Nuestra guía Pilar Martínez Falero explicó detalladamente la historia de la Residencia. Creada en 1910, pretendía ser el germen de la nueva Universidad, concebida como un todo en el que frente al conocimiento teórico se potenciara el pensamiento crítico, el cultivo de las artes, el amor a la naturaleza y el ejercicio del deporte.

En un principio se instaló en un chalé de la calle Fortuny, pero pronto se hizo evidente la necesidad de su ampliación y, entre 1913 y 1915 se construyeron cinco funcionales edificios de estilo neomudéjar, según proyecto del arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta, en el lugar denominado los Altos del Hipódromo, poéticamente rebautizado como Colina de los Chopos por Juan Ramón Jiménez.

Por ella pasaron Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Jorge Guillén, Salvador Bacarisse, Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez, Manuel Machado, Severo Ochoa, Manuel de Falla, Unamuno, Ortega y Gasset y otros destacados intelectuales, bien como residentes o como asiduos participantes en las múltiples actividades que organizaba.

La Residencia de Estudiantes no era únicamente el lugar donde convivían cerca de 100 afortunados alumnos, sino además el primer centro cultural de España, promoviendo las relaciones con otras instituciones europeas. Los laboratorios del Pabellón Atlántico, dirigidos por Ramón y Cajal, y donde estudió Severo Ochoa, tenían igual importancia que el salón de actos del Pabellón Central, escenario de conferencias de Einstein, Howard Carter, Keynes y Marie Curie, y de conciertos de Manuel de Falla y Stravinski. También tuvo su propio sello editorial, fundado en 1913 y recuperado en 1990.

Durante el recorrido por sus jardines admiramos las adelfas, plantadas por Juan Ramón Jiménez en el Patio de los Poetas y el Canalillo, recuerdo arqueológico de las conducciones de agua árabes de Madrid; nos sentamos en el banco de piedra que homenajeaba a Jacobo Fitz-James Stuart, duque de Alba, uno de los principales promotores de la institución; vimos el busto del pedagogo Alberto Jiménez Fraud, primer director de la Residencia y nos asomamos a la ventana de una habitación que recreaba la que tuvo García Lorca, con su diván-cama, su mesa con el servicio de té, la pequeña librería, una antigua raqueta de tenis y una copia del cuadro “Naturaleza muerta, la botella de ron”, que Dalí le había regalado.

Al finalizar hicimos un breve recorrido por la exposición “Lorca y el archivo: Memoria en movimiento”. Junto a cartas manuscritas, textos inéditos, fotografías, dibujos y documentos varios, pudimos ver en dos vitrinas los vestidos que llevó Margarita Xirgu en “La casa de Bernarda Alba” y en “Doña Rosita la Soltera, o el lenguaje de las flores”. Todo ello configura una  interesante colección procedente de Madrid, Granada y Nueva York, reunida entre 1936 y 1960 por familiares y amigos del poeta.

Por último, una grata comida en el restaurante de la Residencia de Estudiantes ha puesto el broche final al ciclo de visitas culturales 2025-2026 de AEINAPE.

Esperando seguir viéndonos en el mes de septiembre, nos despedimos de vosotros y os deseamos que paséis un muy feliz verano.

(Texto y fotografías: Aeinape)

Cada dos años, se celebra en España este encuentro que reúne a antiguos alumnos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El objetivo de estos encuentros internacionales es doble. Por una parte, mantener y reforzar la cooperación permanente entre las personas egresadas del INAP de España. Por otra parte, reflexionar y compartir experiencias sobre la mejora de las administraciones públicas latinoamericanas y española y de los servicios públicos que prestan.

La Federación de antiguos alumnos, desde su fundación en 1984, viene promoviendo estos encuentros que se celebran anualmente a uno y otro lado del atlántico. Cada dos años corresponde a España el papel de anfitriona del encuentro, bajo la denominación de seminario internacional. En los restantes años alternos, los encuentros se celebran en los distintos países iberoamericanos bajo la denominación de congresos internacionales.

En la actual edición de 2026, el lema del seminario es el de “Ciudadanía digital, equidad y derechos”.  Están previstas las siguientes mesas redondas y paneles:

1. Evolución de la brecha digital: hacia una sociedad digital más inclusiva.
2. Edadismo digital y formas de exclusión de las personas mayores en el acceso a los servicios esenciales digitalizados.
3. La nueva administración pública: igualdad, protección de datos y autonomía digital.
4. El desafío digital del empleado público: retos y oportunidades.
5. Implicaciones éticas de la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea.

El XVIII Seminario Internacional está patrocinado por el INAP de España con la activa colaboración de la Asociación española de antiguos alumnos (AEINAPE). Cuenta también con la colaboración de la Universidad de Alcalá, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Ayuntamiento de El Escorial y Patrimonio Nacional.

El seminario está abierto al envío de comunicaciones.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 15 de junio a través de la página web de la Federación:

https://www.fiaaiinape.org/web/seminarios/xviii-seminario-2026

Se trata de una visita realmente excepcional, pues el acceso al Área de Conservación y Restauración del Museo del Prado está restringido al público general, por motivos de seguridad y conservación de las piezas.

Actuó como guía de la visita don Enrique Quintana, Coordinador jefe de restauración y documentación técnica, a quien debemos agradecer tanto la amabilidad como la gran profesionalidad con que atendió al grupo durante las cuatro horas del recorrido.

El taller es uno de los centros de referencia mundial en la preservación de obras de arte, célebre por devolver a pinturas de maestros como Velázquez, Goya o El Bosco su viveza original. El taller opera como un laboratorio de alta tecnología científica donde conviven técnicas tradicionales de restauración con radiografías, reflectografías infrarrojas y análisis químicos avanzados.

Cuenta con más 30 especialistas de carácter interdisciplinar, divididos en talleres específicos según el tipo de bien cultural:

Pintura: Dedicado a la limpieza de barnices, fijación de capas pictóricas y reintegración cromática de lienzos y tablas.

Marcos: Especializado en restaurar, limpiar y adaptar las estructuras de madera y oro que protegen y contextualizan las obras maestras.

Escultura y Artes Decorativas: Centrado en la conservación de mármoles, bronces, marfiles y piezas tridimensionales.

Papel: Encargado de la delicada manipulación y estabilización de dibujos, estampas y fotografías históricas.

La construcción inicial se debió a los arquitectos Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra, con un estilo clásico pero dotado de elementos historicistas. Se inauguró en 1891 con su acceso desde el Paseo del Prado por la llamada Puerta del Príncipe. Entre 1927 y 1936 tuvo lugar una primera ampliación, ejecutada por José Yarnoz Larrosa, con el Patio de Operaciones que da a la calle de Alcalá, y posteriormente una segunda por su hijo, Javier Yarnoz Orcoyen, entre 1968 y 1975. Finalmente en 2006 se completó el edificio con la inteligente actuación de Rafael Moneo incorporando la esquina de Marqués de Cubas con Los Madrazo.

Tras ascender por la majestuosa Escalera Imperial, pudimos contemplar esculturas mitológicas y coloridas vidrieras con diversas figuras simbólicas de estilo Art-Déco, el Salón del Consejo de Gobierno, presidido por las imágenes en gran formato de los Reyes Felipe y Leticia, de la fotógrafa Annie Leibovitz, los Comedores de Gala con frescos en el techo y unos exquisitos biombos chinos, y la Sala Isabelina, con varios retratos de personajes pintados por Goya, procedentes del fondo del Banco de San Carlos. En todas estas estancias vimos una pequeña muestra del riquísimo patrimonio mobiliario del Banco de España, que  consta de cerca de 4.000 piezas de alto valor artístico e histórico, consistente en tapices, muebles de factura excelente, lámparas, relojes, centros de mesa y candelabros. Especial importancia tiene la colección pictórica, que incluye, además de los Goya, obras de Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, Salvador Maella, Federico de Madrazo, Vicente López, etc.

En las plantas inferiores vimos el Patio de Operaciones presidido por el Reloj Central y cubierto por una espectacular vidriera, el Patio de Efectivo, actual biblioteca, el moderno Salón de Cobradores, con elementos neomudéjares, y una exposición, con fotografías de la Cámara del Oro, y diversas obras de autores contemporáneos, como el “Reflections in a Golden Eye” de Carlos Aires, que demuestran la voluntad del Banco de España de continuar enriqueciendo su importante colección artística.

(Texto y fotografías: AEINAPE)

LA DISCRIMINACIÓN POR SU EDAD DE LAS PERSONAS MAYORES

Según la OMS, son adultos mayores quienes tienen 60 y más años. En España, a finales de 2025, se registraban, de acuerdo con los datos del INE,13,4 millones personas en este grupo de edad. De ellas, más de 10 millones son mayores de 65 años, un 20,7% del conjunto de la población. Se trata, por tanto, de un colectivo con un peso sociodemográfico, político y económico importante y creciente, cuyos derechos humanos no deben ser invisibilizados.

El edadismo consiste en la discriminación de las personas en razón de su edad y, aunque puede afectar a otros grupos, por ejemplo, a los más jóvenes, son las personas mayores las que lo están sufriendo actualmente de forma más virulenta y silenciosa. Según la OMS, 1 de cada dos personas es edadista con los mayores.

Como otras formas de discriminación, el edadismo con las personas mayores se basa en estereotipos (cómo pensamos) y prejuicios (cómo sentimos), que etiquetan a los integrantes de este colectivo como personas improductivas, egoístas, frágiles, vulnerables e incapaces de tomar por sí mismas las decisiones que afectan a su vida cotidiana. En su versión más extrema, el edadismo se convierte en gerontofobia, un movimiento social que promueve la confrontación intergeneracional, presentando a quienes perciben una pensión pública de jubilación o reciben determinadas prestaciones sociales por su edad, como personas gravosas para la sociedad y privilegiadas frente a otros grupos más jóvenes, a quienes se atribuye la carga de sostenerlos en perjuicio de sus propios intereses.

Los estereotipos y prejuicios edadistas no reconocen la aportación a la sociedad y la diversidad de un colectivo muy extenso del que forman parte personas de edades y perfiles muy diferentes.  En términos sociosanitarios no es lo mismo tener 60 años que 90. Pero, además, en el proceso de envejecimiento de cada persona influyen, junto a su edad, otros muchos factores como la esperanza de vida de su país de residencia, su estatus económico y social, su nivel de estudios, su concreto estado de salud y su calidad de vida o sus relaciones sociales y actividades. Entre las personas mayores hay quienes siguen activos laboralmente, quienes gestionan su patrimonio personal o empresarial, quienes participan en los órganos de gobernanza de entidades financieras, empresas y administraciones públicas, quienes realizan tareas de voluntariado o quienes cuidan de otras personas aún más mayores o de menores.

El edadismo se concreta en prácticas discriminatorias e injustas, que afectan a la dignidad de los mayores y niegan su identidad individual, condicionando sus relaciones familiares, socioeconómicas y laborales. En el plano interpersonal, las personas mayores son víctimas con frecuencia de un lenguaje que las infantiliza, al tiempo que la publicidad las ridiculiza o las invisibiliza, confinándolas como posibles consumidoras únicamente al conjunto de bienes y servicios relacionados con los procesos de deterioro físico o cognitivo que suelen asociarse a la vejez.

En no pocas ocasiones, esta forma de discriminación es normalizada e interiorizada por las propias víctimas, que se acaban minusvalorando, autoexcluyendo o autolimitándose en sus actividades, sus relaciones o en su vida cotidiana.

Es, sin embargo, en el ámbito institucional, relativo a las políticas públicas y a la prestación de servicios públicos y privados, donde los españoles y españolas mayores perciben con más claridad la discriminación que padecen en razón de su edad. Así lo pone de manifiesto el Análisis de Impacto, según la Escala del Edadismo de la OMS, que la fundación HelpAge España ha realizado en nuestro país y que ha sido presentado en fechas recientes.

En este contexto, se relatan a continuación algunas de las prácticas discriminatorias más frecuentes en la vida cotidiana de las personas mayores.

1. Los derechos de las personas mayores no son siempre respetados en la atención sanitaria que reciben.

Las personas mayores se ven privadas, a menudo, de su derecho a la información médica o perciben cómo se cuestiona su libertad y su capacidad para adoptar decisiones sobre su propia salud. En ocasiones, el personal facultativo pide a las personas mayores que asistan a consulta acompañados de un familiar más joven, que es a quien se le solicita información sobre el estado de salud del mayor, se le facilita el diagnóstico, se le pide el consentimiento informado o se le requiere opinión sobre los posibles tratamientos. Con este trato, que invisibiliza y excluye al paciente mayor, el personal sanitario, posiblemente con buena intención, está conculcando el derecho a saber y a decidir de la persona mayor atendida.

Así mismo, los pacientes mayores son excluidos de numerosos programas públicos de promoción de salud y de cribado de enfermedades y su mayor edad es tenida en cuenta negativamente en el establecimiento de prioridades de atención en favor de personas más jóvenes. Estas prioridades de atención, en razón de la edad, afectan tanto a la confección de las listas de espera como al acceso de las personas mayores a urgencias, hospitalizaciones, ingreso en UVIs, UCIs, y unidades coronarias.

También suelen ser víctimas los mayores de un rechazo histórico para su inclusión inicial en los programas de diálisis crónica, para la prescripción de técnicas diagnósticas complejas (CT, SPECT, PET, RNM, algunas técnicas ecográficas, …) o para el acceso a determinadas formas de cardiología y técnicas de radiología intervencionista (pruebas angiográficas, punciones dirigidas, quimioterapia, etc. …)

Es posible que, algunas de estas limitaciones estén indicadas de acuerdo con el estado de salud de algunos pacientes mayores, pero, si es así, es imprescindible que se informe a cada mayor de las contraindicaciones y del riesgo/beneficio que puede comportar la realización de una determinada prueba diagnóstica o tratamiento, sin que se le niegue, a priori, el tratamiento correspondiente.

A estas prácticas discriminatorias, se suma un evidente déficit de geriatras. Según datos de la sociedad española de Geriatría y Gerontología, el Sistema Nacional de salud cuenta tan solo con 16 especialistas por cada 100.000 habitantes mayores de 75 años, con una implantación desigual de esta especialidad en las diferentes CC.AA. Un problema derivado de este déficit histórico es la polimedicación de las personas mayores y la ausencia de una atención sanitaria integral que aborde las posibles patologías relacionadas con la edad. Y si nos situamos en el ámbito de la sanidad privada, las personas mayores son rechazadas para la suscripción de pólizas sanitarias por la mayoría de las aseguradoras.

2. Más desempleo y desigualdad de trato de las personas mayores en el ámbito laboral.

La legislación española considera la jubilación como un derecho y no como una obligación, salvo en el caso de los empleados públicos, una excepción que también convendría revisar. Son los convenios colectivos y la práctica empresarial los que limitan la posibilidad de que quienes deseen o necesiten seguir trabajando al alcanzar los 60/65 años tengan todas las oportunidades para hacerlo.

Es un error, cometido con frecuencia, equiparar el concepto de mayor con el de persona jubilada. Hay personas que se jubilan antes de los 60 años. Otras siguen trabajando, por cuenta propia o ajena, más allá de los 70-75 años. Y, por supuesto, hay personas mayores que nunca se han incorporado al mercado laboral.

En este contexto, resulta especialmente preocupante el desempleo registrado en España entre los mayores de 50 años. Con casi 1.000.000 de personas en paro, los mayores representan el 29,26% del total de desempleados. Esta cifra se ha incrementado a pesar del aumento del empleo en general. Además, las tasas de paro de larga duración en la generación senior (55 y más) alcanzan cotas, dependiendo del sexo, próximas o superiores al 50%.

Es así mismo frecuente el despido de los trabajadores y trabajadoras más mayores cuando hay reducciones de plantilla, la contratación de personas mayores para puestos inferiores a su cualificación o su exclusión a efectos de promoción profesional o de formación.

Hay, sin duda, factores relacionados con los mayores costes salariales o con la posible desactualización de las capacidades que pueden explicar esta realidad. Pero hay también muchos prejuicios por parte de las empresas y de las administraciones públicas que consideran a priori menos productivas o capacitadas a las personas mayores.

Por último, la generación senior suele ser víctima de acoso laboral. A menudo, se les asignan objetivos más difíciles de alcanzar que los encomendados a otros trabajadores más jóvenes para el mismo puesto de trabajo y los empleados y empleadas más mayores suelen ser objeto de comentarios o insultos en su centro de trabajo, con el uso de expresiones como “está muy mayor”, “se ha quedado obsoleto”, “no se entera mucho” u otras similares.

3. La privacidad, la intimidad y otros derechos personalísimos de las personas mayores no están garantizados.

Las personas mayores no suelen disponer de espacios privados y seguros para el disfrute de la compañía e intimidad familiar, sin interferencias de terceras personas.  Esta falta de privacidad no resulta ajena al ámbito doméstico de los cuidados, pero es especialmente grave en las residencias y centros de día, en los que se comparten habitaciones o incluso se asea o se viste a las personas mayores a la vista de otros residentes o personas.

En esta misma línea, tampoco es respetado su derecho a la intimidad en el fin de la vida, de modo que, en muchos casos, la persona mayor no dispone en este trance de un entorno adecuado, que proteja su privacidad y promueva el respeto a sus necesidades espirituales y de comunicación con sus seres queridos.

Menos todavía se encuentra reconocido ni garantizado el ejercicio por las personas mayores de su derecho a la sexualidad. Las instituciones y familias no son conscientes de que la afectividad y la sexualidad son inherentes al ser humano en todas las etapas de su vida y, en consecuencia, no facilitan a las personas mayores un entorno privado que les permita expresar libremente su afectividad sin restricciones, promoviendo así un ambiente de inclusión y respeto.

En cuanto a los derechos digitales, ser mayor no equivale a ser analfabeto digital. Si hoy disfrutamos de un amplio abanico de TIC es porque la generación más mayor, desde finales de los años 60, impulsó la investigación en este campo. En el caso de España, ha sido también la generación senior la que, desde 1985, cuando estableció la primera conexión a internet en nuestro país, ha impulsado el proceso de modernización tecnológica de las empresas y de las Administraciones.

Es lamentable, por ello, que las estadísticas de Eurostat se limiten a dar información principalmente sobre la población entre 16 y 74 años y que no se haga el esfuerzo de ver, cómo a partir de los 75 años, pudieran afectar a las competencias digitales de las generaciones más longevas procesos que no tienen que ver con el analfabetismo digital sino con otros problemas de salud relacionados con la vejez.

Por otra parte, las limitaciones al derecho de acceso a las TIC de las personas mayores no siempre responden a lo que se viene denominando brecha digital. Muchas personas mayores se ven privadas por el personal que las asiste, tanto en los centros residenciales como en sus domicilios, de sus teléfonos móviles u otros dispositivos, con el pretexto de que se ponen nerviosas o se alteran sus rutinas. Estas limitaciones llegan en algunos casos al extremo de que sistemáticamente las llamadas telefónicas o los mensajes que recibe la persona mayor son atendidos por los y las cuidadoras.  Con ello, no solo se están mermando las habilidades tecnológicas de la persona mayor, sino también su derecho a la comunicación y a la privacidad de sus comunicaciones, aumentándose su sensación de asilamiento y de soledad no deseada.

Lo mismo ocurre con la falta de confidencialidad de los datos de carácter personal, especialmente los relativos a la salud, a los servicios financieros o a la vida personal de las personas mayores tanto en las residencias y centros de atención sanitaria como en sus domicilios y entornos. Esta situación no solo comporta una socialización indebida de los citados datos, sino también una mayor vulnerabilidad de los mayores ante fraudes o estafas u otros hechos delictivos.

La imposición a los mayores de una determinada imagen o de vestuario pensado para facilitar el aseo o la falta de consentimiento informado en los procedimientos médicos completan una realidad de vulneración de los derechos personalísimos de las personas mayores a la que se suman actitudes paternalistas o intrusivas en el trato por parte del personal de cuidados o de la propia familia que menoscaban su dignidad y merman su autoestima.

Por último, es de especial gravedad la ausencia de sistemas específicos de prevención y protección contra el maltrato y el abuso hacia las personas mayores, un déficit especialmente denunciable si tenemos en cuenta que una de cada seis personas mayores, según datos de Naciones Unidas, sufre maltrato.

4. Limitaciones al ejercicio del derecho de las personas mayores a decidir dónde y con quién vivir.   

El 82% de las personas entre 65 y 84 años prefiere vivir en su propio domicilio, pero esta opción no siempre es viable, especialmente para las personas con pensiones más bajas. Envejecer en casa cuando se precisa ayuda domestica o cuidados supone un coste que, en general no puede ser asumido por la persona mayor ni por su familia.

La pensión media de jubilación en España se sitúa en 2026 en 1.563 euros, según los datos oficiales, y si se incluye otro tipo de pensiones, esta cuantía baja a los 1.363 euros. Si ponemos en relación estas cuantías con el salario mínimo interprofesional, 1.221 euros, en catorce pagas, no es difícil comprender que la mayoría de las personas mayores, salvo que tengan ahorros o un patrimonio importante que vender o hipotecar, no estarán en condiciones de contratar una persona que les atienda o simplemente que les ayude con las tareas domésticas y, en consecuencia, no podrán elegir dónde y con quien quieren vivir y convivir. Además, aun cuando dispongan de una vivienda en propiedad, las obras para asegurar la accesibilidad y la movilidad acarrean costes adicionales, que tampoco pueden ser sufragados.

A la insuficiencia de las pensiones para sufragar los gastos de la vivienda y la contratación de alguien que les ayude, se suma un sistema de ayudas para la promoción de la autonomía personal que, además de lento, asocia las cuantías exclusivamente al grado de dependencia de las personas y que, en todo caso, no cubre más que una mínima parte del coste real de los cuidados (En Madrid, entre 313,50 y 747 euros para el máximo del grado III). Por ello, aunque estas ayudas constituyen un avance, no siempre es posible dar satisfacción con ellas al deseo de los mayores en situación de dependencia a permanecer en su domicilio y barrio habitual.

A esta situación se suma una legislación civil obsoleta que afecta muy negativamente a las personas mayores que enviudan y que ven como sus opciones de venta en nuda propiedad de su domicilio o la suscripción de una hipoteca inversa se ven condicionadas a la voluntad – y a veces a la necesidad- de los herederos del cónyuge fallecido, al menos en el sistema de régimen común, con excepción de la legislación aplicable en algunas Comunidades Autónomas que cuentan con legislación civil propia que permite testar en favor del cónyuge que enviude.

Hay, sin embargo, muchas medidas que se podrían implementar para respetar al máximo la libertad de elección de las personas mayores. Además de la revisión de la normativa, la búsqueda de nuevas formas de convivencia no debería dejarse exclusivamente a la iniciativa privada y se podrían establecer fórmulas de atención comunitaria y medidas fiscales o de seguridad social que minoraran los costes derivados de la contratación de personas que asistan y ayuden a las personas mayores para que puedan envejecer en su entorno.

5. Derechos de ciudadanía restringidos.

Las personas mayores no son escuchadas en la toma de decisiones públicas. Su participación está limitada, cuando existe, al ámbito de los servicios sociales. Sin embargo, son muchas las políticas públicas que afectan a su calidad de vida, sin que el colectivo esté representado en los consejos consultivos y para la participación de los correspondientes ámbitos sectoriales. Por consiguiente, sus necesidades y demandas no son tenidas en cuenta en cuestiones tan importantes como la movilidad, el impacto del cambio climático, el disfrute de una vivienda, la protección civil ante emergencias y catástrofes o la seguridad ciudadana. aun cuando las personas mayores se ven afectadas en mayor medida por asuntos como el cambio climático, la protección civil o la seguridad ciudadana.

Pero, hay también, otros derechos de ciudadanía que se ven restringidos. No puede ser, por ejemplo, que el D.N.I no sea susceptible de renovación a partir de los 70 y que la fecha de caducidad de los emitidos más recientemente con carácter permanente sea 9999. El DNI permanente parece encubrir el mensaje negativo subyacente de que o bien, en breve, la persona será incapaz de tramitar una nueva renovación, o bien de que, al faltarle pocos años para morirse, no merece la pena la renovación de su documento, lo que resulta devastador. Además, muchas personas mayores viajan y los sistemas de control para entrar en algunos países requieren una documentación personal con un periodo de vigencia de x meses de validez y no siempre reconocen esa fecha exótica del año 9999.

Lo mismo cabe decir de las limitaciones por edad para ser miembros de las mesas electorales.  Una cosa es que las personas puedan alegar su edad para eximirse del cumplimiento de este deber y otra muy diferente que quienes quieran formar parte de una mesa no puedan hacerlo, a partir de los 70 años.

También resultan cuestionables algunas limitaciones en materia de licencias para conducir que, en vez de evaluar la salud, se centran en la edad cuando no en el aspecto más o menos senil de las personas evaluadas por los centros gestores del carnet de conducir. Las personas mayores conductoras no son las que más causan más accidentes, según los datos de las aseguradoras, y cuando se ven involucradas. lo hacen sobre todo en calidad de peatones. Aplicando el criterio de la mayor fragilidad física de los mayores en caso de accidente, que es el propugnado por la DGT, llegaríamos al absurdo de tener que limitar también su movilidad como peatones en vez de como conductores, lo que nos conduciría al absurdo de que lo más seguro para la persona mayor es no salir de su casa. Los avances tecnológicos en los vehículos permiten, por otra parte, formas de conducción más amigables y seguras para todas las edades, algo que debería ser tenido en cuenta por los poderes públicos.

AVANCES Y PROPUESTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES.

La sociedad española y, en especial el colectivo de las personas de 60 y más años, está tomando cada vez más consciencia de la necesidad de poner fin al edadismo, promoviendo y protegiendo sus derechos. Las políticas para un envejecimiento activo y saludable, con ser convenientes, no sustituyen otras que deben estar orientadas al aseguramiento del ejercicio por las personas mayores de la totalidad de sus derechos y de una ciudadanía plena.

La aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que prohíbe la discriminación por edad como un posible factor de discriminación, constituye un paso muy importante en el camino hacia la mejor protección de los derechos humanos. Lo es también la creación de la Autoridad Independiente, a la que acudir en caso de discriminación.

Sin embargo, no es suficiente. A nivel internacional, constituye un paso muy positivo que se esté trabajando, con la participación de las personas mayores, en un grupo específico en el seno de las Naciones Unidas para la elaboración y aprobación de una Convención Internacional de derechos humanos de las personas mayores, como instrumento jurídico vinculante para requerir a los Estados una política activa para la promoción y protección de tales derechos.

Pero, además, España debería liderar la igualdad y no discriminación de las personas mayores en el ejercicio de sus derechos constitucionales, mediante la aprobación de una ley integral de protección de los derechos de las personas mayores. Esta ley debería configurarse como un instrumento jurídico de aplicación general. que limite al máximo los abusos y los malos tratos a los mayores y que permita pasar de un enfoque exclusivamente asistencial a otro más garantista que, además de cubrir este flanco, se centre en la protección de todos los derechos de las personas mayores. Este instrumento jurídico debería asegurar, así mismo, la inclusión en todas las políticas públicas la perspectiva de edad, de forma que las necesidades de las personas mayores sean atendidas y su voz sea escuchada.

Sin duda, hasta que esa ley llegue, es imprescindible seguir promoviendo iniciativas concretas para erradicar el edadismo y promover políticas públicas de promoción y protección de los derechos de las personas mayores. En esta línea, siguiendo el Análisis de impacto, según la escala del edadismo de la OMS, validada para nuestro país por HelpAge International España, resulta recomendable la adopción, entre otras, de las siguientes medidas que pueden ser adoptadas son las siguientes:

• Promover una imagen positiva del envejecimiento en los medios, en la publicidad y a través de la cultura.
• Revisar las políticas públicas sectoriales y la normativa vigente e impulsar las reformas pertinentes.
• Impulsar medidas de cuidado y apoyo comunitario para que las personas mayores puedan permanecer en su domicilio.
• Promover la educación a lo largo de la vida.
• Tratar el edadismo también como un problema de salud pública.
• Sensibilizar a edades tempranas, promoviendo la intergeneracionalidad.
• Favorecer la participación activa de las personas mayores en la toma de decisiones e Incluirlas en todos los órganos colegiados para la participación
• Reforzar la investigación y la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de edad.

En suma, las personas mayores cuentan y, en el futuro, van a contar aún más debido al incremento de la longevidad. Las personas mayores tienen derecho a tener derechos.

Sobre la autora:

Lola Carrión Martín es patrona de la Fundación HelpAge International España. Administradora Civil del Estado, ha sido Delegada del Gobierno en Madrid y Subsecretaria de Administraciones Públicas y de Cultura.

La ILE está ubicada en el Paseo del General Martínez Campos, muy próximo al Museo Sorolla, ya que el pintor quiso que su vivienda estuviera cerca de la Institución donde estudiaban sus hijas. Consiste en un complejo integrado por tres edificios: el palacete del siglo XIX en que habitó D. Francisco Giner de los Ríos, el Pabellón McPherson que en el siglo XX albergaba los laboratorios donde los estudiantes realizaban sus prácticas, y finalmente el modernísimo aulario, dotado de un auditorio de bello y original diseño, rehabilitado a principios del XXI, y cuya mayor originalidad la constituye su atrevido revestimiento metálico que, a modo de celosía, integra su luminoso interior con la vegetación del jardín central. Nos encontramos pues con una riquísima síntesis de la arquitectura de las tres centurias.

Es de resaltar la brillante exposición de nuestra guía María Olmedilla, que resultó una verdadera delicia, rigurosa y amena, refiriéndonos la rica historia de la ILE, desde su fundación en 1876 por Julián Sanz del Río, Francisco Giner de los Ríos y otros catedráticos universitarios discípulos de Krause, que defendían una enseñanza mixta, laica y abierta a las más modernas corrientes europeas. La formación de su alumnado, desde la más tierna infancia hasta los estudios superiores, se basaba en el predominio de la experiencia sobre la teoría y la libertad de cátedra frente al conformismo inmovilista, además de promover la afición al deporte y el amor a la naturaleza.

Tras superar diversas vicisitudes políticas a lo largo del tiempo, la ILE puede enorgullecerse de haber formado a varias generaciones de docentes que continuaron su legado y cuyos ecos aún resuenan en la actualidad.

(Texto y fotos AEINAPE)

La Asociación de Antiguos Alumnos del INAP de España (AEINAPE) ha convocado el Premio Benito Ramos de Administraciones Públicas en su edición de 2026.

Se trata de un galardón que distingue a aquellos autores de artículos, publicados en diferentes medios, que contribuyan a la mejora del sector público y que, consecuentemente, redundan en unos mejores servicios para los ciudadanos.

En su edición de 2025, el Premio Benito Ramos recayó en tres artículos que el jurado consideró que aportaban soluciones, análisis o propuestas originales en materia de innovación en las Administraciones Públicas.

Se alzó con el primer premio Dª Josefa Cantero Martínez, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, por su artículo “Los derechos digitales del empleado público”.

Correspondió el segundo premio a D. Guillermo Haro Bélchez, ex Secretario General del Congreso de los Diputados de México, por su artículo “Justicia climática: 50 años de avances y desafíos globales”.

El tercer premio recayó en un artículo de Dª Beatriz González Romera, Técnica Jurídica del Banco de España, titulado “Apertura y gobernanza de datos”.

La entrega de los galardones tuvo lugar el día 19 de febrero de 2026 en un solemne acto en el Aula Magna del INAP, presidido por la Secretaria de Estado de Función Pública, Dª Consuelo Sánchez Naranjo.

Publicamos a continuación las Bases reguladoras del Premio Benito Ramos de Administraciones Públicas, edición 2026:

Base 1.

El objeto del Premio Benito Ramos es reconocer y premiar la excelencia de los trabajos de investigación y divulgación que aporten soluciones, análisis o propuestas originales en materia de innovación en las Administraciones Públicas.

Se busca galardonar a los autores que, a través de sus artículos, contribuyan significativamente a la modernización administrativa, la transformación digital, la mejora de los servicios públicos o la implementación de nuevas metodologías de gestión pública.

Base 2.

Para cumplir con esta finalidad, podrán optar al Premio Benito Ramos artículos que hayan sido ya publicados y que reúnan las siguientes características:

Artículos escritos en castellano cuyo objeto sean las administraciones públicas y los servicios públicos que prestan, publicados en alguno de estos medios:

– Periódicos generalistas, digitales o en papel.

– Revistas digitales o editadas en papel cuya temática sean las administraciones públicas en sentido general.

– Blogs especializados, portales de expertos o medios digitales en Internet cuya temática sean las administraciones públicas en sentido general.

Los citados medios podrán estar editados o situados en cualquier país del mundo, siempre que el idioma que utilicen sea exclusivamente el castellano; ello sin perjuicio de que puedan insertar resúmenes de los artículos en otros idiomas (abstract).

Quedarán excluidos los capítulos de libros, monografías y obras colectivas. A estos efectos, se considerará una obra colectiva la que aparezca identificada con un único código ISBN, común para todos los capítulos o artículos que la integran.

Quedarán igualmente excluidos los hilos de redes sociales, comentarios breves, textos de carácter estrictamente publicitario o entradas de blogs personales sin enfoque técnico o profesional.

Base 3.

Los artículos deberán haber sido efectivamente publicados entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, ambos inclusive, no admitiéndose manuscritos inéditos o trabajos pendientes de aceptación.

Base 4.

El Jurado valorará el interés y la oportunidad del tema tratado en el artículo, su conexión con la actualidad y su contribución a la mejora de las administraciones públicas y de los servicios públicos que prestan.

Los artículos se valorarán desde una perspectiva multidisciplinar, admitiéndose el tratamiento de las administraciones públicas desde una consideración jurídica, económica, tecnológica, sociológica, política, etc.

Base 5.

Los artículos tendrán que aparecer firmados por su autor, que será siempre una persona física. No se admitirán firmas colectivas ni de instituciones o entidades públicas o privadas.

El autor podrá tener cualquier nacionalidad. No se exige que el autor sea socio de AEINAPE. Tampoco se exige que sea empleado público, ni que tenga vinculación con alguna administración pública.

Base 6.

El plazo de presentación de candidaturas se abrirá el 1 de septiembre de 2026 y finalizará el 30 de septiembre de 2026.

Base 7.

Cualquier persona que sea socio o socia de AEINAPE o de cualquiera de las Asociaciones de Antiguos Alumnos del INAP de España podrá presentar candidaturas al premio Benito Ramos.

Cada persona podrá presentar hasta tres artículos que le parezcan merecedores del premio.

En esta fase del procedimiento no será necesario el consentimiento del autor del artículo, ni tampoco que conozca o esté informado de que su artículo ha sido presentado como candidato al premio Benito Ramos.

Las candidaturas se presentarán en la dirección de correo electrónico aeinape@administraciondigital.es durante el plazo que se indica en la Base 6.

Los socios o socias proponentes de candidaturas habrán de identificarse, no admitiéndose candidaturas anónimas. A dicho correo se adjuntará un ejemplar del artículo propuesto en formato PDF. También se enviará el enlace al medio de comunicación, blog o revista en que aparezca el artículo.

Quien proponga una candidatura no tendrá que explicitar las razones por las cuales considera que el artículo es merecedor del premio. Si propone varios artículos no es necesario que priorice entre ellos.

Base 8.

Recibidas todas las candidaturas, el Jurado elegirá entre ellas y libremente los artículos que considere merecedores del Premio Benito Ramos.

El Jurado estará integrado por cinco personas. Una de ellas ejercerá la presidencia y otra la secretaría, con voz y voto.

Los miembros del Jurado serán designados por la Junta Directiva de AEINAPE. Su composición se hará pública en el acto de concesión de los premios.

El Jurado no mantendrá comunicación con los socios o socias proponentes de las candidaturas de artículos. Tampoco mantendrá comunicación con los autores de los artículos.

La decisión del Jurado será inapelable.

Base 9.

Se concederá un primer premio, un segundo premio y un tercer premio.

El Jurado comunicará su decisión antes del día 31 de octubre de 2026.

Base 10.

El Jurado contactará con los autores para comunicarles la concesión del premio Benito Ramos.

El galardón acreditativo del primer, segundo y tercer premio del Premio Benito Ramos consistirá en un diploma que se entregará en un acto al que serán invitados los autores.

Base 11.

La concesión del Premio Benito Ramos se publicitará en la revista “Administración Digital”.

Base 12.

El Jurado queda facultado para interpretar estas bases y resolver cualquier incidencia que pueda plantearse durante el proceso.

(Bases aprobadas por la Junta Directiva de AEINAPE en su reunión del día 6 de mayo de 2026).

Por José María de Luxán Meléndez

La Princesa de Asturias estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

En un periodo en el que la ciencia y la universidad atraviesan una zona de gran turbulencia internacional y nacional, acosadas por una política de restricción económica y moral, el anuncio de que la Princesa de Asturias estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) es una buena noticia para la autonomía de la universidad y para la libertad que requieren la enseñanza y la creación científica y técnica.

LA EDUCACIÓN REGIA

España cuenta con muy pocos antecedentes en la educación de la princesa de Asturias, y tampoco con mucha experiencia en la preparación del príncipe de Asturias.  Hay que remontarse a Juan Escoiquiz, canónigo conservador, nombrado por Godoy instructor del príncipe  Fernando, o a los primeros años del príncipe Alfonso y en la actualidad al inmediato precedente de Felipe VI.

En la educación regia el impacto del cambio político ha sido de enorme trascendencia, altera el proyecto educativo, incorpora un nuevo cuadro de profesores y en definitiva modifica la orientación de la instrucción real. Esta transformación es muy relevante en el caso de Isabel II, cuya formación difiere significativamente en las regencias de María Cristina y de Espartero.

De la educación de la reina niña se encarga primero el tándem Cabo-Reluz y Ventosa, en la regencia de María Cristina, y con Espartero los progresistas Agustín de Argüelles, Juana de Vega, Francisco de Luxán y Rosario Weiss. El príncipe Alfonso en el exilio acude a instituciones educativas y de formación militar, estudió primero en el Theresianum de Viena y luego en la academia militar de Sandhurt, mientras que de la formación de Alfonso XIII se encargó el general Juan Loriga. El príncipe Juan Carlos, durante el franquismo, se incorpora a las academias militares y cursa en la Universidad de Madrid materias de Derecho y Economía.

ENSEÑANZA Y FORMACIÓN MILITAR

La continuidad entre el Príncipe Felipe y la Princesa de Asturias es una nota dominante en la educación de ambos príncipes. Continuidad que contrasta con los programas de formación individual que caracterizaban la educación regia del siglo XIX. Ahora en las etapas de enseñanza primaria y secundaria Felipe y Leonor acudieron a instituciones con programas escolares reglados. Los dos en Madrid en el mismo centro de enseñanza privada de élite. Y ambos para concluir la etapa secundaria fueron a un colegio también privado pero fuera de España. El príncipe Felipe en Canadá y la Princesa de Asturias completó el Bachillerato Internacional en el Reino Unido.

“Por último, es oportuno recordar que en las monarquías parlamentarias europeas es una tradición ampliamente observada y compartida que los futuros Jefes de Estado desarrollen una carrera militar y, en ese marco, reciban una formación de esa naturaleza, que varía según las características de cada país, además de la formación universitaria. Esta práctica se fundamenta en que, en la mayoría de los casos y en los términos y con el alcance previstos y regulados en los distintos textos constitucionales, se les atribuye el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Así lo hace nuestra propia Constitución.” (Comunicado de la casa de S.M. El Rey, 14 de marzo de 2023).

Continuidad que se extiende a un modelo de instrucción militar singular articulado en un programa de formación con un régimen específico inaugurado por el príncipe Juan Carlos, que combina la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia General del Aire y del Espacio. Formación militar que la Casa Real al informar sobre el Real Decreto por el que se regula la formación y carrera militar de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz (BOE 15/03/2023), consideró necesario comparar el programa de educación regia con la práctica de las monarquías parlamentarias.

LA PÚBLICA DIFERENCIA

En el ámbito universitario el programa de formación de la Princesa de Asturias presenta alguna singularidad. Como en el caso de su padre, Leonor acudirá a un grado oficial lo que les diferencia de la trayectoria universitaria del príncipe Juan Carlos que solo cursó algunas asignaturas de Derecho en la Universidad de Madrid (hoy UCM) siguiendo un camino inexplorado en España pero desbrozado en algunas monarquías parlamentarias, por ejemplo en la segunda mitad del XIX en el Reino Unido el príncipe Eduardo cursó estudios en Edimburgo, en Oxford y en Cambridge o el príncipe Gustavo Adolfo de Suecia en Uppsala.

El príncipe Felipe estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se licenció en Derecho, cursando también algunas asignaturas de Económicas y luego un Máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, una institución católica en Washington D.C.

Continuidad y discontinuidad. Al igual que sus padres la princesa Leonor opta por un grado oficial impartido en la universidad pública, financiada mayoritariamente por la administración educativa. Es relevante que a diferencia de otras monarquías parlamentarias, por primera vez los Reyes cuenten ambos con un grado universitario de una universidad pública de su país. Destaca que la Casa Real subraya que la vía de acceso a la universidad es la misma que para todos los que han cursado el Bachillerato Internacional en el extranjero. Es igualmente significativo que en el ámbito militar la regulación de los estudios específicos de la princesa de Asturias corresponda al Gobierno, mientras que en el universitario, la Casa de S.M. El Rey, al informar sobre los estudios universitarios de la Princesa Leonor, destaque que «el Rey ha informado al Presidente del Gobierno», y subraye que el anuncio no lo hace el jefe del Estado sino los Reyes, es decir sus padres, resaltando con ambas fórmulas  que se trata de una decisión que corresponde al ámbito privado de la Princesa, que no requiere refrendo gubernamental.

“Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026. La Princesa de Asturias ha superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión… Su Majestad el Rey ha informado al Presidente del Gobierno de este nuevo periodo de la formación académica…” (Comunicado de la casa de S.M. El Rey, 27 de abril de 2026).

La Universidad ha sido, es y debe ser fuente de conocimiento, de bienestar material, de justicia social, de inclusión, de oportunidades y de libertad cultural (Preámbulo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, BOE de 23/03/2023). Objetivos con los que de la mano de Gregorio Peces Barba se fundó en 1989 la UC3M, y en la que para festejar sus primeros 10 años, el rector Peces Barba propuso adoptar el lema la pública diferencia para reivindicar el valor de la universidad pública y la calidad alcanzada en muy pocos años por la UC3M. Compromiso público con la excelencia que resalta la UC3M al informar que la Princesa de Asturias cursará Ciencias Políticas en la UC3M:

“La UC3M manifiesta su gran alegría y agradecimiento por el anuncio de que su Alteza Real la Princesa de Asturias curse el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid… Desde su creación en 1989, la Universidad Carlos III de Madrid se ha distinguido por una personalidad singular en el entorno universitario español prestando un servicio público de prestigio nacional e internacional comprometido con la libertad, la igualdad y el desarrollo sostenible. Su carácter público y de servicio a la sociedad se concreta en una oferta académica focalizada, un carácter innovador, su orientación a la investigación y su vocación internacional” (Comunicado de la UC3M, abril 2026)   

La opción de estudiar Derecho, Ciencias Políticas o cualquier otro grado universitario es sobre todo una decisión personal. Escoger una institución abierta a todos por igual es una buena noticia que redunda en favor del prestigio de la universidad española y resalta la confianza que se deposita en la autonomía de la universidad sin la cual no son posibles la libertad de enseñanza y la de creación científica y técnica.

(Eduardo Arroyo. Cartel X Aniversario de la Universidad Carlos III de Madrid. La pública diferencia. Edición de la Universidad Carlos III de Madrid. Colección particular.)

Sobre el autor:

José María de Luxán Meléndez es Doctor en Ciencia Política, Administrador Civil del Estado y Profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es Vocal Asesor del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ha sido Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Director de Organización y Recursos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid.

El pasado día 11 de marzo Benito Ramos impartió una conferencia con el título “América Latina y la Unión Europea: una alianza estratégica”.

El 14 de abril el INAP ha acogido una nueva conferencia organizada por AEINAPE bajo el título “Mayores con derechos: luchando contra el edadismo”

Lola Carrión Martín y Marisa Álvarez Durante abordaron cómo los estereotipos y los prejuicios asociados a la edad desembocan en prácticas discriminatorias que conculcan los derechos humanos de las personas mayores.

Marisa Álvarez Durante es Secretaria de Internacional y Edadismo de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Lola Carrión Martín es patrona de la Fundación HelpAge España. Esta organización tiene como misión la promoción y defensa de los derechos de las personas mayores. Forma parte de la red global HelpAge International, formada por 208 miembros de 99 países.

Moderó la sesión Consuelo Sánchez Naranjo, Secretaria de Estado de Función Pública, quien destacó la importancia de avanzar hacia unas administraciones públicas más inclusivas e intergeneracionales.

El edadismo es la discriminación que sufren las personas en razón de su edad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una de cada dos personas es edadista contra las personas mayores. El máximo exponente de esta discriminación es el maltrato del que son víctimas más del 17% de este colectivo, según datos de Naciones Unidas.

Las ponentes hicieron un repaso de las prácticas discriminatorias que se detectan en el ámbito laboral, sanitario, social, en el acceso a la vivienda y otros.

Para erradicar el edadismo y proteger los derechos de las personas mayores las ponentes formularon varias propuestas. Entre ellas, la defensa del sistema público de pensiones, la participación de las organizaciones de mayores en los consejos sectoriales y en las políticas públicas, así como la realización de campañas de sensibilización social.

Además, informaron de los trabajos que se están desarrollando actualmente en Naciones Unidas para aprobar una Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Se debatió asimismo sobre la conveniencia de promover en España una futura ley integral de protección de los derechos de las personas mayores.

Clausuró la sesión Consuelo Sánchez Naranjo, quien destacó la utilidad del debate desarrollado y su compromiso con las políticas de inclusión y participación de las personas mayores en la Administración Pública.

En primer lugar pudimos admirar la exposición titulada “Elegancia y Tradición—El Qipao y la Cultura Haipai”, consistente en una magnífica colección de qipaos, vestidos chinos tradicionales, que muestran la elegancia de la mujer china.

Originario del siglo XVII, inspirado en las holgadas túnicas manchúes durante la dinastía Qing, el qipao evolucionó posteriormente, influenciado por las modas occidentales, y en la primera mitad del siglo XX los modelos eran ya más entallados. Dotados de su característico cuello chino, están confeccionados en seda bordada –los más lujosos- o forrados y de lana los utilizados en invierno y, en vez de botones, se adornan con broches tejidos en forma de nudo.

En el patio pudimos ver los típicos farolillos de papel y las tiras de tela colgante de diferentes colores, cuyos nudos propician la suerte, el amor, la prosperidad, la paz de espíritu, etc. Allí nos obsequiaron con unos coloridos pañuelos.

Finalmente asistimos a un aula-taller, donde se nos proyectó un video explicativo de distintos aspectos de la cultura china: geografía, medicina, caligrafía, gastronomía, astronomía, etc. También se comentó el sistema de selección de altos funcionarios, que data del año 606 y ha pervivido hasta la actualidad, y que se basa en la realización de rigurosos exámenes, idénticos en todo el Imperio, que al igual que en nuestras oposiciones valoraban exclusivamente el mérito y la capacidad de los aspirantes, con independencia de su origen y clase social.