El edadismo, definido formalmente como el conjunto de estereotipos, prejuicios y discriminación basados exclusivamente en la edad cronológica, constituye una de las problemáticas sociales más invisibilizadas de nuestro siglo. La Organización Mundial de la Salud afirma de manera insistente que esta forma de discriminación opera en tres dimensiones fundamentales de la experiencia humana: en nuestra forma de pensar a través de estereotipos arraigados, en la forma de sentir mediante juicios anticipados o prejuicios, y en la forma de actuar de manera discriminatoria. Lejos de ser una actitud meramente externa, la OMS advierte que este fenómeno se manifiesta no solo con respecto a los demás, sino también hacia nosotros mismos. Este «edadismo internalizado» se convierte en un grave obstáculo, ya que provoca que las propias personas mayores asimilen los discursos paternalistas de la sociedad, dejen de exigir cambios estructurales y no denuncien las situaciones de abuso por creer erróneamente que son consecuencias naturales de cumplir años. Aunque es indiscutible que la discriminación por edad puede manifestarse sutil o expresamente en otros colectivos humanos, como los jóvenes que sufren sueldos más bajos por falta de experiencia o un trato condescendiente en los entornos laborales, en el colectivo de las personas mayores tiene una especial gravedad. Esto se debe a que reduce a un ser humano con una trayectoria vital completa a una mera cifra numérica, lo que provoca que toda la sociedad en su conjunto se empobrezca culturalmente, pierda talento acumulado y debilite de manera drástica su tejido social.

Ante la fuerte sensación actual de que existe una pérdida de derechos o una falta de respeto sistémica hacia los mayores, resulta esclarecedor hacer una referencia directa a la forma en que las civilizaciones clásicas concebían la vejez. En la Grecia clásica, si bien el papel de los ancianos difería en función de la Polis y su contexto social específico, existía una tendencia generalizada a otorgarles un profundo respeto y una sólida autoridad moral, fundamentada en el valor de su sabiduría, experiencia y prudencia. El ejemplo más contundente de este esquema se encontraba en Esparta, donde los ancianos desempeñaban un papel central en la gobernanza al formar parte de un influyente Consejo de veintiocho hombres mayores de sesenta años, el cual poseía una enorme influencia en la toma de decisiones políticas y judiciales. Para los espartanos, la vejez era considerada el símbolo máximo de la virtud, del valor probado y de la sabiduría del Estado. De igual manera, en Atenas los ancianos gozaban de un gran respeto comunitario y eran miembros del Areópago, un prestigioso Consejo que ostentaba altas funciones judiciales y de control moral. Esta valoración no se limitaba a la esfera pública; en el ámbito doméstico, la figura del «pater» familias mantenía una autoridad indiscutible sobre su casa, y los miembros más jóvenes de la comunidad solían consultar de manera regular a los mayores antes de tomar cualquier decisión de importancia. Asimismo, en la antigua Roma, aunque el papel exacto de los mayores variaba según su clase social, la vejez se asociaba directamente con los valores de la sabiduría, la experiencia acumulada y la autoridad moral.

Esta perspectiva histórica obliga a preguntarse qué ha ocurrido en la época actual, un momento en el que, paradójicamente, la humanidad dispone de mayores conocimientos técnicos, científicos y médicos para que exista la sensación generalizada de que las personas mayores son una «carga» para la sociedad. Hoy en día, cuando la longevidad hace posible que las personas mayores puedan ser aprovechadas como un plus para el desarrollo social y cuando las cohortes de edad a partir de los sesenta y cinco años son más numerosas que nunca, se está impidiendo de algún modo el respeto efectivo a los derechos humanos de este colectivo. Sorprendentemente, detrás de esta realidad parece detectarse un interés deliberado por parte de las fuerzas políticas de la derecha en provocar un enfrentamiento generacional de manera evidente. El propósito de esta estrategia resulta claro: evitar que haya una buena sintonía y una alianza estrecha entre los colectivos más afectados por el edadismo. Esta polarización artificial entre jóvenes y mayores solo beneficia a las clases más privilegiadas de la sociedad, debilitando la respuesta colectiva ante la pérdida de derechos, por lo que es preciso luchar con firmeza contra este mal social.

Para comprender el alcance real de esta discriminación, es necesario analizar el contexto demográfico actual, especialmente en el ámbito de España y Europa, donde el envejecimiento poblacional es un hecho bien conocido. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), si se mantienen las tendencias actuales, la población de sesenta y cinco y más años en España alcanzará en torno al treinta coma cinco por ciento hacia el año dos mil cincuenta y cinco. Esto significa que, en pocas décadas, casi una de cada tres personas será mayor. Este dato objetivo debería motivar un reconocimiento del papel central de los mayores en la vida social y económica; sin embargo, con frecuencia alimenta relatos alarmistas que señalan al colectivo como un factor de gasto y no como un potencial social. La evidencia empírica es clara y preocupante: una de cada dos personas en el mundo admite mantener actitudes edadistas frente a las personas mayores, lo que significa que prácticamente todos somos testigos o partícipes inconscientes de conductas que rebajan el valor de alguien por sus años. El edadismo no siempre se manifiesta a través de exclusiones explícitas o portazos, sino que a menudo susurra y cierra puertas a medias a través de una «amabilidad» que infantiliza y frases condescendientes como «ya no estás para esto», «para qué te vas a formar a tu edad» o «déjalo, es complicado».

Las manifestaciones concretas del edadismo se detectan con claridad en múltiples ámbitos de la vida diaria:

Ámbito sanitario: Persisten sesgos clínicos muy graves que subestiman los síntomas de las personas mayores bajo la justificación de que «es normal para su edad», retrasando diagnósticos médicos esenciales. Además, se produce la negación de tratamientos específicos basados en la edad cronológica y no en la situación funcional de la persona, una realidad sumamente cruda que ocurrió de manera evidente durante la Pandemia.

Ámbito laboral: Cumplir los cincuenta y cinco años se convierte en un filtro injusto que aumenta exponencialmente las dificultades para mantener el empleo o reincorporarse al mercado laboral en caso de perderlo. Se produce una falta de oportunidades de empleo o ascenso para mayores de cincuenta años y se manifiesta un rechazo no explícito hacia este colectivo en los procesos de selección, ignorando su formación y experiencia.

Ámbito financiero y de consumo: Las causas económicas del edadismo se traducen en la prohibición de contratar ciertos tipos de seguros, como los sanitarios, o en el encarecimiento exagerado de sus primas. Asimismo, se cancelan seguros de automóvil a partir de ciertas edades, se impide la compra financiada de los mismos o se niega de manera sistemática la concesión de créditos bancarios con total independencia de la excelente situación financiera o solvencia de los solicitantes.

Ámbito digital: El despliegue de una digitalización acelerada sin un diseño universal obligatorio genera trámites inaccesibles y barreras cognitivas insalvables. Esto viene acompañado de mensajes culpabilizadores que trasladan la responsabilidad a la persona mayor bajo la premisa de «si no te apañas con la app, el problema eres tú», cuando en realidad el problema es un servicio deficientemente diseñado.

Ámbito cotidiano y de comunicación: El edadismo se reproduce mediante chistes o comentarios peyorativos, la invisibilización de los mayores en la publicidad o en las decisiones sociales y la falta de representación en los ámbitos donde se toman las grandes determinaciones del país. Los medios de comunicación contribuyen activamente a perpetuar esta situación al mostrar una imagen negativa, estereotipada o ridiculizada de los mayores, o simplemente mediante la ausencia total de estos en las pantallas.

Las causas que generan el edadismo son variadas y complejas. Al margen de los factores de índole estrictamente económica y comercial, existen causas de carácter cultural y social profundamente arraigadas, entre las que destacan la idealización desmesurada de la juventud, el miedo inherente al envejecimiento y a la vulnerabilidad, y una alarmante falta de contacto intergeneracional en los espacios públicos y comunitarios. Las consecuencias de no frenar esta discriminación producen daños severos en varios planos. En el plano personal, el edadismo erosiona la autoestima, fomenta la inseguridad, provoca aislamiento social y eleva los índices de depresión o ansiedad entre los mayores. No se trata de un impacto meramente subjetivo; investigaciones clásicas de referencia demuestran que las personas mayores que mantienen creencias positivas sobre el envejecimiento viven más y mejor, llegando a registrar una media de siete coma cinco años más de longevidad que aquellas expuestas a estereotipos y creencias negativas. En el plano colectivo, la discriminación genera una inmensa pérdida de talento, experiencia y conocimiento táctico en el entorno de trabajo, eleva las brechas generacionales y fomenta un peligroso enfrentamiento social. Asimismo, en el plano socioeconómico, el mercado y las instituciones cometen el error de tratar a los mayores exclusivamente como un «gasto público», desaprovechando el motor que representa la llamada economía senior —su demanda y capacidad de consumo responsable, su potencial de emprendimiento— y silenciando el valor de su trabajo de cuidados, ese engranaje invisible que sostiene económicamente a familias enteras.

Para combatir el edadismo de forma integral, la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT (UJP-UGT) propone un plan de acción y una agenda con medidas concretas, realistas y evaluables estructurada en distintos niveles. A nivel individual, se hace un llamamiento urgente a revisar nuestros propios prejuicios, valorar la diversidad de las edades en nuestro entorno y fomentar de manera activa el respeto intergeneracional cotidiano. A nivel institucional, se exige el diseño de políticas públicas de inclusión por edad, programas específicos de empleo adaptados tanto para adultos mayores como para jóvenes, y educación formal sobre envejecimiento y juventud. Un ejemplo de buenas prácticas que ya realizan algunas empresas son los programas de mentoría inversa, un formato de diversidad generacional donde los jóvenes capacitan a los mayores en el uso de herramientas tecnológicas y las personas mayores guían a los jóvenes aportando su experiencia y conocimiento del negocio.

En el ámbito de las políticas públicas y la legislación, es fundamental aprobar una Ley específica integral que incluya la edad como una categoría protegida en todos los ámbitos esenciales de la vida, tales como el trabajo, la seguridad social, la salud, la vivienda y el sector financiero, dotada de mecanismos efectivos de denuncia y sanción. De igual manera, se propone la aprobación de una Estrategia Nacional para personas mayores y envejecimiento que incluya la lucha contra el edadismo mediante la fijación de objetivos medibles, como la reducción del desempleo senior, la mejora de la percepción social y la inclusión tecnológica. Para poder evaluar de forma continua los avances y diseñar políticas efectivas, resulta indispensable recoger datos desglosados por edad en todos los indicadores sociales, laborales y sanitarios, visibilizando así las discriminaciones estructurales que hoy permanecen ocultas.

En materia de empleo y economía, la agenda de la UJP-UGT exige la aplicación del currículum ciego por edad en los procesos de selección y la prohibición efectiva de anuncios de trabajo que fijen topes de edad, salvo causas objetivas. Se deben implementar políticas de empleo inclusivas acompañadas de incentivos fiscales y bonificaciones a las empresas que mantengan a sus trabajadores mayores, junto con la creación de bonos de formación y fórmulas de flexibilización de la jornada laboral o contratos de relevo bien diseñados. Asimismo, se demanda el establecimiento de programas de formación interna obligatorios para el personal de mayor edad en materia de digitalización y nuevas tecnologías, reconociendo el derecho exigible a la recualificación a lo largo de la vida mediante microcredenciales, e instituyendo el sello «Empresa Amiga de las Personas Mayores» con criterios auditables en igualdad y aprendizaje.

En lo que respecta a la Administración Pública y los servicios esenciales, se propone la inclusión de una cláusula antiedadismo en toda la contratación pública, otorgando puntos extra a aquellos proveedores que acrediten buenas prácticas de accesibilidad y empleo con mayores. Al igual que ocurre con el enfoque de género, se exige evaluar el impacto de edad *ex ante* de cada nueva ley o norma antes de su aplicación, analizando posibles efectos discriminatorios. Para frenar la exclusión digital, se debe garantizar por ley la existencia de ventanillas humanas de atención presencial y líneas de atención humana obligatorias en servicios públicos y privados esenciales, protegiendo el derecho del ciudadano a elegir la alternativa analógica en trámites críticos financieros, sanitarios o de solicitud de ayudas. Los servicios públicos deben incorporar adaptaciones de accesibilidad física y tecnológica, utilizar un lenguaje claro, formularios comprensibles, lectura fácil y tipografías legibles que pasen por pruebas de uso con personas mayores antes de lanzar cualquier plataforma.

En el plano asistencial, sanitario y comunitario, la agenda demanda que las decisiones clínicas se centren estrictamente en la situación funcional y la preferencia informada de la persona, integrando escalas de fragilidad y comités de ética asistencial en lugar de basarse en la edad cronológica, lo que requiere una formación profunda en sesgos de edad para todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios. Es urgente difundir un glosario de lenguaje inclusivo que elimine por completo la infantilización y el trato paternalista de los mayores en los entornos sanitarios, de servicios sociales y en los medios de comunicación. Para mitigar el aislamiento, se propone financiar servicios públicos de acompañamiento, programas comunitarios de envejecimiento activo y un plan estatal contra la soledad no deseada articulado mediante la prescripción social en atención primaria y redes vecinales de convivencia. De forma prioritaria, se exige la protección frente al maltrato mediante el establecimiento de canales públicos seguros y confidenciales que permitan denunciar de manera efectiva abusos contra las personas mayores, abarcando la violencia psicológica, la negligencia de cuidados o el abuso de carácter económico.

La implementación de estas medidas se enfrenta a importantes obstáculos y desafíos del entorno actual, entre los que destacan las fuertes resistencias culturales e ideas arraigadas sobre «lo que pueden o no pueden hacer» las personas de edad avanzada, la escasez de recursos financieros o presupuestos limitados para adaptar infraestructuras y servicios, y la fragmentación administrativa entre las competencias nacionales, autonómicas y locales que dificulta una acción coordinada. A esto se suma la dificultad técnica de medir el impacto debido a la falta de datos e indicadores adecuados, así como el propio edadismo internalizado que frena la exigencia de cambios por parte de las propias víctimas. Para superar estas barreras, la UJP-UGT asume un papel activo que va más allá de la mera descripción del problema; su compromiso sindical inmediato se resume en tres líneas de acción: escuchar a cada persona mayor en su diversidad de trayectorias, proponer medidas concretas con costes y beneficios explícitos en las mesas de diálogo social, y movilizar propuestas mediante alianzas y presencia territorial. Entre sus actuaciones inmediatas, el sindicato promoverá el sello UJP-UGT de «entorno amigable» para empresas y administraciones, impulsará acuerdos con ayuntamientos para extender el marco de ciudades amigables con metas medibles y creará un Observatorio del Edadismo en el ámbito laboral, sanitario y digital que sirva para la recogida de casos, informes periódicos y herramientas de denuncia y asesoramiento jurídico para cualquier afiliado que sufra discriminación por edad.

A nivel metodológico e institucional, se propone establecer un plan de acción nacional con metas claras, plazos, responsables y presupuestos definidos, fomentando alianzas participativas entre la Administración, el sector privado, las ONG y las propias asociaciones de personas mayores para diseñar las medidas de forma conjunta. Se debe financiar y promover investigaciones y encuestas periódicas que midan la percepción social, la brecha digital y el desempleo senior, incluyendo la dimensión del edadismo de manera interseccional en las políticas de igualdad ya existentes de género y discapacidad, realizando un seguimiento continuo y fomentando ejemplos visibles de buenas prácticas en ciudades amigables, empresas modelos y medios de comunicación ejemplares.

Sin embargo, para consolidar de forma efectiva todas las medidas anteriores, resulta indispensable que se apruebe una legislación vinculante a nivel internacional. Es un hecho que ha habido intentos previos de aprobar una directiva europea de igualdad, la cual se encuentra actualmente congelada debido a la inexistencia de una legislación de rango superior que le otorgue cobertura. Por este motivo, la prioridad absoluta debe ser la aprobación de una Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores, una tarea para la cual ya se ha constituido un grupo de trabajo específico en las Naciones Unidas. El establecimiento de este paraguas legislativo internacional facilitará el desbloqueo y avance de la directiva europea y, sobre todo, servirá de base directa para que cada país pueda tramitar y aprobar una ley interna de protección de los derechos de las personas mayores. Esta norma, concebida como una ley código integral y similar a la ley de igualdad entre mujeres y hombres que fue pionera en su día, permitirá coordinar todo el marco de protección, favorecer la igualdad de trato y construir una sociedad verdaderamente justa e inclusiva.

En conclusión, el edadismo no responde a una ley inamovible de la naturaleza, sino que constituye una construcción cultural susceptible de ser modificada mediante el compromiso político y social. Esta discriminación no solo afecta los principios fundamentales de la justicia social, sino que compromete de forma directa la sostenibilidad demográfica, económica y social de todos los países que cuentan con poblaciones envejecidas. Combatirlo con éxito requiere la adopción de medidas múltiples, intersectoriales, financiadas y sostenibles en el tiempo, involucrando a las personas mayores como agentes activos del cambio y no meramente como receptoras pasivas de políticas asistenciales. Es imperativo impulsar un cambio cultural profundo que valore todas las etapas de la vida como parte del ciclo vital continuo, reconociendo la inmensa riqueza de la diversidad generacional. Las personas mayores no representan el pasado de la nación, sino un presente activo que sostiene, cuida, trabaja y financia de forma invisible el bienestar colectivo. El colectivo no solicita favores ni condescendencia; exige el respeto pleno a su existencia y el ejercicio de todos sus derechos ciudadanos, reclamando que se escuche su voz y participar directamente en la toma de decisiones sobre todo aquello que le afecta. Si en las civilizaciones de la antigua Grecia y Roma los mayores participaban y decidían en los puestos políticos y jurídicos más relevantes del Estado, las personas mayores de hoy exigen legítimamente estar presentes y formar parte activa de las instituciones contemporáneas que tienen la competencia para garantizar sus derechos, asumiendo que respetar la edad es respetar la vida misma y que lo que se construya hoy será la única garantía de nuestra propia dignidad mañana.

Sobre la autora:

Maria Luisa Alvarez Durante es actualmente Secretaria de Internacional y Edadismo de la UJP-UGT.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas, ocupó entre otros puestos la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Ha sido Portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y Secretaria General y responsable de Políticas de Igualdad en la FIIAPP (Federación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas).

Es Vocal del Consejo Directivo de AEINAPE.

La sorpresa y preocupación que genera la emergencia producida por dos sismos sucesivos (7,2 y 7,5) en diversos estados de Venezuela, incluyendo Caracas, y especialmente en La Guaira, impulsa a recordar que los Estados deben poner en marcha actuaciones ineludibles de inmediato, así como recordar que otras deberían haberse adoptado con anterioridad.  Se imponen medidas importantes por parte de los poderes públicos venezolanos, de la cooperación internacional y de la población que conviene recordar, aunque su difusión pueda ser reiterativa. Las crisis motivadas por emergencias son frecuentemente impredecibles, pero pueden de alguna manera paliarse con actuaciones coordinadas de los poderes públicos, de la población y de la cooperación internacional.

Las principales actuaciones de las instituciones se relacionan con la existencia de canales de información, frecuentemente insuficientes, y que habitualmente se colapsan por el incremento del tráfico de llamadas, así como por los daños en las infraestructuras de comunicación. Las medidas adoptadas por las compañías de telefonía ofreciendo temporalmente sus servicios de forma gratuita pueden ser efectivas, pero ha de llamarse la atención también a la población para que realice sólo las comunicaciones imprescindibles pues en caso contrario la generación del colapso está garantizada. La prioridad debe ser para los servicios de emergencia, médicos y de seguridad con el fin de garantizar que la población pueda pronto volver a la normalidad. En momentos de crisis es cuando puede observarse la fortaleza de los gobernantes y las instituciones, pues es cuando efectivamente son más necesarios para los ciudadanos. Todos los gobiernos en todos los países tienen dificultades y crisis de mayor o menor entidad, pero lo que define la buena gobernación es precisamente la manera exitosa de paliar la crisis.

La experiencia señala que es sumamente importante que las emergencias estén planificadas dentro de lo posible, pues no puede saberse totalmente su intensidad o extensión. Para ello, la planificación en tiempos de tranquilidad es fundamental, de manera que ocurrida la emergencia los servicios de protección civil, emergencia y seguridad se pongan inmediatamente en funcionamiento. Aunque los planes de las emergencias frecuentemente se ven desbordados por la realidad, es imprescindible la actuación inmediata, que irá paliando dentro de sus posibilidades las dificultades que han sobrevenido para la población.

La ayuda internacional que llega en las emergencias debe ser cuidadosamente gerenciada. La encomiable voluntad de los países de ayudar después de la tragedia, frecuentemente se traduce en el envío de materiales no especialmente necesarios.

Por eso es esencial que los países pregunten sobre las necesidades puesto que en caso contrario pueden generarse más dificultades que ayudas necesarias. No son extraños los casos en los que se envían ropas de abrigo a países tropicales o millares de pares de zapatos o ropa que exigen multitud de colaboradores parea su clasificación y distribución. Igualmente, los equipos de rescate deben ser especialmente solicitados pues exigen una infraestructura de alimentación y alojamiento que en muchos casos no existen.

Los sismos revelan de nuevo al menos dos aspectos. El primero es que la técnica actual, aunque muy avanzada y en progresión constante, no logra adelantarse suficientemente al hecho sísmico que genera decenas, centenares y en ocasiones miles de muertos. Por esta razón, conviene tener en cuenta que la población debe estar especialmente educada, realizando de forma sistemática simulacros de evacuación que les acostumbren a realizar rutinas imprescindibles como demuestran las autoridades mexicanas, con ocasión de la celebración de reuniones internacionales o en el interior de las empresas y organismos oficiales. Además, Japón ha puesto de manifiesto certeramente que la obligación de construir los edificios con normas de edificación especialmente exigentes salva muchas vidas al lograr que sismos de alta intensidad tengan repercusión escasa en los edificios y por lo tanto en las vidas humanas, al contrario de lo que ocurre en los países menos desarrollados, donde las construcciones de los edificios e infraestructuras son más débiles.

Por eso, vienen a la memoria las palabras de Rousseau sobre el terremoto de Lisboa, cuando pone de manifiesto que “la naturaleza no construyó allí 20.000 casas de seis a siete pisos… si los habitantes de esta gran ciudad hubieran vivido menos hacinados… los estragos del terremoto hubieran sido menores, o quizá inexistentes (Rousseau, 1755).

En fin, ante las dificultades de la naturaleza, probablemente acentuados por el cambio climático, los Estados han de prepararse mediante la planificación y la educación ciudadana, conscientes de que, en distinto grado de probabilidad, los desastres naturales pueden ocurrir.

Sobre el autor:

Francisco Velázquez ha sido Secretario General para la Administración Pública del Gobierno de España y Secretario General del CLAD. Ha sido también Director General de Protección Civil y Emergencias.

@fjvelazquez.bsky.social

Los conflictos sociales tradicionales en los países, que enfrentaban a los colectivos, clases o grupos de personas con el Estado o con los más poderosos, están cambiando de forma acelerada. En los últimos tiempos, cierto estupor alcanza al observador que cada día se siente sorprendido por fuertes movilizaciones, no exentas de violencia, a causa de la victoria en la Champions League del club parisino PSG y protestas masivas especialmente violentas en Belfast, consecuencia de un asesinato de un ciudadano por un asilado de nacionalidad sudanesa.

La extrema derecha, especialmente por medio de Tommy Robinson y el tecno oligarca Elon Musk, parece aprovechar estas circunstancias. Lo constatamos si seguimos los acontecimientos del Reino Unido, donde los dirigentes contrarios al actual primer ministro Starmer, como Nigel Farage, azuzan las protestas, cargando las tintas sobre la emigración .En el Reino Unido las protestas han sido especialmente numerosas desde el asesinato en diciembre, del estudiante Henry Nowak a manos de un joven sij. Precisamente los movimientos de población que se están produciendo en los últimos años, como en otros momentos de la historia, parecen constituir la base de estas circunstancias, no exentas frecuentemente de violencia.

El asunto migratorio, generalmente un movimiento de los ciudadanos de los países más pobres hacia otros de mayor nivel económico, pero en ocasiones a causa de los conflictos bélicos, genera otro tipo de dificultades en los países de llegada del movimiento migratorio. La actuación del ICE (Servicio de control de inmigración y aduanas) en Estados Unidos ha generado dificultades políticas a la administración Trump a causa de su actuación violenta respecto a inmigrantes.

El gobierno de Trump ha detenido a unos 400.000 inmigrantes durante operaciones de control en el interior del país. Es una tendencia que parece extenderse y que tiene detractores y defensores, no siempre coincidentes con las tradicionales opciones políticas de izquierda y derecha. Un asunto en el centro de los que en estos momentos preocupan y ocupan a la Unión Europea, que está en el proceso de autorización de expulsión a terceros países de inmigrantes ilegales, a pesar de los fracasos del gobierno italiano de Giorgia Meloni. Es un síntoma de la reacción ante una cuestión que toca la fibra sensible tanto del temor de deterioro de servicios públicos sobrecargados como la irrupción de tradiciones, estilos de vida y valores diferentes.

León XIV afirma que hay que acoger a los que tienen necesidad y no excluirles de los derechos ciudadanos. Contradice por una parte a la cada vez más extendida idea entre los partidos de derecha europeos, ahora dominantes, que establecen en sus respectivos países normas limitadoras de derechos y medidas excluyentes. La propia Unión Europea ha establecido muy recientemente medidas que posibilitan el envío de migrantes a otros países, después de ser expulsados de la Unión. De hecho, en uno de sus discursos el Pontífice católico señaló: “Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad”.

La visita del Papa León XIV a España sugiere multitud de reflexiones que alcanzan al transcurrir de la vida cotidiana y, en especial, a la vida política y administrativa. De entrada podemos afirmar que la llamada al diálogo entre las fuerzas políticas, tan enfrentadas, constituye en si misma casi una sorpresa, después de años en los que las relaciones entre los dos principales partidos se definen a garrotazos, como escenifica el conocido cuadro atribuido a Goya. Los duelos a garrotazos suelen terminar mal para ambos contendientes.

Otra de las ideas que el Papa ha expuesto se refiere a la defensa del multilateralismo, esencial para la pervivencia de la paz internacional durante casi un siglo y menospreciado actualmente por la administración Trump. Como está demostrando el actual conflicto de Irán y la desatada actividad guerrera de Netanyahu, son necesarias instituciones internacionales que reúnan a los Estados y establezcan sistemas de convivencia y procedimientos que solucionen o intenten solucionar conflictos internacionales. La presencia de los cascos azules en el Líbano, con un fuerte contingente de militares europeos (italianos, franceses y españoles) donde han cumplido una labor importante de mediación y solución de conflictos, se muestra ahora como un obstáculo a la labor de ocupación de las tropas israelíes.

En buena medida, las democracias han fracasado en la gestión de los flujos migratorios por las llegadas irregulares y la incapacidad de deportar a quienes no tienen derecho. La continuación de este y otros fracasos del sistema genera tentaciones autoritarias que pueden vislumbrarse estudiando los resultados electorales de los últimos años. Los sistemas democráticos deben inevitablemente adoptar soluciones y normas comunes para mejorar la gestión de los procesos migratorios, que en buena medida son inevitables.

Sobre el autor:

Francisco Velázquez ha sido Secretario General para la Administración Pública del Gobierno de España y Secretario General del CLAD. Es autor de varias publicaciones: “El burócrata disruptivo”, “Gobernanza iberoamericana” y “El burócrata artificial”.

@fjvelazquez.bsky.social

LA DISCRIMINACIÓN POR SU EDAD DE LAS PERSONAS MAYORES

Según la OMS, son adultos mayores quienes tienen 60 y más años. En España, a finales de 2025, se registraban, de acuerdo con los datos del INE,13,4 millones personas en este grupo de edad. De ellas, más de 10 millones son mayores de 65 años, un 20,7% del conjunto de la población. Se trata, por tanto, de un colectivo con un peso sociodemográfico, político y económico importante y creciente, cuyos derechos humanos no deben ser invisibilizados.

El edadismo consiste en la discriminación de las personas en razón de su edad y, aunque puede afectar a otros grupos, por ejemplo, a los más jóvenes, son las personas mayores las que lo están sufriendo actualmente de forma más virulenta y silenciosa. Según la OMS, 1 de cada dos personas es edadista con los mayores.

Como otras formas de discriminación, el edadismo con las personas mayores se basa en estereotipos (cómo pensamos) y prejuicios (cómo sentimos), que etiquetan a los integrantes de este colectivo como personas improductivas, egoístas, frágiles, vulnerables e incapaces de tomar por sí mismas las decisiones que afectan a su vida cotidiana. En su versión más extrema, el edadismo se convierte en gerontofobia, un movimiento social que promueve la confrontación intergeneracional, presentando a quienes perciben una pensión pública de jubilación o reciben determinadas prestaciones sociales por su edad, como personas gravosas para la sociedad y privilegiadas frente a otros grupos más jóvenes, a quienes se atribuye la carga de sostenerlos en perjuicio de sus propios intereses.

Los estereotipos y prejuicios edadistas no reconocen la aportación a la sociedad y la diversidad de un colectivo muy extenso del que forman parte personas de edades y perfiles muy diferentes.  En términos sociosanitarios no es lo mismo tener 60 años que 90. Pero, además, en el proceso de envejecimiento de cada persona influyen, junto a su edad, otros muchos factores como la esperanza de vida de su país de residencia, su estatus económico y social, su nivel de estudios, su concreto estado de salud y su calidad de vida o sus relaciones sociales y actividades. Entre las personas mayores hay quienes siguen activos laboralmente, quienes gestionan su patrimonio personal o empresarial, quienes participan en los órganos de gobernanza de entidades financieras, empresas y administraciones públicas, quienes realizan tareas de voluntariado o quienes cuidan de otras personas aún más mayores o de menores.

El edadismo se concreta en prácticas discriminatorias e injustas, que afectan a la dignidad de los mayores y niegan su identidad individual, condicionando sus relaciones familiares, socioeconómicas y laborales. En el plano interpersonal, las personas mayores son víctimas con frecuencia de un lenguaje que las infantiliza, al tiempo que la publicidad las ridiculiza o las invisibiliza, confinándolas como posibles consumidoras únicamente al conjunto de bienes y servicios relacionados con los procesos de deterioro físico o cognitivo que suelen asociarse a la vejez.

En no pocas ocasiones, esta forma de discriminación es normalizada e interiorizada por las propias víctimas, que se acaban minusvalorando, autoexcluyendo o autolimitándose en sus actividades, sus relaciones o en su vida cotidiana.

Es, sin embargo, en el ámbito institucional, relativo a las políticas públicas y a la prestación de servicios públicos y privados, donde los españoles y españolas mayores perciben con más claridad la discriminación que padecen en razón de su edad. Así lo pone de manifiesto el Análisis de Impacto, según la Escala del Edadismo de la OMS, que la fundación HelpAge España ha realizado en nuestro país y que ha sido presentado en fechas recientes.

En este contexto, se relatan a continuación algunas de las prácticas discriminatorias más frecuentes en la vida cotidiana de las personas mayores.

1. Los derechos de las personas mayores no son siempre respetados en la atención sanitaria que reciben.

Las personas mayores se ven privadas, a menudo, de su derecho a la información médica o perciben cómo se cuestiona su libertad y su capacidad para adoptar decisiones sobre su propia salud. En ocasiones, el personal facultativo pide a las personas mayores que asistan a consulta acompañados de un familiar más joven, que es a quien se le solicita información sobre el estado de salud del mayor, se le facilita el diagnóstico, se le pide el consentimiento informado o se le requiere opinión sobre los posibles tratamientos. Con este trato, que invisibiliza y excluye al paciente mayor, el personal sanitario, posiblemente con buena intención, está conculcando el derecho a saber y a decidir de la persona mayor atendida.

Así mismo, los pacientes mayores son excluidos de numerosos programas públicos de promoción de salud y de cribado de enfermedades y su mayor edad es tenida en cuenta negativamente en el establecimiento de prioridades de atención en favor de personas más jóvenes. Estas prioridades de atención, en razón de la edad, afectan tanto a la confección de las listas de espera como al acceso de las personas mayores a urgencias, hospitalizaciones, ingreso en UVIs, UCIs, y unidades coronarias.

También suelen ser víctimas los mayores de un rechazo histórico para su inclusión inicial en los programas de diálisis crónica, para la prescripción de técnicas diagnósticas complejas (CT, SPECT, PET, RNM, algunas técnicas ecográficas, …) o para el acceso a determinadas formas de cardiología y técnicas de radiología intervencionista (pruebas angiográficas, punciones dirigidas, quimioterapia, etc. …)

Es posible que, algunas de estas limitaciones estén indicadas de acuerdo con el estado de salud de algunos pacientes mayores, pero, si es así, es imprescindible que se informe a cada mayor de las contraindicaciones y del riesgo/beneficio que puede comportar la realización de una determinada prueba diagnóstica o tratamiento, sin que se le niegue, a priori, el tratamiento correspondiente.

A estas prácticas discriminatorias, se suma un evidente déficit de geriatras. Según datos de la sociedad española de Geriatría y Gerontología, el Sistema Nacional de salud cuenta tan solo con 16 especialistas por cada 100.000 habitantes mayores de 75 años, con una implantación desigual de esta especialidad en las diferentes CC.AA. Un problema derivado de este déficit histórico es la polimedicación de las personas mayores y la ausencia de una atención sanitaria integral que aborde las posibles patologías relacionadas con la edad. Y si nos situamos en el ámbito de la sanidad privada, las personas mayores son rechazadas para la suscripción de pólizas sanitarias por la mayoría de las aseguradoras.

2. Más desempleo y desigualdad de trato de las personas mayores en el ámbito laboral.

La legislación española considera la jubilación como un derecho y no como una obligación, salvo en el caso de los empleados públicos, una excepción que también convendría revisar. Son los convenios colectivos y la práctica empresarial los que limitan la posibilidad de que quienes deseen o necesiten seguir trabajando al alcanzar los 60/65 años tengan todas las oportunidades para hacerlo.

Es un error, cometido con frecuencia, equiparar el concepto de mayor con el de persona jubilada. Hay personas que se jubilan antes de los 60 años. Otras siguen trabajando, por cuenta propia o ajena, más allá de los 70-75 años. Y, por supuesto, hay personas mayores que nunca se han incorporado al mercado laboral.

En este contexto, resulta especialmente preocupante el desempleo registrado en España entre los mayores de 50 años. Con casi 1.000.000 de personas en paro, los mayores representan el 29,26% del total de desempleados. Esta cifra se ha incrementado a pesar del aumento del empleo en general. Además, las tasas de paro de larga duración en la generación senior (55 y más) alcanzan cotas, dependiendo del sexo, próximas o superiores al 50%.

Es así mismo frecuente el despido de los trabajadores y trabajadoras más mayores cuando hay reducciones de plantilla, la contratación de personas mayores para puestos inferiores a su cualificación o su exclusión a efectos de promoción profesional o de formación.

Hay, sin duda, factores relacionados con los mayores costes salariales o con la posible desactualización de las capacidades que pueden explicar esta realidad. Pero hay también muchos prejuicios por parte de las empresas y de las administraciones públicas que consideran a priori menos productivas o capacitadas a las personas mayores.

Por último, la generación senior suele ser víctima de acoso laboral. A menudo, se les asignan objetivos más difíciles de alcanzar que los encomendados a otros trabajadores más jóvenes para el mismo puesto de trabajo y los empleados y empleadas más mayores suelen ser objeto de comentarios o insultos en su centro de trabajo, con el uso de expresiones como “está muy mayor”, “se ha quedado obsoleto”, “no se entera mucho” u otras similares.

3. La privacidad, la intimidad y otros derechos personalísimos de las personas mayores no están garantizados.

Las personas mayores no suelen disponer de espacios privados y seguros para el disfrute de la compañía e intimidad familiar, sin interferencias de terceras personas.  Esta falta de privacidad no resulta ajena al ámbito doméstico de los cuidados, pero es especialmente grave en las residencias y centros de día, en los que se comparten habitaciones o incluso se asea o se viste a las personas mayores a la vista de otros residentes o personas.

En esta misma línea, tampoco es respetado su derecho a la intimidad en el fin de la vida, de modo que, en muchos casos, la persona mayor no dispone en este trance de un entorno adecuado, que proteja su privacidad y promueva el respeto a sus necesidades espirituales y de comunicación con sus seres queridos.

Menos todavía se encuentra reconocido ni garantizado el ejercicio por las personas mayores de su derecho a la sexualidad. Las instituciones y familias no son conscientes de que la afectividad y la sexualidad son inherentes al ser humano en todas las etapas de su vida y, en consecuencia, no facilitan a las personas mayores un entorno privado que les permita expresar libremente su afectividad sin restricciones, promoviendo así un ambiente de inclusión y respeto.

En cuanto a los derechos digitales, ser mayor no equivale a ser analfabeto digital. Si hoy disfrutamos de un amplio abanico de TIC es porque la generación más mayor, desde finales de los años 60, impulsó la investigación en este campo. En el caso de España, ha sido también la generación senior la que, desde 1985, cuando estableció la primera conexión a internet en nuestro país, ha impulsado el proceso de modernización tecnológica de las empresas y de las Administraciones.

Es lamentable, por ello, que las estadísticas de Eurostat se limiten a dar información principalmente sobre la población entre 16 y 74 años y que no se haga el esfuerzo de ver, cómo a partir de los 75 años, pudieran afectar a las competencias digitales de las generaciones más longevas procesos que no tienen que ver con el analfabetismo digital sino con otros problemas de salud relacionados con la vejez.

Por otra parte, las limitaciones al derecho de acceso a las TIC de las personas mayores no siempre responden a lo que se viene denominando brecha digital. Muchas personas mayores se ven privadas por el personal que las asiste, tanto en los centros residenciales como en sus domicilios, de sus teléfonos móviles u otros dispositivos, con el pretexto de que se ponen nerviosas o se alteran sus rutinas. Estas limitaciones llegan en algunos casos al extremo de que sistemáticamente las llamadas telefónicas o los mensajes que recibe la persona mayor son atendidos por los y las cuidadoras.  Con ello, no solo se están mermando las habilidades tecnológicas de la persona mayor, sino también su derecho a la comunicación y a la privacidad de sus comunicaciones, aumentándose su sensación de asilamiento y de soledad no deseada.

Lo mismo ocurre con la falta de confidencialidad de los datos de carácter personal, especialmente los relativos a la salud, a los servicios financieros o a la vida personal de las personas mayores tanto en las residencias y centros de atención sanitaria como en sus domicilios y entornos. Esta situación no solo comporta una socialización indebida de los citados datos, sino también una mayor vulnerabilidad de los mayores ante fraudes o estafas u otros hechos delictivos.

La imposición a los mayores de una determinada imagen o de vestuario pensado para facilitar el aseo o la falta de consentimiento informado en los procedimientos médicos completan una realidad de vulneración de los derechos personalísimos de las personas mayores a la que se suman actitudes paternalistas o intrusivas en el trato por parte del personal de cuidados o de la propia familia que menoscaban su dignidad y merman su autoestima.

Por último, es de especial gravedad la ausencia de sistemas específicos de prevención y protección contra el maltrato y el abuso hacia las personas mayores, un déficit especialmente denunciable si tenemos en cuenta que una de cada seis personas mayores, según datos de Naciones Unidas, sufre maltrato.

4. Limitaciones al ejercicio del derecho de las personas mayores a decidir dónde y con quién vivir.   

El 82% de las personas entre 65 y 84 años prefiere vivir en su propio domicilio, pero esta opción no siempre es viable, especialmente para las personas con pensiones más bajas. Envejecer en casa cuando se precisa ayuda domestica o cuidados supone un coste que, en general no puede ser asumido por la persona mayor ni por su familia.

La pensión media de jubilación en España se sitúa en 2026 en 1.563 euros, según los datos oficiales, y si se incluye otro tipo de pensiones, esta cuantía baja a los 1.363 euros. Si ponemos en relación estas cuantías con el salario mínimo interprofesional, 1.221 euros, en catorce pagas, no es difícil comprender que la mayoría de las personas mayores, salvo que tengan ahorros o un patrimonio importante que vender o hipotecar, no estarán en condiciones de contratar una persona que les atienda o simplemente que les ayude con las tareas domésticas y, en consecuencia, no podrán elegir dónde y con quien quieren vivir y convivir. Además, aun cuando dispongan de una vivienda en propiedad, las obras para asegurar la accesibilidad y la movilidad acarrean costes adicionales, que tampoco pueden ser sufragados.

A la insuficiencia de las pensiones para sufragar los gastos de la vivienda y la contratación de alguien que les ayude, se suma un sistema de ayudas para la promoción de la autonomía personal que, además de lento, asocia las cuantías exclusivamente al grado de dependencia de las personas y que, en todo caso, no cubre más que una mínima parte del coste real de los cuidados (En Madrid, entre 313,50 y 747 euros para el máximo del grado III). Por ello, aunque estas ayudas constituyen un avance, no siempre es posible dar satisfacción con ellas al deseo de los mayores en situación de dependencia a permanecer en su domicilio y barrio habitual.

A esta situación se suma una legislación civil obsoleta que afecta muy negativamente a las personas mayores que enviudan y que ven como sus opciones de venta en nuda propiedad de su domicilio o la suscripción de una hipoteca inversa se ven condicionadas a la voluntad – y a veces a la necesidad- de los herederos del cónyuge fallecido, al menos en el sistema de régimen común, con excepción de la legislación aplicable en algunas Comunidades Autónomas que cuentan con legislación civil propia que permite testar en favor del cónyuge que enviude.

Hay, sin embargo, muchas medidas que se podrían implementar para respetar al máximo la libertad de elección de las personas mayores. Además de la revisión de la normativa, la búsqueda de nuevas formas de convivencia no debería dejarse exclusivamente a la iniciativa privada y se podrían establecer fórmulas de atención comunitaria y medidas fiscales o de seguridad social que minoraran los costes derivados de la contratación de personas que asistan y ayuden a las personas mayores para que puedan envejecer en su entorno.

5. Derechos de ciudadanía restringidos.

Las personas mayores no son escuchadas en la toma de decisiones públicas. Su participación está limitada, cuando existe, al ámbito de los servicios sociales. Sin embargo, son muchas las políticas públicas que afectan a su calidad de vida, sin que el colectivo esté representado en los consejos consultivos y para la participación de los correspondientes ámbitos sectoriales. Por consiguiente, sus necesidades y demandas no son tenidas en cuenta en cuestiones tan importantes como la movilidad, el impacto del cambio climático, el disfrute de una vivienda, la protección civil ante emergencias y catástrofes o la seguridad ciudadana. aun cuando las personas mayores se ven afectadas en mayor medida por asuntos como el cambio climático, la protección civil o la seguridad ciudadana.

Pero, hay también, otros derechos de ciudadanía que se ven restringidos. No puede ser, por ejemplo, que el D.N.I no sea susceptible de renovación a partir de los 70 y que la fecha de caducidad de los emitidos más recientemente con carácter permanente sea 9999. El DNI permanente parece encubrir el mensaje negativo subyacente de que o bien, en breve, la persona será incapaz de tramitar una nueva renovación, o bien de que, al faltarle pocos años para morirse, no merece la pena la renovación de su documento, lo que resulta devastador. Además, muchas personas mayores viajan y los sistemas de control para entrar en algunos países requieren una documentación personal con un periodo de vigencia de x meses de validez y no siempre reconocen esa fecha exótica del año 9999.

Lo mismo cabe decir de las limitaciones por edad para ser miembros de las mesas electorales.  Una cosa es que las personas puedan alegar su edad para eximirse del cumplimiento de este deber y otra muy diferente que quienes quieran formar parte de una mesa no puedan hacerlo, a partir de los 70 años.

También resultan cuestionables algunas limitaciones en materia de licencias para conducir que, en vez de evaluar la salud, se centran en la edad cuando no en el aspecto más o menos senil de las personas evaluadas por los centros gestores del carnet de conducir. Las personas mayores conductoras no son las que más causan más accidentes, según los datos de las aseguradoras, y cuando se ven involucradas. lo hacen sobre todo en calidad de peatones. Aplicando el criterio de la mayor fragilidad física de los mayores en caso de accidente, que es el propugnado por la DGT, llegaríamos al absurdo de tener que limitar también su movilidad como peatones en vez de como conductores, lo que nos conduciría al absurdo de que lo más seguro para la persona mayor es no salir de su casa. Los avances tecnológicos en los vehículos permiten, por otra parte, formas de conducción más amigables y seguras para todas las edades, algo que debería ser tenido en cuenta por los poderes públicos.

AVANCES Y PROPUESTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES.

La sociedad española y, en especial el colectivo de las personas de 60 y más años, está tomando cada vez más consciencia de la necesidad de poner fin al edadismo, promoviendo y protegiendo sus derechos. Las políticas para un envejecimiento activo y saludable, con ser convenientes, no sustituyen otras que deben estar orientadas al aseguramiento del ejercicio por las personas mayores de la totalidad de sus derechos y de una ciudadanía plena.

La aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que prohíbe la discriminación por edad como un posible factor de discriminación, constituye un paso muy importante en el camino hacia la mejor protección de los derechos humanos. Lo es también la creación de la Autoridad Independiente, a la que acudir en caso de discriminación.

Sin embargo, no es suficiente. A nivel internacional, constituye un paso muy positivo que se esté trabajando, con la participación de las personas mayores, en un grupo específico en el seno de las Naciones Unidas para la elaboración y aprobación de una Convención Internacional de derechos humanos de las personas mayores, como instrumento jurídico vinculante para requerir a los Estados una política activa para la promoción y protección de tales derechos.

Pero, además, España debería liderar la igualdad y no discriminación de las personas mayores en el ejercicio de sus derechos constitucionales, mediante la aprobación de una ley integral de protección de los derechos de las personas mayores. Esta ley debería configurarse como un instrumento jurídico de aplicación general. que limite al máximo los abusos y los malos tratos a los mayores y que permita pasar de un enfoque exclusivamente asistencial a otro más garantista que, además de cubrir este flanco, se centre en la protección de todos los derechos de las personas mayores. Este instrumento jurídico debería asegurar, así mismo, la inclusión en todas las políticas públicas la perspectiva de edad, de forma que las necesidades de las personas mayores sean atendidas y su voz sea escuchada.

Sin duda, hasta que esa ley llegue, es imprescindible seguir promoviendo iniciativas concretas para erradicar el edadismo y promover políticas públicas de promoción y protección de los derechos de las personas mayores. En esta línea, siguiendo el Análisis de impacto, según la escala del edadismo de la OMS, validada para nuestro país por HelpAge International España, resulta recomendable la adopción, entre otras, de las siguientes medidas que pueden ser adoptadas son las siguientes:

• Promover una imagen positiva del envejecimiento en los medios, en la publicidad y a través de la cultura.
• Revisar las políticas públicas sectoriales y la normativa vigente e impulsar las reformas pertinentes.
• Impulsar medidas de cuidado y apoyo comunitario para que las personas mayores puedan permanecer en su domicilio.
• Promover la educación a lo largo de la vida.
• Tratar el edadismo también como un problema de salud pública.
• Sensibilizar a edades tempranas, promoviendo la intergeneracionalidad.
• Favorecer la participación activa de las personas mayores en la toma de decisiones e Incluirlas en todos los órganos colegiados para la participación
• Reforzar la investigación y la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de edad.

En suma, las personas mayores cuentan y, en el futuro, van a contar aún más debido al incremento de la longevidad. Las personas mayores tienen derecho a tener derechos.

Sobre la autora:

Lola Carrión Martín es patrona de la Fundación HelpAge International España. Administradora Civil del Estado, ha sido Delegada del Gobierno en Madrid y Subsecretaria de Administraciones Públicas y de Cultura.

Por José María de Luxán Meléndez

La Princesa de Asturias estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

En un periodo en el que la ciencia y la universidad atraviesan una zona de gran turbulencia internacional y nacional, acosadas por una política de restricción económica y moral, el anuncio de que la Princesa de Asturias estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) es una buena noticia para la autonomía de la universidad y para la libertad que requieren la enseñanza y la creación científica y técnica.

LA EDUCACIÓN REGIA

España cuenta con muy pocos antecedentes en la educación de la princesa de Asturias, y tampoco con mucha experiencia en la preparación del príncipe de Asturias.  Hay que remontarse a Juan Escoiquiz, canónigo conservador, nombrado por Godoy instructor del príncipe  Fernando, o a los primeros años del príncipe Alfonso y en la actualidad al inmediato precedente de Felipe VI.

En la educación regia el impacto del cambio político ha sido de enorme trascendencia, altera el proyecto educativo, incorpora un nuevo cuadro de profesores y en definitiva modifica la orientación de la instrucción real. Esta transformación es muy relevante en el caso de Isabel II, cuya formación difiere significativamente en las regencias de María Cristina y de Espartero.

De la educación de la reina niña se encarga primero el tándem Cabo-Reluz y Ventosa, en la regencia de María Cristina, y con Espartero los progresistas Agustín de Argüelles, Juana de Vega, Francisco de Luxán y Rosario Weiss. El príncipe Alfonso en el exilio acude a instituciones educativas y de formación militar, estudió primero en el Theresianum de Viena y luego en la academia militar de Sandhurt, mientras que de la formación de Alfonso XIII se encargó el general Juan Loriga. El príncipe Juan Carlos, durante el franquismo, se incorpora a las academias militares y cursa en la Universidad de Madrid materias de Derecho y Economía.

ENSEÑANZA Y FORMACIÓN MILITAR

La continuidad entre el Príncipe Felipe y la Princesa de Asturias es una nota dominante en la educación de ambos príncipes. Continuidad que contrasta con los programas de formación individual que caracterizaban la educación regia del siglo XIX. Ahora en las etapas de enseñanza primaria y secundaria Felipe y Leonor acudieron a instituciones con programas escolares reglados. Los dos en Madrid en el mismo centro de enseñanza privada de élite. Y ambos para concluir la etapa secundaria fueron a un colegio también privado pero fuera de España. El príncipe Felipe en Canadá y la Princesa de Asturias completó el Bachillerato Internacional en el Reino Unido.

“Por último, es oportuno recordar que en las monarquías parlamentarias europeas es una tradición ampliamente observada y compartida que los futuros Jefes de Estado desarrollen una carrera militar y, en ese marco, reciban una formación de esa naturaleza, que varía según las características de cada país, además de la formación universitaria. Esta práctica se fundamenta en que, en la mayoría de los casos y en los términos y con el alcance previstos y regulados en los distintos textos constitucionales, se les atribuye el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Así lo hace nuestra propia Constitución.” (Comunicado de la casa de S.M. El Rey, 14 de marzo de 2023).

Continuidad que se extiende a un modelo de instrucción militar singular articulado en un programa de formación con un régimen específico inaugurado por el príncipe Juan Carlos, que combina la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia General del Aire y del Espacio. Formación militar que la Casa Real al informar sobre el Real Decreto por el que se regula la formación y carrera militar de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz (BOE 15/03/2023), consideró necesario comparar el programa de educación regia con la práctica de las monarquías parlamentarias.

LA PÚBLICA DIFERENCIA

En el ámbito universitario el programa de formación de la Princesa de Asturias presenta alguna singularidad. Como en el caso de su padre, Leonor acudirá a un grado oficial lo que les diferencia de la trayectoria universitaria del príncipe Juan Carlos que solo cursó algunas asignaturas de Derecho en la Universidad de Madrid (hoy UCM) siguiendo un camino inexplorado en España pero desbrozado en algunas monarquías parlamentarias, por ejemplo en la segunda mitad del XIX en el Reino Unido el príncipe Eduardo cursó estudios en Edimburgo, en Oxford y en Cambridge o el príncipe Gustavo Adolfo de Suecia en Uppsala.

El príncipe Felipe estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se licenció en Derecho, cursando también algunas asignaturas de Económicas y luego un Máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, una institución católica en Washington D.C.

Continuidad y discontinuidad. Al igual que sus padres la princesa Leonor opta por un grado oficial impartido en la universidad pública, financiada mayoritariamente por la administración educativa. Es relevante que a diferencia de otras monarquías parlamentarias, por primera vez los Reyes cuenten ambos con un grado universitario de una universidad pública de su país. Destaca que la Casa Real subraya que la vía de acceso a la universidad es la misma que para todos los que han cursado el Bachillerato Internacional en el extranjero. Es igualmente significativo que en el ámbito militar la regulación de los estudios específicos de la princesa de Asturias corresponda al Gobierno, mientras que en el universitario, la Casa de S.M. El Rey, al informar sobre los estudios universitarios de la Princesa Leonor, destaque que «el Rey ha informado al Presidente del Gobierno», y subraye que el anuncio no lo hace el jefe del Estado sino los Reyes, es decir sus padres, resaltando con ambas fórmulas  que se trata de una decisión que corresponde al ámbito privado de la Princesa, que no requiere refrendo gubernamental.

“Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026. La Princesa de Asturias ha superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión… Su Majestad el Rey ha informado al Presidente del Gobierno de este nuevo periodo de la formación académica…” (Comunicado de la casa de S.M. El Rey, 27 de abril de 2026).

La Universidad ha sido, es y debe ser fuente de conocimiento, de bienestar material, de justicia social, de inclusión, de oportunidades y de libertad cultural (Preámbulo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, BOE de 23/03/2023). Objetivos con los que de la mano de Gregorio Peces Barba se fundó en 1989 la UC3M, y en la que para festejar sus primeros 10 años, el rector Peces Barba propuso adoptar el lema la pública diferencia para reivindicar el valor de la universidad pública y la calidad alcanzada en muy pocos años por la UC3M. Compromiso público con la excelencia que resalta la UC3M al informar que la Princesa de Asturias cursará Ciencias Políticas en la UC3M:

“La UC3M manifiesta su gran alegría y agradecimiento por el anuncio de que su Alteza Real la Princesa de Asturias curse el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid… Desde su creación en 1989, la Universidad Carlos III de Madrid se ha distinguido por una personalidad singular en el entorno universitario español prestando un servicio público de prestigio nacional e internacional comprometido con la libertad, la igualdad y el desarrollo sostenible. Su carácter público y de servicio a la sociedad se concreta en una oferta académica focalizada, un carácter innovador, su orientación a la investigación y su vocación internacional” (Comunicado de la UC3M, abril 2026)   

La opción de estudiar Derecho, Ciencias Políticas o cualquier otro grado universitario es sobre todo una decisión personal. Escoger una institución abierta a todos por igual es una buena noticia que redunda en favor del prestigio de la universidad española y resalta la confianza que se deposita en la autonomía de la universidad sin la cual no son posibles la libertad de enseñanza y la de creación científica y técnica.

(Eduardo Arroyo. Cartel X Aniversario de la Universidad Carlos III de Madrid. La pública diferencia. Edición de la Universidad Carlos III de Madrid. Colección particular.)

Sobre el autor:

José María de Luxán Meléndez es Doctor en Ciencia Política, Administrador Civil del Estado y Profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es Vocal Asesor del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ha sido Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Director de Organización y Recursos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid.

Hoy, 8 de marzo, quiero rendir homenaje a una mujer singular que falleció este mismo día de hace 900 años: Urraca, reina de León y Castilla. Pasó a la Historia con el apodo de La Temeraria. Posiblemente de haber sido hombre, su denominación habría sido la Valiente, la Indomable, la Luchadora, etc. Pero era mujer, y además una mujer que no se resignó al papel de hija obediente, ni de esposa sumisa, ni de madre abnegada, ni de cristiana devota, ni de moneda de cambio al servicio de intereses políticos. Había heredado de su padre -Alfonso VI- el espíritu combativo, de su madre – Constanza de Borgoña-, la afición a la música y a la poesía, y de su tía –Urraca, reina de Zamora- el nombre, que aunque ahora lo asociamos con una especie de cuervo, en aquella época era muy corriente en Navarra, Rioja y Vizcaya. La palabra deriva del latín aurum (oro), en euskera urrea, con la terminación vasca del femenino –ka. Significa, por lo tanto, Aurea o Dorada. Y precisamente las urracas se llamaron así por su afición a los objetos brillantes. Sus primeras peleas infantiles comenzarían posiblemente con su hermanastra Teresa, hija de Jimena Muñoz, concubina del rey. Ambas niñas tenían la misma edad -13 años- cuando Alfonso, para conseguir apoyos en la lucha contra los almorávides, las casó con dos nobles francos primos de su esposa, Raimundo y Enrique de Borgoña y, para su dote, desgajó un gran territorio del noroeste del reino leonés y lo dividió en dos partes: el reino de Galicia para Raimundo y Urraca, y el condado de Portucale para Enrique y Teresa. Para su repoblamiento, ambos yernos trajeron campesinos e importaron vides de su tierra natal, así que gracias a ellos actualmente podemos disfrutar del albariño y el oporto. En el año 1109 falleció Alfonso VI. Como su único hijo varón, el joven Sancho, había también muerto un año antes en la batalla de Uclés, Urraca fue proclamada reina de León. Para entonces era ya viuda y tenía dos hijos –Sancha y Alfonso- y los grandes del reino, al frente de importantes facciones, se disputaban su mano. Para evitar enfrentamientos internos y conseguir aliados en la lucha contra los musulmanes, los nobles la presionaron para que contrajera segundas nupcias con el rey de Aragón, Alfonso I, el Batallador.

Si a pesar de ser una unión de conveniencia, hubiera existido entre los cónyuges, no amor pero al menos algo de respeto, este matrimonio habría significado la unión de la España cristiana casi 400 años antes de la boda de los Reyes Católicos, pero la realidad fue un auténtico desastre. Ella, poseedora de una refinada cultura y un carácter decidido. Él, violento y autoritario, criado en la rudeza de los caballeros templarios y, parece ser, más inclinado a los hombres que a las mujeres. Y además un maltratador de manual, tal como relata la propia reina: Me vi forzada a seguir la disposición y arbitrio de los grandes, casándome con el cruento, fantástico y tirano rey de Aragón. El cual, no sólo me deshonraba con torpes palabras sino que muchas veces mi rostro fue manchado por sus sucias manos y golpeado por su pie. Las peleas no fueron solo domésticas, sino que devinieron en una cruenta guerra civil, con las tropas aragonesas invadiendo tierras castellanas y la reina encerrada en una torre en tierras aragonesas. Finalmente el matrimonio, que no había tenido descendencia, fue anulado por el Papa Pascual II bajo pretexto de consanguinidad entre los cónyuges, por ser ambos descendientes de Sancho III de Navarra. Pero aún vendrían más guerras. En un juego de alianzas y contralianzas, Doña Urraca tuvo que luchar contra su hermana y su cuñado que querían convertir Portugal en reino independiente, con Diego Gelmírez, el todopoderoso arzobispo de Santiago de Compostela, con su propio hijo, Alfonso Raimúndez, que se había autoproclamado rey de Galicia y, por supuesto, con los almorávides. Ello sin descartar las revoluciones de los burgueses en Santiago y Sahagún.

En su vida sexual también fue una mujer rompedora. Tuvo como amantes reconocidos a los condes Gómez González y Don Pedro de Lara, con quien tuvo “fijos a furto”, con gran escándalo de los sectores clericales, que la acusaron de adúltera y la compararon con Jezabel, la malvada de la Biblia. También se le atribuyó el despojo de los tesoros de iglesias y monasterios, y describieron su muerte como un castigo divino, cuando en medio de un oficio religioso, en la Basílica de San Isidoro de León, “se le quebró el cuerpo por la mitad”. Los historiadores interpretan que sufrió un aborto, muy peligroso en su época sobre todo para una mujer de 44 años, y en muy grave estado fue trasladada al castillo de Saldaña donde falleció. Le sucedió en el trono su hijo, que pasó a la historia como Alfonso VII, el emperador. El desempeño de la labor política de la reina Urraca es actualmente objeto de controversia. Las crónicas oficiales, claramente negativas, carecen de imparcialidad por cuanto fueron escritas por sus enemigos y además están impregnadas del discurso misógino del Medievo: “Gobernó tiránica y mugerilmente”, porque “el ánimo de la mujer es débil y fácilmente se desorbita. Mejor es maldad en hombre que bondad en mujer”. Otras fuentes en cambio la describen como una gobernante enérgica y justa, muy preocupada por el bienestar de sus súbditos y muy querida por ellos. Ante estas contradicciones, estamos asistiendo a un revisionismo de su reinado mediante un análisis riguroso de las fuentes históricas. Lo que es indudable es que se trató de una mujer extraordinaria, inteligente y poderosa, consciente de su valía, decidida defensora de sus derechos dinásticos y, sobre todo, de su independencia como persona.

Cuando me dijo Paco Velazquez que hiciera una primera intervención, después de la suya, para romper el silencio liminal de todo inicio de acto, recordé que después de terminar Periodismo, y andando en búsqueda de posibles salidas ‘profesionales’ (a pesar de ser ya en aquellos momentos TAC, y trabajar a las órdenes de mi querido Jorge Souto en la esquina de Marqués de Valdeiglesias), un amigo, paisano y compañero de estudios de Filosofía y Letras, que con el tiempo ha llegado a ser un autor de renombre como novelista, Juan Madrid, que estaba a la sazón haciendo sus primeros pinitos periodísticos en el Grupo 16 como reportero free lance de sucesos, crónicas policiales y decesos, me propuso colaborar con él redactando obituarios. Nunca me gustaron las necrológicas; siempre me parecieron como un cheque en blanco para la hipérbole huera y forzada de las virtudes del finado en cuestión. En fin, un acto de cierto cinismo cultural y literario, salvándose las distancias a que hubiera lugar, que siempre habrá sin duda.

Pero en este caso, todo es diferente. Estamos aquí para celebrar un acto de homenaje a Juan Alarcón, con ocasión de su fallecimiento. Recalco que es una celebración porque celebrar es alabar o elogiar en público a alguien que lo merece, pero también es alegrarse, congratularse, complacerse. Festejar, en definitiva. En los rituales católicos de la muerte, el fallecimiento es un acto de alegría porque es el acto limial que nos pone en trance hacia la verdadera vida. No en valde, Cristo se presenta ante los hombres diciéndoles que Él es el camino, la verdad y la vida. También en los rituales paganos, se celebra la muerte con actos de alegría porque el finado por el acto de “dar” su espíritu pasa de ser algo corpóreo a convertirse en recuerdo, en memoria, de ahí que lo celebremos porque celebrar es también conmemoración, memorar con, recordar en común. Por eso, los humanos somos los únicos animales que enterramos a nuestros muertos, que celebramos la muerte, que recordamos a nuestros muertos [bueno, no quiero aparecer como un poco au-dessus de la mêlée, porque he leído hace un tiempo que también los elefantes entierran a sus crías fallecidas, y algunos otros animales, muy pocos; aunque son solo conjeturas que no desacreditan lo que digo].

En ese sentido podemos decir que la muerte se constituye en uno de los rasgos fundantes de nuestro ser como tales humanos. Y lo celebramos a todos los niveles, personales, grupales o colectivos y en todos los sentidos, religiosos, laicos, institucionales… De ahí que sea un gesto de dignidad, de ‘humanidad’ que la Academia nos haya reunido hoy aquí para homenajear y honrar la memoria de uno de los académicos fundadores y miembro de las primeras directivas de la misma. Nacimiento y muerte son así como los dos polos que limitan nuestra vida, el alfa y el omega de los clásicos, como cantaba Jorge Manrique en las “Coplas por la muerte de su padre”, “partimos cuando nascemos,/ andamos mientra vivimos,/ e llegamos al tiempo que fenecemos;/ así que cuando morimos, descansamos”. Y lo decía Cervantes, en el último capítulo de su obra inmortal: “Como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como la de don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba; porque, o ya fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido, o ya por la disposición del cielo, que así lo ordenaba, se le arraigó una calentura que le tuvo seis días en la cama (…) [hasta que] dio su espíritu: quiero decir que se murió”. Es, pues, una irrefutable certeza que todos morimos. El abuelo Dionisio, el alaricano socarrón, solía repetir que “novos morren moitos, mais vellos non queda ningún” (“jóvenes mueren muchos, pero viejos no queda ninguno”). Porque, en definitiva, acudiendo de nuevo a Jorge Manrique: “nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar,/ qu'es el morir”.

Y eso es inexorable. Si eso es así, si los hombres somos mortales por naturaleza, deberíamos ser los primeros interesados en aprender a convivir con la ‘sombra’ de la muerte pegada a nosotros, deberíamos ser los más preparados para la transición final, incluso que fuéramos mejor preparados para la muerte que para la vida, como le escribía en sus famosas ‘Epístolas’ Lucio Anneo Séneca a su amigo Lucillo, con ocasión de la muerte del hijo de éste, intentando consolarlo: “Hagamos que sea alegre el recuerdo de nuestros difuntos. Nadie vuelve con agrado a aquello en lo que no puede sin sufrimiento; igual que es preciso que también suceda esto: el nombre de los seres que hemos perdido y amábamos vendrá acompañado de una punzada, pero esta punzada tiene también un lado placentero.(…) Así pues, mi querido Lucilo actúa como conviene a tu equidad, deja de interpretar mal el obsequio de la fortuna: te lo ha arrebatado, pero te lo dio”. Por eso el maestro estoico del “vivere secundum naturae” termina aconsejando a Lucillo que “disfrute[mos] ávidamente de los amigos, puesto que es incierto cuanto tiempo podremos hacerlo”. En esa misma línea le recomendaba yo a Alejandra, en una de las conversaciones que en los últimos días hemos tenido, que leyera un librito tierno y reconfortante de una rabina francesa, Delphine Horvilleur, “Vivir con nuestros muertos”, que aconseja adoptar una actitud asertiva, positiva ante la muerte, procurando convertirla en una lección de vida. ¿Qué lección de vida nos deja nuestro amigo Juan?

No voy a hacer un panegírico de los cargos y logros profesionales de Juan, que ya otros se han encargado de poner en valor, y que él mismo ha relatado con minuciosidad en su “A modo de Memorias”, publicado en fascículos periódicos en la página web de administracidigital.com (AEINAPE) durante los últimos años, y que el propio Paco acaba de sintetizar en la introducción a este acto. No. Voy a fijarme en su faceta personal, en sus valores humanos, en aquellos que van a ser más recordados por su familia y por sus amigos y de los que su partida nos ha dejado más huérfanos. Bien lo sabía Manuel Garrido, cuando tuvo que despedir a un amigo que falleció en el Rocío y compuso para Los Amigos de Gines, la ‘famosa sevillana del adiós’: “Algo se muere en el alma / cuando un amigo se va / y va dejando una huella / que no se puede borrar“. Desde luego, esa huella no son los logros materiales o profesionales sino las cualidades humanas que rellenaron la convivencia de Juan con su familia, con sus amigos, con sus compañeros…, y que tras su adiós ha dejado una oquedad que pretendemos llenar con el recuerdo, porque es en el recuerdo donde habitan realmente nuestros queridos difuntos. Lo primero que resaltaba de Juan era su cercanía. Era una persona cercana, de ahí que se le conociera como Juanito, porque más allá de que sea una costumbre más o menos extendida en las regiones mediterráneas, el uso del diminutivo denota amabilidad y transmite cariño. Esa cercanía era la que se escondía detrás de su corpulenta campechanía y de su facilidad para las relaciones personales. Juanito era afectivo, entrañable, familiar. Sintió mucho la muerte de su hermano Antonio, dos años menor que él, y cuando falleció este en agosto de 2017, dijo de él que “era una persona honesta, trabajadora, valiente, simpática, generosa, participativa socialmente (…), no tenía enemigos y sus amigos lo eran de forma entrañable”. En esa breve descripción estaban retratándose los valores que el propio Juan encarnaba.

Juanito era mediterráneo, y como verdadero sureño, estoico y epicúreo a partes iguales, o en la combinación particular en la que cada cual conforma su personalidad (que los porcentajes tampoco son tan determinantes). Como estoico procuraba vivir según la naturaleza, a caballo de la naturaleza, o mejor traqueteado en la carriolé, cantando a lo Luis Mariano, ‘qué bien se siente al estar sacudido y golpeado, en el carro qué bien nos va, arriba y abajo, a pesar de los baches’, en la que se hacían los viajes desde la pedanía de El Palmar (de apenas seis o siete quilómetros) a Murcia o en la burra que les compró su padre para ir a diario a los Maristas. Con ese mismo estoicismo aceptaba su relación con los estudios, que siempre fue consciente que eran tensas y desiguales, pero que al final sabía sacar pecho a pesar de los magros resultados de algunas ocasiones. Así cuando aprobó el ingreso en el Alfonso X, reconoció “que no sabía cómo”, y cuando inició los estudios de derecho se llenó de buenos propósitos, reconociendo que era “consciente de la irregularidad de sus estudios” y al terminar un buen primer curso de universidad, reconoció que “el resultado fue espléndido y con esos resultados di[ó] por superados mis complejos de inferioridad en materia de educación”.

Pero cuando su padre no aceptó los fervorosos propósitos para estudiar en Madrid, “perdí[ó] el interés por dedicarme[se] exclusivamente al estudio”. Y decidió pasar al activismo. Había descubierto su verdadera naturaleza. Juan ha sido un hombre de acción, en el fondo y en la forma. En la forma porque era directo, tan directo que a veces no contaba ni tres para decir o actuar. Hay una anécdota que lo retrata bien: cuando era Director del PMM, subió una vez al famoso ascensor circular movido por poleas y de puertas abiertas que funcionaba con un letrero que decía: “No hay peligro de accidente”, pero que, debido al clima de conflictividad laboral que se vivía en aquellos momento en la empresa, alguien debió manipular borrando el ‘no’ inicial para dejarlo en “Hay peligro de accidente” poco antes de que Juan se subiera al elevador. Al ver el letrero, ni corto ni perezoso se lanzó fuera del mismo en plena marcha lesionándose un tobillo. O en aquella otra ocasión, después de aprobar la oposición de TAC, que tanto esfuerzo le había costado y de la que se sentía tan orgulloso, haciendo el Cuso de perfeccionamiento, entre clase y clase, se le ocurrió fabricar una pelota de papel y ponerse a jugar en el amplio pasillo del primer piso del claustro alcalaíno con unos compañeros que estuvo a punto de provocar un incidente de mayores y graves consecuencias. Así de directo era Juan. Pero su activismo era ontológico. Por eso, cuando aprobó la oposición a la quinta intentona lo saludó como un “éxito colosal”, consciente de que había encontrado su camino.

Resolvió el dilema que le inquietaba en el fondo: o tesis y docencia universitaria con el catedrático Rodrigo Fernández-Carvajal o gestión administrativa. Eligió la gestión pública, declinando los cantos de sirena de la docencia con los que le apremiaba el profesor al que contestó que: “se lo agradecía pero que dado que se me había abierto la puerta de la Administración, iba a seguir esta vía, donde creía que podía aportar más para la transición que se avecinaba, que encerrándome de nuevo en la preparación de la tesis. Ahí acabaron mis contactos con el maestro”. Pero aun así y todo, me vais a permitir que os diga que a pesar de estar como pez en el agua en la gestión pública, la verdadera vocación de Juanito (no sé si me equivoco, Alejandra, tú me dirás, que tú sí que lo conocías a fondo), su verdadera vocación era la de activista social, activista cultural, lo que podríamos llamar hoy ‘emprendedor social’. Así hay que entender su dedicación a USTAC-USO, su actividad en la Asociación Profesional de los TAC, su actuación impulsando las actividades de AEINAPE, su magnífica actividad al frente de la ACPAMAN -en la que por cierto formaba un eficiente y arrollador tándem contigo- , la vinculación con esta Academia, o su última empresa sociocultural, ya retirado, de las Tertulias de la Asomada de El Palmar.

Pero dije antes que como mediterráneo era bastante epicúreo, era en el amplio sentido de la palabra un disfrutón de la vida. Le gustaba comer bien, y lo hacía en abundancia. No conozco Autobiografía o Memoria, y confieso que he leído algunas, en que el autor incluya dos capítulos para hablar de “Mis restaurantes preferidos”. Juanito lo hizo en sus Memorias. Y, como anécdota, haré mención de las comidas periódicas que un grupo de amigos, algunos aquí presente, los llamados “Pitufos”, venimos celebrando desde hace varias décadas, en las que el mesero ponía un impresionante postre mixto al que denominábamos ‘un Alarcón’, que no todos podíamos con él por lo que había la opción de tomar un ‘medio Alarcón’ (para el que también se precisaba tener buen saque para abordarlo). Incansable conversador, no regateaba tiempo para estar con los amigos y compañeros. Esta potencial y vitalista persona es la que acabamos de perder. Nos consuela saber que como cantaba su admirado Joan Manuel Serrat, será más fácil que desde La Zenia, donde la parca ha ido a buscarlo será más fácil que se pueda “empuja[r]d al mar mi barca con un levante otoñal y deja[r]d que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo”.

No sé, amigo Juanito, si entre las innumerables piezas de la colección de tu querido MAN habrá algún psicopompo en forma de Hermes o de Mercurio alado, o de Anubis con cabeza de chacal (seguro que en la vasta colección de arte egipcio habrá alguno escondido que tu conocieras de sobra), que te acompañe, que te guie en tu viaje terminal; o incluso es posible que tu querido y admirado Viejo Profesor, Enrique Tierno, desde la paz del más allá se preste a ser tu psicopompo para guiarte a tu morada final en el mundo sin límite del que habla el poeta chileno José Donoso e incluso -en un rasgo de generosidad celestial- te ceda el epitafio que él deseó como epítome de su propia vida, como le confesó al cuerdo Jesús Quintero, el Loco de la Colina, en una celebrada entrevista cuando era Alcalde de Madrid: “AQUÍ YACE UN HOMBRE QUE HIZO CUANTO PUDO POR SER HONRADO”. Quiero terminar con la última palabra del Quijote: querido amigo Juanito, vale. Que te vaya bien.

(Discurso leído por Félix Muriel Rodríguez en la Academia Española de Administración Pública. Madrid 26 de febrero de 2026)

El que aquí suscribe -uno más de entre los innumerables turistas que pululan por esos mundo- tiene la sensación de que los últimos tiempos no son propicios para la lírica en lo que se refiere precisamente a la práctica del Turismo-entendiendo por tal, y la aclaración resulta pertinente, el viaje de placer, práctica que-se ha universalizado – representando el Turismo el 3% del PIB global- en el escenario de una globalización a la que tanto y por tantos, con distintas lecturas, se apela. En efecto, se aprecia un malestar, un notorio descontento en gentes de varias ciudades españolas, en verdad muy visitadas, a propósito de un Turismo masificado y así se han celebrado, por tal motivo, tanto en 2024 como en lo que llevamos de 2025, marchas multitudinarias ( y se anuncian otras en algunos enclaves europeos) bajo el lema de “Basta” y con slogans en las pancartas tales como el de “Tourist go home”. En esa línea, y, en concreto, en la última de las manifestaciones de la que el que esto firma ha tenido noticia y que ha acontecido en Gran Canaria el pasado mes de mayo, se han denunciado por los manifestantes las consecuencias negativas de la saturación turística consistentes en todo un muestrario de estragos sociales, ecológicos y culturales y que se materializan en atascos; en inasumibles precios en el alquiler de viviendas; en la insuficiencia de hábitats sociales y en la práctica imposibilidad de acceso a la vivienda sin protección oficial; en vertidos sin depurar al mar, con el consiguiente cierre de las playas afectadas; en cortes en el suministro de agua; en déficits en servicios públicos fundamentales, y, como colofón, en la fallida distribución de la riqueza originada por el Turismo, que es componente decisivo del PIB del Archipiélago canario (el Turismo aporta de forma directa al PIB canario el 37% del mismo y, de forma indirecta, alcanza el 70%) lo que se traduce en un cuadro de salarios bajos en el Sector, y en el hecho de que en Canarias un porcentaje superior al 30% de la población se halle en riesgo de pobreza y de exclusión social. Toda esta “movida” de la población canaria, de alguna manera, venía a resumirse en una frase recogida en las pancartas: “Turismo de masas, pobreza en las casas”.

Y, claro está, a uno, simple peatón de la Historia y un turista más, pero que antes que eso tiene la condición de ciudadano, le inquietan, en primer término, las consecuencias negativas derivadas de la masificación del Turismo y, en segundo lugar, que se pueda desembocar, como puntualmente ha sucedido, al calor de las protestas, en episodios desagradables y rechazables de “turismofobia”, a padecer por los turistas, y que se vaya extendiendo la peligrosa especie en la población de que Turismo es como llamamos a viajar cuando lo hacen los demás, ya que nosotros viajamos.

UNA SOMERA INCURSIÓN EN EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN EL ESPACIO EUROPEO

Con la pretensión de poner distancia con el “climax” antes descrito, intentando abordar con algún fundamento la trayectoria del Turismo, puede ser oportuno referirse a los orígenes del mismo en nuestro Continente, orígenes que, por fijar su “momentum”, serían los viajes del “Grand Tour”, viajes de formación y de placer llevados a cabo a partir del siglo XVIII y que estuvieron reservados a los vástagos de las élites que dominaban en aquellas calendas el ámbito europeo, consistiendo básicamente aquellos en transitar por los restos de la Roma Antigua y el espacio italiano renacentista, y, asimismo, por las secuelas de la Grecia clásica. El caso es que durante el siglo XIX se fue incrementando paulatinamente la cifra de viajes de placer disfrutados por las élites burguesas hasta que en la pasada centuria se operó ya una transformación del Turismo debida, simplificando, a dos hechos. De una parte, se produjo una suerte de apertura de puertas a una cierta generalización ( “democratización”, según algunos) en el acceso de las gentes al Turismo, lo que vino, sin duda, facilitado por la previsión en Ley para los trabajadores de los días de descanso obligatorio y del derecho a unas vacaciones anuales retribuidas, al igual que por la aparición en escena, valga la expresión, de pensionistas con aceptables pensiones y con mucho tiempo libre -importantes conquistas sociales alcanzadas gracias al movimiento obrero-,comportando ello, en fin de cuentas, el reconocimiento del ocio, y la posibilidad de su disfrute por “los de abajo” pudiendo así permitirse éstos, en no pocos casos, realizar viajes de placer. Y, de otra parte, se vino a considerar, lo que supuso una decisiva decisión, la actividad turística desde una perspectiva empresarial conformándose de esta manera la industria turística y, en definitiva, el Sector turístico. Pues bien: en ese panorama la industria turística, ya plenamente consolidada en este siglo XXI y amparada en los relevantes avances alcanzados a partir de la revolución industrial en infraestructuras y en comunicaciones (léase el transporte de viajeros en barcos, en trenes, en vehículos de tracción mecánica con el soporte de mejoras sustanciales de las carreteras, y en aviones) ideó, para fabricar masas de usuarios de viajes lúdicos los viajes organizados, colectivos, que han, literalmente, arrasado y que, dirigidos a potenciales clientes, venían a formular ofertas basadas en un “todo lo damos hecho”, lo que conllevaba facilitarle sobremanera la vida al turista, ya que el ejercicio de tal condición no es siempre placentero. Se ofrecía, por otra parte, a los viajeros en grupo y a los “singles” la posibilidad de coincidir en la misma experiencia turística y es que para estos últimos no poder compartir una escapada podía constituir un serio impedimento para viajar, debiéndose agregar a ello el reclamo de la corta duración de las rutas diseñadas para este tipo de viajes que respondía al hecho de las tasadas jornadas de descanso obligatorio y de los acotados períodos de vacaciones de los trabajadores en activo, y también el atractivo de precios ciertamente competitivos y asequibles para una mayoría, lo que llevaba, en suma, a posibilitar la práctica de la actividad turística a extensas capas de la población. Y ese sigue siendo, a grandes rasgos el escenario actual.

A PROPÓSITO DE LAS MOTIVACIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y DE LOS EFECTOS DE ESA PRÁCTICA SOBRE LOS VIAJEROS

Es, sin duda, amplio, extenso se diría, el catálogo de las motivaciones que han empujado, y empujan, a las personas a hacer Turismo. En ese sentido pueden mencionarse, entre otras, el propósito de las gentes de relajarse, de descansar o el de desconectar de la rutina diaria cambiando de actividad, o el de divertirse o el de estar en contacto con la Naturaleza. Y, en otras coordenadas, pueden constituir también motivos al respecto el de indagar en el conocimiento de otras culturas; el de poder practicar las lenguas foráneas de los lugares que se visita; el de incrementar el acervo e experiencias personales; el de la posibilidad del hallazgo de amistades en los viajes; el afán de aventura de los viajeros o el de satisfacer, sin más pretensiones, un acto de consumo o, incluso, el de poder demostrar con inmediatez a los demás mortales que el turista, efectivamente “estaba allí”, contando con el amparo impagable para ese menester, cual eficaz notario, de la inevitable “selfie”. Por algo, en fin, J. Serrano, y valga como colofón, ha llegado a decir, ahí va eso, que “viajar se ha convertido en una experiencia vital ineludible”. En cuanto a los efectos del Turismo sobre los viajeros hay opiniones sobre sus efectos positivos de escritores y de ensayistas, como es el caso de M. Twain, que ha sostenido que “viajar es fatal para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de

miras” y la de J. Steinbeck, que ha dejado escrito por su parte, que “la gente no hace viajes, son los viajes los que hacen a la gente”. A su vez, el dramaturgo A. Miller se ha manifestado en el sentido de que de “nuestro destino de viaje nunca es un lugar sino una forma de ver las cosas”, en tanto que J. Pla ha puesto de relieve que “no hay nada como alejarse un poco para curarse de la psicosis de la proximidad de la que todos estamos atacados y hay que viajar para aprender a…tolerar”. M. Marder, a su vez, ha dicho que “el viaje aún tiene mucho sentido: enriquece y te puede cambiar la vida”, sin olvidar lo expuesto tanto por M. D´Eramo, que vincula el Turismo a la idea de libertad, a un móvil político, y así viene a referir, como ejemplos, que cuando acabó la pandemia nos dio por viajar porque al fin éramos libres y que décadas atrás el muro de Berlín comenzó a resquebrajarse cuando los alemanes orientales empezaron a pedir visados para visitar Hungría en masa y, en fin, por J. Reverte, que, elevando un peldaño su consideración sobre el viaje, alude al arte de viajar. En el polo opuesto, negativo, se hallan, en relación a los efectos del Turismo sobre los viajeros, si bien en minoría, otros escritores, ensayistas o intelectuales, como es el caso de G. K. Chesterton, que ha sentenciado que “el viaje empequeñece la mente” y R. W. Emerson, que ha afirmado que los emplazamientos turísticos son “un paraíso para los idiotas”, habiendo dejado por sentado L. Buñuel, en sus Memorias, que no le interesaban el turismo, ni los viajes ni descubrir nuevos lugares. Y ya en estos tiempos de masificación turística, que ha provocado -siendo un impactante punto de inflexión al respecto- la irrupción de opiniones disconformes con la situación generada por la saturación del Turismo, la escritora surcoreana Yun-Ko eun ha señalado, rotundamente, que en la época actual “de anarquía turística -muy lejos, por lo tanto, del modelo del turista sostenible- partir del instante en que somos turistas nos convertimos en cómplices de un delito contra el medio ambiente”, habiendo puntualizado, por su parte, A. Blanco que “ si se deja de viajar no significa quedarse sin vacaciones: solo estás haciendo un consumo diferente de tu tiempo libre”. Y con ese mismo marco del Turismo masivo I.L. Pfeiifer ha referido que “el Turismo no es inocuo, mata las ciudades, mata su alma” y A. Geranios, a su vez, ha puntualizado que “la clase trabajadora se lo merece todo, empezando por lo sustancial para la vida: acceso a vivienda, buena alimentación, salario digno, poder de decisión, a tiempo. Si todo esto estuviera resuelto el invento del Turismo ya no haría falta”, abogando, a su vez, A. Castro por un turismo ético en tiempos de emergencia y sosteniendo que “dejar de viajar es la oposición más clara a un modelo turístico que agota recursos, daña el medio ambiente y tiene consecuencias sociales, a veces desastrosas sobre los destinos”

A VUELTAS CON EL “OVERTOURISM”

La cuestión es que, aunque se prefiera mirar hacia otro lado, ahí está el fenómeno del “Overtourism”, el de la saturación (o masificación) turística y que consiste en la presencia masiva de turistas en algunos puntos o enclaves y siempre en esos mismos puntos o enclaves. Y esas formidables aglomeraciones de personas suscitan los consiguientes trastornos para los residentes de las zonas afectadas por aquellas, trastornos que pueden precisarse en el agobio físico producido por esas muchedumbres; en el aumento, por todo lo que acarrea, de la contaminación ignorando, de alguna manera, el cambio climático y el calentamiento global en el que estamos inmersos, descollando en ese contexto negativo la contaminación acústica, con el consabido subidón de decibelios provocado por el excesivo consumo de alcohol, cuando no originado por músicas a todo meter o por ambas cosas a la vez. Prosiguiendo con el relato de las consecuencias de la masificación turística para los residentes puede aludirse a dificultades para la Movilidad con un “heavy” tráfico; a una sobreexplotación de recursos con evidentes costes ambientales; a incurrir en despropósitos urbanísticos, consecuencia de una fiebre especulativa; a un encarecimiento de la energía y a un incremento de la inflación, lo que se traduce en inasumibles precios de la vivienda, de compra y de alquiler, y en el desbordamiento, en número, de los pisos turísticos “expulsando” a los residentes de los sitios turísticamente abarrotados y, en fin, al deterioro en la prestación de servicios públicos y, en especial, de los servicios turísticos. De cualquier forma, hay que ser conscientes de que los tiempos que nos ha tocado vivir son los de la dominación de la escena por un creciente capitalismo neoliberal y que el Turismo, operando en ese marco, se ha venido a mercantilizar en exceso, llegando incluso a “fabricarse” turistas egoístas que no ven más allá de sí mismos. Pero, en ese proscenio, lo que debería ser objeto de deslinde después de lo expuesto líneas atrás, es que una cosa es el Turismo y otra es su masificación y es que, de no jalonarse adecuadamente ambos, podría sacarse la conclusión de que las protestas habidas han constituido una enmienda a la totalidad, negacionistas, en relación al Turismo mismo cuando en verdad los debates y protestas se han centrado en el hecho de su saturación. En una palabra: son voces, las discordantes, que reclaman que el Turismo sea sostenible, ético, y que no suelen poner en cuestión su existencia, salvo en desespero de causa al no ser escuchados, pero rechazan, eso sí, un Turismo masificado y descontrolado, que eleve la tensión social y que finalmente ponga al propio Turismo en el disparadero.

UN REPASO A LAS DETERMINACIONES TOMADAS, O BARAJADAS A TOMAR, PARA AFRONTAR EL “OVERTOURISM”

Ante el fenómeno del “Overtourism”, con lo que implica de Turismo masificado y sin, o escaso, control, no parece excesivamente arriesgado – viendo cómo, en nuestro caso, se presenta el centro de algunas ciudades o cómo se concentran los visitantes en gran número en determinadas playas- defender el planteamiento de la adopción de medidas que vengan a contrarrestar las negativas consecuencias de un Turismo masivo. Y es que el Turismo se constituye en pieza de largo alcance, esto es, en una actividad con efectos transversales sobre la sociedad, excediendo, pues, de largo, en sus efectos del estricto ámbito del denominado Sector turístico, y sería, pues, una gran equivocación que, deslumbrados por la creciente cifra millonaria de visitantes foráneos en nuestro País, se optase por no prestar la suficiente atención a los trastornos que se originan por la concurrencia del “Overtourism”, trastornos que dan origen a la celebración de manifestaciones que son una muestra del malestar ciudadano, y que se estimase que el éxito de un País con el Turismo se mide, sin más consideraciones, exclusivamente por el número de visitantes. Precisamente en la pretensión de solventar esas aludidas disfunciones puede aludirse a decisiones de las autoridades ya tomadas, que son las menos, o a las barajadas y susceptibles de ser adoptadas en las zonas masificadas turísticamente y que son de distinto tenor, esto es, no solo coercitivas sino también incentivadoras. Sería el caso de las siguientes medidas: establecer el cobro de una tasa, normalmente diaria, a turistas que accedan a puntos en períodos de máxima concentración de personas o el cobro de una tasa al turista por pernoctar en establecimientos hoteleros en ciudades congestionadas habitualmente” por mor” del Turismo, tasas que permitan que los ingresos, consecuencia de su aplicación, preserven y renueven los recursos naturales; fijar, en fin, un número máximo de entradas a la venta-es, por ejemplo, el caso de los museos-teniendo en cuenta la cabida de las instituciones. Continuando con la descripción de las distintas determinaciones tomadas o a adoptar para afrontar con éxito el reto del Turismo masificado, las mismas serían, asimismo, el hecho de limitar el número máximo de cruceros a fondear en los puertos y el de establecer una tasa a los cruceristas dependiendo del número de días a atracar por los cruceros; regular, en el caso de las Islas, la entrada de vehículos; combatir excesos en la ingesta de alcohol o bien prohibiendo su venta o limitando el horario de venta en las zonas congestionadas turísticamente; determinar un “numerus clausus” de visitantes en lugares de vacaciones y decretar determinados horarios a los establecimientos ubicados en las zonas saturadas para respetar el descanso de los residentes; tratar de desestacionalizar a los visitantes incentivando a los turistas a viajar fuera de temporada ( en nuestro País el Turismo afluye muy mayoritariamente en la época veraniega) y promover el Turismo de proximidad; fomentar la práctica turística en lugares no afectados por la masificación turística, siendo el Turismo rural un buen destino a esos efectos; diseñar rutas que permitan vivencias personales, únicas, individualizadas para los viajeros evitando, de esta manera, la masificación turística en esas rutas, sin descuidar, claro, el Turismo de lujo, minoritario, menos invasivo y rentable, y sancionar comportamientos inadecuados de los distintos agentes que operan en el Turismo. Habrá que ver, en cualquier caso, cómo se despliegan las medidas apuntadas u otras que, en su caso, se tomen.

A MODO DE RECONSIDERACIÓN

En cualquier caso, y al objeto de posicionarse de una manera objetiva, realista, sobre la situación del Turismo en este País, se advierte que la Economía española, decantada claramente hacia el Sector Servicios y, según los datos que a continuación se detallan, se hace cada vez más dependiente del Turismo, ya que los números cantan, y el Turismo es uno de los principales motores de nuestra Economía. Ignorar ello sería algo de muy difícil recibo, claro está, pero asumirlo ha de constituir un básico punto de partida para un análisis del Sector turístico. Abundando, pues, en el sentido de la gran influencia del Sector turístico en lo económico-social en nuestro País, los datos que ha suministrado el Instituto Nacional de Estadística (INE), para 2024, muestran que el Turismo supuso el 13.2% del PIB español, lo que ha comportado una contribución de 208.000 millones de euros, habiéndose recibido la visita de 93.8 millones de visitantes foráneos, siendo Reino Unido, Francia y Alemania los principales Países emisores. Por otra parte, el Sector turístico español, con su consabida baja productividad, cerró el ejercicio con 2.9 millones de trabajadores ocupados, cifra que representa el 13.8%del total de afiliados a la Seguridad Social, si bien -y es algo a cargarlo en su debe-los trabajadores del Sector presentaron una cualificación en los empleos inferior a la media, generándose un empleo de menor calidad, percibieron salarios bajos en general y hubo una temporalidad en las contrataciones que fue algo menor que en 2023, pero aun resulta ciertamente significativa y con amplios márgenes de mejora.

Prosiguiendo con ese relato conviene traer aquí para su comparación los datos sobre Turismo facilitados por el INE para 2023 y de los mismos se deduce que la aportación del Turismo al PIB español fue del 12.3%, contribuyendo con 184.002 millones de euros, habiéndose, de otra parte, recibido la visita de 85.056.528 visitantes foráneos y generándose 2.5 de millones de puestos de trabajo, esto es, el 11.6% del empleo total. Pues bien: de la contrastación de los datos relativos a la actividad turística de los años 2023 y 2024, así como de los datos referidos a años anteriores, se pueden sacar algunas conclusiones: el Turismo en nuestro País continúa “ in crescendo” (en cifras se demuestra que ha superado, con los indicadores al alza, las crisis, con sus consecuencias, de la Gran Recesión y de la pandemia). Y todo parece indicar que continuará. Pero sigue arrastrando, como problemática, la carga de su masificación en bastantes puntos del territorio, con los abusos de distinto corte que ello puede conllevar y un déficit en lo social, representado por la precariedad en la que se hallan instalados muchos trabajadores del Sector turístico con bajos salarios, por debajo de la media de los previstos para los empleos en general, con insuficiencias en la cualificación de los empleos, con notoria presencia de la temporalidad en las contrataciones, factores que dificultan la plena consecución de un Turismo sostenible y ético puertas adentro del Sector. En definitiva: el escenario de un Turismo masificado- que ha dado lugar a marchas que han expresado el malestar de los residentes de las zonas congestionadas, lo que debería ser objeto de escucha por los que mandan – tendría que conducir para afrontarlo, por cuanto es una cuestión de Estado, parece, a que los distintos actores que desempeñan un rol en el denominado Sector Turístico, como es el supuesto de las Administraciones Públicas Estatal, Autonómica y Local, los agentes sociales (patronal y organizaciones sindicales) y las organizaciones ciudadanas, elaborasen, sin prisa pero sin pausa, una Estrategia, consensuada y asentada en adecuada Planificación, que abriese la vía a la adopción de medidas abordadas en ese foro, coordinadas, que fuesen, escalonadamente, reordenando sin arruinar, claro está, el Sector del Turismo con el objetivo de perfilar el modelo de actividad turística que estos tiempos reclaman y que ha de ser sostenible (esto es: respetuoso con el medio ambiente, con los recursos disponibles y propiciando el desarrollo local de las zonas congestionadas ) y ético, con especial hincapié en la mejora de las relaciones laborales. Y es que no vaya a ser que, fascinados, por el creciente número de visitantes foráneos que tenemos, así como por el aumento del Turismo interior, juguemos al “don Tancredo”, a un aquí no pasa nada porque creamos que todo está controlado y muramos de éxito.

NOTA: Se ha consultado, entre otros, el libro de José Luis Pardo, “Estudios del malestar”. Ed. Anagrama. 2016. y las Memorias de Luis Buñuel: “Mi último suspiro ” . Ed. Plaza & Janés. 1983. Se ha acudido, igualmente, como apoyo para la elaboración de este Artículo, a artículos, editoriales y entrevistas sobre el tema del Turismo publicados en “El País” (destacando el “Babelia”, de 6 de julio de 2024) y en “La Vanguardia”, fundamentalmente en los años 2023 y 2024, así como a Internet. (Artículo publicado en Administración Digital en Junio de 2025).

En el Congreso de los Diputados se tramita actualmente el proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado. Se han presentado diversas enmiendas parlamentarias al texto de este proyecto, de las cuales nos interesan las relativas a la edad de jubilación forzosa de los funcionarios públicos. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda número 323, dirigida a modificar el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) en concreto su artículo 67. El sentido de la modificación consiste en permitir que la situación de servicio activo de los funcionarios pueda prolongarse hasta los 72 años de edad. En concordancia con ello, la enmienda número 296 del mismo grupo parlamentario se dirige a incorporar en la futura Ley de la Función Pública de la Administración del Estado la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan prolongar su permanencia voluntaria en el servicio activo hasta los 72 años de edad como máximo. ¿Es razonable esta medida propuesta por el Grupo Socialista para su debate parlamentario? Nosotros pensamos que sí. Nuestra Constitución reconoce el derecho al trabajo. También reconoce el derecho de los ciudadanos, en condiciones de igualdad, para acceder y desempeñar los empleos públicos. Sin embargo, los funcionarios públicos tenemos fecha de caducidad. Llegados a cierta edad, se produce la jubilación forzosa. Si buceamos en el pasado, veremos que, con la legislación de 1964, la jubilación forzosa de los funcionarios estaba fijada en los 70 años, aunque era posible jubilarse antes si se contaba con determinados años de servicios prestados. El cambio importante sucedió en 1984. A partir de entonces la jubilación forzosa se declararía de oficio para todos los funcionarios al cumplir los sesenta y cinco años de edad. No se contemplaba ninguna excepción a esta regla. Este cambio legal provocó una oleada de recursos.

Muchos empleados públicos, que contaban con poder trabajar hasta los 70 años, se vieron obligados a jubilarse con 65 años. Alegaron que debían respetarse las condiciones con las que accedieron en su momento a la función pública. Sin embargo el Tribunal Constitucional rechazó estos recursos cuando sentenció que la ley prevalecía siempre sobre los pretendidos derechos adquiridos de los funcionarios. A partir del año 1997 la situación se dulcificó. Un nuevo cambio legal permitió que los funcionarios pudieran prolongar su servicio activo hasta los 70 años de edad. Este sistema se consolidó después en el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, art. 67.3) y es el actualmente vigente. Se basa en un acuerdo de voluntades por ambas partes. El funcionario debe solicitar voluntariamente prolongar su servicio activo más allá de los 65 años de edad, hasta el límite de los 70 años. Por su parte, la administración pública puede aceptar o denegar esta prolongación. Como todas las decisiones administrativas debe motivarse, y los tribunales pueden revisarla. Vivimos ahora en España una situación en que diversos colectivos de empleados públicos han reclamado y conseguido poder prolongar hasta los 72 años el límite de edad del servicio activo. Desde el año 2022, los Notarios y Registradores de la propiedad pueden jubilarse voluntariamente a los 65 años, su jubilación forzosa se produce a los 70 años, y pueden solicitar la prolongación del servicio activo hasta cumplir 72 años. Igual sucede en la Administración de Justicia. Los jueces, magistrados y fiscales se jubilan forzosamente a los 70 años, pero pueden solicitar voluntariamente permanecer en activo hasta cumplir como máximo 72 años. También los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, pueden continuar en activo hasta los 72 años. También el personal al servicio de las Cortes Generales puede solicitar continuar en el servicio activo hasta los 72 años, pudiendo concederlo o no la Mesa de la Cámara (Congreso o Senado) en la que preste sus servicios el funcionario. En el ámbito de las universidades públicas españolas, la existencia de múltiples figuras de profesorado, así como la propia autonomía de las universidades, hace difícil llegar a conclusiones generales sobre la edad de jubilación, pero la posibilidad de prestar servicios docentes e investigadores más allá de los 70 años es real, como demuestra la figura del profesor emérito.

Finalmente, aunque tenga una incidencia colateral, hay que referirse a la reciente reforma legal que permite a funcionarios ya jubilados desempeñar altos cargos reservados precisamente a funcionarios de carrera. Como es sabido, por imperativo legal muchos altos cargos de la Administración General del Estado (subsecretarios, directores generales, etc) deben ser desempeñados por quienes sean funcionarios de carrera. Al producirse la jubilación forzosa por alcanzar los 70 años de edad y con ella la pérdida de la condición de funcionario, el alto cargo debía ser cesado de manera inmediata. Una oportuna reforma legal permite a los funcionarios de carrera jubilados ser nombrados para esos puestos, sin límite de edad. En conclusión, lo que llamamos Objetivo 72 es una realidad que no puede desconocerse. El aumento de la esperanza de vida de las personas (alrededor de 84 años hoy en España), así como la mejora de las condiciones físicas y ambientales de todo tipo con las que se desarrolla hoy el trabajo en las administraciones públicas, hace que prolongar la vida activa de los empleados públicos sea una opción muy razonable. Quede claro que defendemos una prolongación de naturaleza voluntaria del servicio activo hasta los 72 años. Las personas que deseen jubilarse antes siempre podrán hacerlo. Nadie está obligado a trabajar cuando reúne ya los requisitos legales para poder jubilarse y percibir su pensión. Sin embargo, no cabe desconocer que hay personas con un alto espíritu de servicio público que desean seguir en activo unos años más. Por parte de las administraciones públicas, también es lógico que se valore cada petición de forma individual y que se acuerde en cada caso si está justificada o no la prolongación el servicio. Pero la petición actual consiste en que la legislación permita a todas las administraciones públicas el poder prolongar la situación de servicio de sus empleados hasta los 72 años. Ya hemos visto que algunos colectivos de funcionarios han accedido a esa posibilidad de solicitar la prolongación. Resulta totalmente contrario a la equidad que aparezcan y se consoliden situaciones de privilegio no justificadas. Un funcionario de las Cortes Generales o un letrado de la Administración de Justicia pueden solicitar la prolongación del servicio activo hasta los 72 años. ¿Por qué negar esa posibilidad a un diplomático, a un auditor del Tribunal de Cuentas o a un administrador civil del Estado?

El Objetivo 72 es una reivindicación que los empleados públicos tenemos que hacer y que deberíamos conseguir.