Aún tuve que regresar al Sáhara, ya ocupado por Marruecos, en febrero de 1976, como Presidente del Grupo de Trabajo de la Comisión Interministerial para el desarrollo de los Acuerdos de Noviembre de 1975, con Marruecos y Mauritania, encargado de la valoración de los bienes inmuebles de carácter público existentes en el territorio del Sáhara y de los que procedía conservar por el Estado español. El Grupo, presidido por mí, en tanto representante de la Presidencia, estaba integrado por D. Avelino Fernández Areces, Ingeniero Jefe del Servicio de Obras Públicas del Gobierno General del Sáhara; D. Laureano García Ventura, Coronel de Intendencia de la Subsecretariía del Ministerio del Ejército; D. Eduardo Colomer Molinos, Coronel Ingeniero de Construcción, Jefe de la Comandancia de Obras de Canarias; D. Fernando Pérez de Sevilla y Guitard, Capitán de Intendencia de la Subsecretaría del Ministerio del Ejército, y D. Pablo Julio Roldán Verdejo, Arquitecto de la Dirección General de Patrimonio del Estado por el Ministerio de Hacienda. Realizamos un Informe-valoración, en base a los informes de los responsables de los distintos servicios, que daba un montante de 17.195 millones de pesetas.
Como ha escrito Miguel Angel Aguilar_: “Desde aquel 14 de noviembre de 1975, hace ahora 40 años, cuando se firmó en Madrid el acuerdo tripartito por los gobiernos de España, Marruecos y Mauritania, arrastramos una mala conciencia invencible. Fue entonces, en la linde del deshonor, en la agonía de Franco, cuando el gobierno suspendió el ejercicio de los deberes que nos incumbían como potencia administradora del territorio, a tenor de la Carta de Naciones Unidas. Esa firma precipitó el abandono fulminante del Sáhara sin atender a su condición de provincia, adquirida por decreto de la Presidencia del Gobierno el 10 de enero de 1958. Idéntico abandono hizo antes del territorio de Ifni que, erigido en provincia por el mismo decreto, fue retrocedido a Marruecos mediante el acuerdo de Fez del 4 de enero de 1969, ratificado por las Cortes españolas el 22 de abril.
La declaración de estos territorios como provincias seguía la senda del salazarismo respecto de las posesiones portuguesas de ultramar. Su objetivo era evitar la rendición de cuentas ante el Comité de los 24 de la ONU, competente en materia de descolonización. Otra cosa es que el embajador de Franco ante la ONU, Jaime de Piniés, ignorara la pretendida provincialidad y cumplimentara bajo cuerda las peticiones del mencionado comité.
Ahí están los documentos gráficos acreditativos de la presencia en el hemiciclo de las Cortes orgánicas tanto del consejero nacional del Movimiento, enviado por los camaradas nómadas, como de los otros dos procuradores de Representación Familiar, que, a tenor de la Ley Orgánica del Estado de 1966, eran elegidos por los cabezas de familia, empadronados en las tribus del desierto. Eran muy de ver, con sus atuendos blancos y azules del cuello a los pies, agrupados en escaños contiguos sin atender al estricto orden alfabético. La crónica desde El Aaiún de un buen amigo periodista, escrita en el número 27 del semanario Posible del 17 de julio de 1975, remite al origen de nuestra mala conciencia.
Se titulaba “Nadie quiere morir por el Sáhara”. Empezaba así: “Dijo Kissinger ‘el Sáhara para Marruecos’. Y la luz se hizo”.
