvenes, y educación formal sobre envejecimiento y juventud. Un ejemplo de buenas prácticas que ya realizan algunas empresas son los programas de mentoría inversa, un formato de diversidad generacional donde los jóvenes capacitan a los mayores en el uso de herramientas tecnológicas y las personas mayores guían a los jóvenes aportando su experiencia y conocimiento del negocio.

En el ámbito de las políticas públicas y la legislación, es fundamental aprobar una Ley específica integral que incluya la edad como una categoría protegida en todos los ámbitos esenciales de la vida, tales como el trabajo, la seguridad social, la salud, la vivienda y el sector financiero, dotada de mecanismos efectivos de denuncia y sanción. De igual manera, se propone la aprobación de una Estrategia Nacional para personas mayores y envejecimiento que incluya la lucha contra el edadismo mediante la fijación de objetivos medibles, como la reducción del desempleo senior, la mejora de la percepción social y la inclusión tecnológica. Para poder evaluar de forma continua los avances y diseñar políticas efectivas, resulta indispensable recoger datos desglosados por edad en todos los indicadores sociales, laborales y sanitarios, visibilizando así las discriminaciones estructurales que hoy permanecen ocultas.

En materia de empleo y economía, la agenda de la UJP-UGT exige la aplicación del currículum ciego por edad en los procesos de selección y la prohibición efectiva de anuncios de trabajo que fijen topes de edad, salvo causas objetivas. Se deben implementar políticas de empleo inclusivas acompañadas de incentivos fiscales y bonificaciones a las empresas que mantengan a sus trabajadores mayores, junto con la creación de bonos de formación y fórmulas de flexibilización de la jornada laboral o contratos de relevo bien diseñados. Asimismo, se demanda el establecimiento de programas de formación interna obligatorios para el personal de mayor edad en materia de digitalización y nuevas tecnologías, reconociendo el derecho exigible a la recualificación a lo largo de la vida mediante microcredenciales, e instituyendo el sello «Empresa Amiga de las Personas Mayores» con criterios auditables en igualdad y aprendizaje.

En lo que respecta a la Administración Pública y los servicios esenciales, se propone la inclusión de una cláusula antiedadismo en toda la contratación pública, otorgando puntos extra a aquellos proveedores que acrediten buenas prácticas de accesibilidad y empleo con mayores. Al igual que ocurre con el enfoque de género, se exige evaluar el impacto de edad *ex ante* de cada nueva ley o norma antes de su aplicación, analizando posibles efectos discriminatorios. Para frenar la exclusión digital, se debe garantizar por ley la existencia de ventanillas humanas de atención presencial y líneas de atención humana obligatorias en servicios públicos y privados esenciales, protegiendo el derecho del ciudadano a elegir la alternativa analógica en trámites críticos financieros, sanitarios o de solicitud de ayudas. Los servicios públicos deben incorporar adaptaciones de accesibilidad física y tecnológica, utilizar un lenguaje claro, formularios comprensibles, lectura fácil y tipografías legibles que pasen por pruebas de uso con personas mayores antes de lanzar cualquier plataforma.

En el plano asistencial, sanitario y comunitario, la agenda demanda que las decisiones clínicas se centren estrictamente en la situación funcional y la preferencia informada de la persona, integrando escalas de fragilidad y comités de ética asistencial en lugar de basarse en la edad cronológica, lo que requiere una formación profunda en sesgos de edad para todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios. Es urgente difundir un glosario de lenguaje inclusivo que elimine por completo la infantilización y el trato paternalista de los mayores en los entornos sanitarios, de servicios sociales y en los medios de comunicación. Para mitigar el aislamiento, se propone financiar servicios públicos de acompañamiento, programas comunitarios de envejecimiento activo y un plan estatal contra la soledad no deseada articulado mediante la prescripción social en atención primaria y redes vecinales de convivencia. De forma prioritaria, se exige la protección frente al maltrato mediante el establecimiento de canales públicos seguros y confidenciales que permitan denunciar de manera efectiva abusos contra las personas mayores, abarcando la violencia psicológica, la negligencia de cuidados o el abuso de carácter económico.

La implementación de estas medidas se enfrenta a importantes obstáculos y desafíos del entorno actual, entre los que destacan las fuertes resistencias culturales e ideas arraigadas sobre «lo que pueden o no pueden hacer» las personas de edad avanzada, la escasez de recursos financieros o presupuestos limitados para adaptar infraestructuras y servicios, y la fragmentación administrativa entre las competencias nacionales, autonómicas y locales que dificulta una acción coordinada. A esto se suma la dificultad técnica de medir el impacto debido a la falta de datos e indicadores adecuados, así como el propio edadismo internalizado que frena la exigencia de cambios por parte de las propias víctimas. Para superar estas barreras, la UJP-UGT asume un papel activo que va más allá de la mera descripción del problema; su compromiso sindical inmediato se resume en tres líneas de acción: escuchar a cada persona mayor en su diversidad de trayectorias, proponer medidas concretas con costes y beneficios explícitos en las mesas de diálogo social, y movilizar propuestas mediante alianzas y presencia territorial. Entre sus actuaciones inmediatas, el sindicato promoverá el sello UJP-UGT de «entorno amigable» para empresas y administraciones, impulsará acuerdos con ayuntamientos para extender el marco de ciudades amigables con metas medibles y creará un Observatorio del Edadismo en el ámbito laboral, sanitario y digital que sirva para la recogida de casos, informes periódicos y herramientas de denuncia y asesoramiento jurídico para cualquier afiliado que sufra discriminación por edad.

A nivel metodológico e institucional, se propone establecer un plan de acción nacional con metas claras, plazos, responsables y presupuestos definidos, fomentando alianzas participativas entre la Administración, el sector privado, las ONG y las propias asociaciones de personas mayores para diseñar las medidas de forma conjunta. Se debe financiar y promover investigaciones y encuestas periódicas que midan la percepción social, la brecha digital y el desempleo senior, incluyendo la dimensión del edadismo de manera interseccional en las políticas de igualdad ya existentes de género y discapacidad, realizando un seguimiento continuo y fomentando ejemplos visibles de buenas prácticas en ciudades amigables, empresas modelos y medios de comunicación ejemplares.

Sin embargo, para consolidar de forma efectiva todas las medidas anteriores, resulta indispensable que se apruebe una legislación vinculante a nivel internacional. Es un hecho que ha habido intentos previos de aprobar una directiva europea de igualdad, la cual se encuentra actualmente congelada debido a la inexistencia de una legislación de rango superior que le otorgue cobertura. Por este motivo, la prioridad absoluta debe ser la aprobación de una Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores, una tarea para la cual ya se ha constituido un grupo de trabajo específico en las Naciones Unidas. El establecimiento de este paraguas legislativo internacional facilitará el desbloqueo y avance de la directiva europea y, sobre todo, servirá de base directa para que cada país pueda tramitar y aprobar una ley interna de protección de los derechos de las personas mayores. Esta norma, concebida como una ley código integral y similar a la ley de igualdad entre mujeres y hombres que fue pionera en su día, permitirá coordinar todo el marco de protección, favorecer la igualdad de trato y construir una sociedad verdaderamente justa e inclusiva.

En conclusión, el edadismo no responde a una ley inamovible de la naturaleza, sino que constituye una construcción cultural susceptible de ser modificada mediante el compromiso político y social. Esta discriminación no solo afecta los principios fundamentales de la justicia social, sino que compromete de forma directa la sostenibilidad demográfica, económica y social de todos los países que cuentan con poblaciones envejecidas. Combatirlo con éxito requiere la adopción de medidas múltiples, intersectoriales, financiadas y sostenibles en el tiempo, involucrando a las personas mayores como agentes activos del cambio y no meramente como receptoras pasivas de políticas asistenciales. Es imperativo impulsar un cambio cultural profundo que valore todas las etapas de la vida como parte del ciclo vital continuo, reconociendo la inmensa riqueza de la diversidad generacional. Las personas mayores no representan el pasado de la nación, sino un presente activo que sostiene, cuida, trabaja y financia de forma invisible el bienestar colectivo. El colectivo no solicita favores ni condescendencia; exige el respeto pleno a su existencia y el ejercicio de todos sus derechos ciudadanos, reclamando que se escuche su voz y participar directamente en la toma de decisiones sobre todo aquello que le afecta. Si en las civilizaciones de la antigua Grecia y Roma los mayores participaban y decidían en los puestos políticos y jurídicos más relevantes del Estado, las personas mayores de hoy exigen legítimamente estar presentes y formar parte activa de las instituciones contemporáneas que tienen la competencia para garantizar sus derechos, asumiendo que respetar la edad es respetar la vida misma y que lo que se construya hoy será la única garantía de nuestra propia dignidad mañana.

 

Sobre la autora:

Maria Luisa Alvarez Durante es actualmente Secretaria de Internacional y Edadismo de la UJP-UGT.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas, ocupó entre otros puestos la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Ha sido Portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y Secretaria General y responsable de Políticas de Igualdad en la FIIAPP (Federación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas).

Es Vocal del Consejo Directivo de AEINAPE.