El edadismo, definido formalmente como el conjunto de estereotipos, prejuicios y discriminación basados exclusivamente en la edad cronológica, constituye una de las problemáticas sociales más invisibilizadas de nuestro siglo. La Organización Mundial de la Salud afirma de manera insistente que esta forma de discriminación opera en tres dimensiones fundamentales de la experiencia humana: en nuestra forma de pensar a través de estereotipos arraigados, en la forma de sentir mediante juicios anticipados o prejuicios, y en la forma de actuar de manera discriminatoria. Lejos de ser una actitud meramente externa, la OMS advierte que este fenómeno se manifiesta no solo con respecto a los demás, sino también hacia nosotros mismos. Este «edadismo internalizado» se convierte en un grave obstáculo, ya que provoca que las propias personas mayores asimilen los discursos paternalistas de la sociedad, dejen de exigir cambios estructurales y no denuncien las situaciones de abuso por creer erróneamente que son consecuencias naturales de cumplir años. Aunque es indiscutible que la discriminación por edad puede manifestarse sutil o expresamente en otros colectivos humanos, como los jóvenes que sufren sueldos más bajos por falta de experiencia o un trato condescendiente en los entornos laborales, en el colectivo de las personas mayores tiene una especial gravedad. Esto se debe a que reduce a un ser humano con una trayectoria vital completa a una mera cifra numérica, lo que provoca que toda la sociedad en su conjunto se empobrezca culturalmente, pierda talento acumulado y debilite de manera drástica su tejido social.

Ante la fuerte sensación actual de que existe una pérdida de derechos o una falta de respeto sistémica hacia los mayores, resulta esclarecedor hacer una referencia directa a la forma en que las civilizaciones clásicas concebían la vejez. En la Grecia clásica, si bien el papel de los ancianos difería en función de la Polis y su contexto social específico, existía una tendencia generalizada a otorgarles un profundo respeto y una sólida autoridad moral, fundamentada en el valor de su sabiduría, experiencia y prudencia. El ejemplo más contundente de este esquema se encontraba en Esparta, donde los ancianos desempeñaban un papel central en la gobernanza al formar parte de un influyente Consejo de veintiocho hombres mayores de sesenta años, el cual poseía una enorme influencia en la toma de decisiones políticas y judiciales. Para los espartanos, la vejez era considerada el símbolo máximo de la virtud, del valor probado y de la sabiduría del Estado. De igual manera, en Atenas los ancianos gozaban de un gran respeto comunitario y eran miembros del Areópago, un prestigioso Consejo que ostentaba altas funciones judiciales y de control moral. Esta valoración no se limitaba a la esfera pública; en el ámbito doméstico, la figura del «pater» familias mantenía una autoridad indiscutible sobre su casa, y los miembros más jóvenes de la comunidad solían consultar de manera regular a los mayores antes de tomar cualquier decisión de importancia. Asimismo, en la antigua Roma, aunque el papel exacto de los mayores variaba según su clase social, la vejez se asociaba directamente con los valores de la sabiduría, la experiencia acumulada y la autoridad moral.

Esta perspectiva histórica obliga a preguntarse qué ha ocurrido en la época actual, un momento en el que, paradójicamente, la humanidad dispone de mayores conocimientos técnicos, científicos y médicos para que exista la sensación generalizada de que las personas mayores son una «carga» para la sociedad. Hoy en día, cuando la longevidad hace posible que las personas mayores puedan ser aprovechadas como un plus para el desarrollo social y cuando las cohortes de edad a partir de los sesenta y cinco años son más numerosas que nunca, se está impidiendo de algún modo el respeto efectivo a los derechos humanos de este colectivo. Sorprendentemente, detrás de esta realidad parece detectarse un interés deliberado por parte de las fuerzas políticas de la derecha en provocar un enfrentamiento generacional de manera evidente. El propósito de esta estrategia resulta claro: evitar que haya una buena sintonía y una alianza estrecha entre los colectivos más afectados por el edadismo. Esta polarización artificial entre jóvenes y mayores solo beneficia a las clases más privilegiadas de la sociedad, debilitando la respuesta colectiva ante la pérdida de derechos, por lo que es preciso luchar con firmeza contra este mal social.

Para comprender el alcance real de esta discriminación, es necesario analizar el contexto demográfico actual, especialmente en el ámbito de España y Europa, donde el envejecimiento poblacional es un hecho bien conocido. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), si se mantienen las tendencias actuales, la población de sesenta y cinco y más años en España alcanzará en torno al treinta coma cinco por ciento hacia el año dos mil cincuenta y cinco. Esto significa que, en pocas décadas, casi una de cada tres personas será mayor. Este dato objetivo debería motivar un reconocimiento del papel central de los mayores en la vida social y económica; sin embargo, con frecuencia alimenta relatos alarmistas que señalan al colectivo como un factor de gasto y no como un potencial social. La evidencia empírica es clara y preocupante: una de cada dos personas en el mundo admite mantener actitudes edadistas frente a las personas mayores, lo que significa que prácticamente todos somos testigos o partícipes inconscientes de conductas que rebajan el valor de alguien por sus años. El edadismo no siempre se manifiesta a través de exclusiones explícitas o portazos, sino que a menudo susurra y cierra puertas a medias a través de una «amabilidad» que infantiliza y frases condescendientes como «ya no estás para esto», «para qué te vas a formar a tu edad» o «déjalo, es complicado».

Las manifestaciones concretas del edadismo se detectan con claridad en múltiples ámbitos de la vida diaria:

Ámbito sanitario: Persisten sesgos clínicos muy graves que subestiman los síntomas de las personas mayores bajo la justificación de que «es normal para su edad», retrasando diagnósticos médicos esenciales. Además, se produce la negación de tratamientos específicos basados en la edad cronológica y no en la situación funcional de la persona, una realidad sumamente cruda que ocurrió de manera evidente durante la Pandemia.

Ámbito laboral: Cumplir los cincuenta y cinco años se convierte en un filtro injusto que aumenta exponencialmente las dificultades para mantener el empleo o reincorporarse al mercado laboral en caso de perderlo. Se produce una falta de oportunidades de empleo o ascenso para mayores de cincuenta años y se manifiesta un rechazo no explícito hacia este colectivo en los procesos de selección, ignorando su formación y experiencia.

Ámbito financiero y de consumo: Las causas económicas del edadismo se traducen en la prohibición de contratar ciertos tipos de seguros, como los sanitarios, o en el encarecimiento exagerado de sus primas. Asimismo, se cancelan seguros de automóvil a partir de ciertas edades, se impide la compra financiada de los mismos o se niega de manera sistemática la concesión de créditos bancarios con total independencia de la excelente situación financiera o solvencia de los solicitantes.

Ámbito digital: El despliegue de una digitalización acelerada sin un diseño universal obligatorio genera trámites inaccesibles y barreras cognitivas insalvables. Esto viene acompañado de mensajes culpabilizadores que trasladan la responsabilidad a la persona mayor bajo la premisa de «si no te apañas con la app, el problema eres tú», cuando en realidad el problema es un servicio deficientemente diseñado.

Ámbito cotidiano y de comunicación: El edadismo se reproduce mediante chistes o comentarios peyorativos, la invisibilización de los mayores en la publicidad o en las decisiones sociales y la falta de representación en los ámbitos donde se toman las grandes determinaciones del país. Los medios de comunicación contribuyen activamente a perpetuar esta situación al mostrar una imagen negativa, estereotipada o ridiculizada de los mayores, o simplemente mediante la ausencia total de estos en las pantallas.

Las causas que generan el edadismo son variadas y complejas. Al margen de los factores de índole estrictamente económica y comercial, existen causas de carácter cultural y social profundamente arraigadas, entre las que destacan la idealización desmesurada de la juventud, el miedo inherente al envejecimiento y a la vulnerabilidad, y una alarmante falta de contacto intergeneracional en los espacios públicos y comunitarios. Las consecuencias de no frenar esta discriminación producen daños severos en varios planos. En el plano personal, el edadismo erosiona la autoestima, fomenta la inseguridad, provoca aislamiento social y eleva los índices de depresión o ansiedad entre los mayores. No se trata de un impacto meramente subjetivo; investigaciones clásicas de referencia demuestran que las personas mayores que mantienen creencias positivas sobre el envejecimiento viven más y mejor, llegando a registrar una media de siete coma cinco años más de longevidad que aquellas expuestas a estereotipos y creencias negativas. En el plano colectivo, la discriminación genera una inmensa pérdida de talento, experiencia y conocimiento táctico en el entorno de trabajo, eleva las brechas generacionales y fomenta un peligroso enfrentamiento social. Asimismo, en el plano socioeconómico, el mercado y las instituciones cometen el error de tratar a los mayores exclusivamente como un «gasto público», desaprovechando el motor que representa la llamada economía senior —su demanda y capacidad de consumo responsable, su potencial de emprendimiento— y silenciando el valor de su trabajo de cuidados, ese engranaje invisible que sostiene económicamente a familias enteras.

Para combatir el edadismo de forma integral, la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT (UJP-UGT) propone un plan de acción y una agenda con medidas concretas, realistas y evaluables estructurada en distintos niveles. A nivel individual, se hace un llamamiento urgente a revisar nuestros propios prejuicios, valorar la diversidad de las edades en nuestro entorno y fomentar de manera activa el respeto intergeneracional cotidiano. A nivel institucional, se exige el diseño de políticas públicas de inclusión por edad, programas específicos de empleo adaptados tanto para adultos mayores como para jóvenes, y educación formal sobre envejecimiento y juventud. Un ejemplo de buenas prácticas que ya realizan algunas empresas son los programas de mentoría inversa, un formato de diversidad generacional donde los jóvenes capacitan a los mayores en el uso de herramientas tecnológicas y las personas mayores guían a los jóvenes aportando su experiencia y conocimiento del negocio.

En el ámbito de las políticas públicas y la legislación, es fundamental aprobar una Ley específica integral que incluya la edad como una categoría protegida en todos los ámbitos esenciales de la vida, tales como el trabajo, la seguridad social, la salud, la vivienda y el sector financiero, dotada de mecanismos efectivos de denuncia y sanción. De igual manera, se propone la aprobación de una Estrategia Nacional para personas mayores y envejecimiento que incluya la lucha contra el edadismo mediante la fijación de objetivos medibles, como la reducción del desempleo senior, la mejora de la percepción social y la inclusión tecnológica. Para poder evaluar de forma continua los avances y diseñar políticas efectivas, resulta indispensable recoger datos desglosados por edad en todos los indicadores sociales, laborales y sanitarios, visibilizando así las discriminaciones estructurales que hoy permanecen ocultas.

En materia de empleo y economía, la agenda de la UJP-UGT exige la aplicación del currículum ciego por edad en los procesos de selección y la prohibición efectiva de anuncios de trabajo que fijen topes de edad, salvo causas objetivas. Se deben implementar políticas de empleo inclusivas acompañadas de incentivos fiscales y bonificaciones a las empresas que mantengan a sus trabajadores mayores, junto con la creación de bonos de formación y fórmulas de flexibilización de la jornada laboral o contratos de relevo bien diseñados. Asimismo, se demanda el establecimiento de programas de formación interna obligatorios para el personal de mayor edad en materia de digitalización y nuevas tecnologías, reconociendo el derecho exigible a la recualificación a lo largo de la vida mediante microcredenciales, e instituyendo el sello «Empresa Amiga de las Personas Mayores» con criterios auditables en igualdad y aprendizaje.

En lo que respecta a la Administración Pública y los servicios esenciales, se propone la inclusión de una cláusula antiedadismo en toda la contratación pública, otorgando puntos extra a aquellos proveedores que acrediten buenas prácticas de accesibilidad y empleo con mayores. Al igual que ocurre con el enfoque de género, se exige evaluar el impacto de edad *ex ante* de cada nueva ley o norma antes de su aplicación, analizando posibles efectos discriminatorios. Para frenar la exclusión digital, se debe garantizar por ley la existencia de ventanillas humanas de atención presencial y líneas de atención humana obligatorias en servicios públicos y privados esenciales, protegiendo el derecho del ciudadano a elegir la alternativa analógica en trámites críticos financieros, sanitarios o de solicitud de ayudas. Los servicios públicos deben incorporar adaptaciones de accesibilidad física y tecnológica, utilizar un lenguaje claro, formularios comprensibles, lectura fácil y tipografías legibles que pasen por pruebas de uso con personas mayores antes de lanzar cualquier plataforma.

En el plano asistencial, sanitario y comunitario, la agenda demanda que las decisiones clínicas se centren estrictamente en la situación funcional y la preferencia informada de la persona, integrando escalas de fragilidad y comités de ética asistencial en lugar de basarse en la edad cronológica, lo que requiere una formación profunda en sesgos de edad para todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios. Es urgente difundir un glosario de lenguaje inclusivo que elimine por completo la infantilización y el trato paternalista de los mayores en los entornos sanitarios, de servicios sociales y en los medios de comunicación. Para mitigar el aislamiento, se propone financiar servicios públicos de acompañamiento, programas comunitarios de envejecimiento activo y un plan estatal contra la soledad no deseada articulado mediante la prescripción social en atención primaria y redes vecinales de convivencia. De forma prioritaria, se exige la protección frente al maltrato mediante el establecimiento de canales públicos seguros y confidenciales que permitan denunciar de manera efectiva abusos contra las personas mayores, abarcando la violencia psicológica, la negligencia de cuidados o el abuso de carácter económico.

La implementación de estas medidas se enfrenta a importantes obstáculos y desafíos del entorno actual, entre los que destacan las fuertes resistencias culturales e ideas arraigadas sobre «lo que pueden o no pueden hacer» las personas de edad avanzada, la escasez de recursos financieros o presupuestos limitados para adaptar infraestructuras y servicios, y la fragmentación administrativa entre las competencias nacionales, autonómicas y locales que dificulta una acción coordinada. A esto se suma la dificultad técnica de medir el impacto debido a la falta de datos e indicadores adecuados, así como el propio edadismo internalizado que frena la exigencia de cambios por parte de las propias víctimas. Para superar estas barreras, la UJP-UGT asume un papel activo que va más allá de la mera descripción del problema; su compromiso sindical inmediato se resume en tres líneas de acción: escuchar a cada persona mayor en su diversidad de trayectorias, proponer medidas concretas con costes y beneficios explícitos en las mesas de diálogo social, y movilizar propuestas mediante alianzas y presencia territorial. Entre sus actuaciones inmediatas, el sindicato promoverá el sello UJP-UGT de «entorno amigable» para empresas y administraciones, impulsará acuerdos con ayuntamientos para extender el marco de ciudades amigables con metas medibles y creará un Observatorio del Edadismo en el ámbito laboral, sanitario y digital que sirva para la recogida de casos, informes periódicos y herramientas de denuncia y asesoramiento jurídico para cualquier afiliado que sufra discriminación por edad.

A nivel metodológico e institucional, se propone establecer un plan de acción nacional con metas claras, plazos, responsables y presupuestos definidos, fomentando alianzas participativas entre la Administración, el sector privado, las ONG y las propias asociaciones de personas mayores para diseñar las medidas de forma conjunta. Se debe financiar y promover investigaciones y encuestas periódicas que midan la percepción social, la brecha digital y el desempleo senior, incluyendo la dimensión del edadismo de manera interseccional en las políticas de igualdad ya existentes de género y discapacidad, realizando un seguimiento continuo y fomentando ejemplos visibles de buenas prácticas en ciudades amigables, empresas modelos y medios de comunicación ejemplares.

Sin embargo, para consolidar de forma efectiva todas las medidas anteriores, resulta indispensable que se apruebe una legislación vinculante a nivel internacional. Es un hecho que ha habido intentos previos de aprobar una directiva europea de igualdad, la cual se encuentra actualmente congelada debido a la inexistencia de una legislación de rango superior que le otorgue cobertura. Por este motivo, la prioridad absoluta debe ser la aprobación de una Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores, una tarea para la cual ya se ha constituido un grupo de trabajo específico en las Naciones Unidas. El establecimiento de este paraguas legislativo internacional facilitará el desbloqueo y avance de la directiva europea y, sobre todo, servirá de base directa para que cada país pueda tramitar y aprobar una ley interna de protección de los derechos de las personas mayores. Esta norma, concebida como una ley código integral y similar a la ley de igualdad entre mujeres y hombres que fue pionera en su día, permitirá coordinar todo el marco de protección, favorecer la igualdad de trato y construir una sociedad verdaderamente justa e inclusiva.

En conclusión, el edadismo no responde a una ley inamovible de la naturaleza, sino que constituye una construcción cultural susceptible de ser modificada mediante el compromiso político y social. Esta discriminación no solo afecta los principios fundamentales de la justicia social, sino que compromete de forma directa la sostenibilidad demográfica, económica y social de todos los países que cuentan con poblaciones envejecidas. Combatirlo con éxito requiere la adopción de medidas múltiples, intersectoriales, financiadas y sostenibles en el tiempo, involucrando a las personas mayores como agentes activos del cambio y no meramente como receptoras pasivas de políticas asistenciales. Es imperativo impulsar un cambio cultural profundo que valore todas las etapas de la vida como parte del ciclo vital continuo, reconociendo la inmensa riqueza de la diversidad generacional. Las personas mayores no representan el pasado de la nación, sino un presente activo que sostiene, cuida, trabaja y financia de forma invisible el bienestar colectivo. El colectivo no solicita favores ni condescendencia; exige el respeto pleno a su existencia y el ejercicio de todos sus derechos ciudadanos, reclamando que se escuche su voz y participar directamente en la toma de decisiones sobre todo aquello que le afecta. Si en las civilizaciones de la antigua Grecia y Roma los mayores participaban y decidían en los puestos políticos y jurídicos más relevantes del Estado, las personas mayores de hoy exigen legítimamente estar presentes y formar parte activa de las instituciones contemporáneas que tienen la competencia para garantizar sus derechos, asumiendo que respetar la edad es respetar la vida misma y que lo que se construya hoy será la única garantía de nuestra propia dignidad mañana.

Sobre la autora:

Maria Luisa Alvarez Durante es actualmente Secretaria de Internacional y Edadismo de la UJP-UGT.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas, ocupó entre otros puestos la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Ha sido Portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y Secretaria General y responsable de Políticas de Igualdad en la FIIAPP (Federación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas).

Es Vocal del Consejo Directivo de AEINAPE.

La sorpresa y preocupación que genera la emergencia producida por dos sismos sucesivos (7,2 y 7,5) en diversos estados de Venezuela, incluyendo Caracas, y especialmente en La Guaira, impulsa a recordar que los Estados deben poner en marcha actuaciones ineludibles de inmediato, así como recordar que otras deberían haberse adoptado con anterioridad.  Se imponen medidas importantes por parte de los poderes públicos venezolanos, de la cooperación internacional y de la población que conviene recordar, aunque su difusión pueda ser reiterativa. Las crisis motivadas por emergencias son frecuentemente impredecibles, pero pueden de alguna manera paliarse con actuaciones coordinadas de los poderes públicos, de la población y de la cooperación internacional.

Las principales actuaciones de las instituciones se relacionan con la existencia de canales de información, frecuentemente insuficientes, y que habitualmente se colapsan por el incremento del tráfico de llamadas, así como por los daños en las infraestructuras de comunicación. Las medidas adoptadas por las compañías de telefonía ofreciendo temporalmente sus servicios de forma gratuita pueden ser efectivas, pero ha de llamarse la atención también a la población para que realice sólo las comunicaciones imprescindibles pues en caso contrario la generación del colapso está garantizada. La prioridad debe ser para los servicios de emergencia, médicos y de seguridad con el fin de garantizar que la población pueda pronto volver a la normalidad. En momentos de crisis es cuando puede observarse la fortaleza de los gobernantes y las instituciones, pues es cuando efectivamente son más necesarios para los ciudadanos. Todos los gobiernos en todos los países tienen dificultades y crisis de mayor o menor entidad, pero lo que define la buena gobernación es precisamente la manera exitosa de paliar la crisis.

La experiencia señala que es sumamente importante que las emergencias estén planificadas dentro de lo posible, pues no puede saberse totalmente su intensidad o extensión. Para ello, la planificación en tiempos de tranquilidad es fundamental, de manera que ocurrida la emergencia los servicios de protección civil, emergencia y seguridad se pongan inmediatamente en funcionamiento. Aunque los planes de las emergencias frecuentemente se ven desbordados por la realidad, es imprescindible la actuación inmediata, que irá paliando dentro de sus posibilidades las dificultades que han sobrevenido para la población.

La ayuda internacional que llega en las emergencias debe ser cuidadosamente gerenciada. La encomiable voluntad de los países de ayudar después de la tragedia, frecuentemente se traduce en el envío de materiales no especialmente necesarios.

Por eso es esencial que los países pregunten sobre las necesidades puesto que en caso contrario pueden generarse más dificultades que ayudas necesarias. No son extraños los casos en los que se envían ropas de abrigo a países tropicales o millares de pares de zapatos o ropa que exigen multitud de colaboradores parea su clasificación y distribución. Igualmente, los equipos de rescate deben ser especialmente solicitados pues exigen una infraestructura de alimentación y alojamiento que en muchos casos no existen.

Los sismos revelan de nuevo al menos dos aspectos. El primero es que la técnica actual, aunque muy avanzada y en progresión constante, no logra adelantarse suficientemente al hecho sísmico que genera decenas, centenares y en ocasiones miles de muertos. Por esta razón, conviene tener en cuenta que la población debe estar especialmente educada, realizando de forma sistemática simulacros de evacuación que les acostumbren a realizar rutinas imprescindibles como demuestran las autoridades mexicanas, con ocasión de la celebración de reuniones internacionales o en el interior de las empresas y organismos oficiales. Además, Japón ha puesto de manifiesto certeramente que la obligación de construir los edificios con normas de edificación especialmente exigentes salva muchas vidas al lograr que sismos de alta intensidad tengan repercusión escasa en los edificios y por lo tanto en las vidas humanas, al contrario de lo que ocurre en los países menos desarrollados, donde las construcciones de los edificios e infraestructuras son más débiles.

Por eso, vienen a la memoria las palabras de Rousseau sobre el terremoto de Lisboa, cuando pone de manifiesto que “la naturaleza no construyó allí 20.000 casas de seis a siete pisos… si los habitantes de esta gran ciudad hubieran vivido menos hacinados… los estragos del terremoto hubieran sido menores, o quizá inexistentes (Rousseau, 1755).

En fin, ante las dificultades de la naturaleza, probablemente acentuados por el cambio climático, los Estados han de prepararse mediante la planificación y la educación ciudadana, conscientes de que, en distinto grado de probabilidad, los desastres naturales pueden ocurrir.

Sobre el autor:

Francisco Velázquez ha sido Secretario General para la Administración Pública del Gobierno de España y Secretario General del CLAD. Ha sido también Director General de Protección Civil y Emergencias.

@fjvelazquez.bsky.social

El pasado 26 de junio falleció, a los 68 años y en pleno ejercicio de sus funciones, Federico López de la Riva Carrasco, Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, alcanzó la magistratura de lo contencioso-administrativo, situación en la que permanecía en excedencia, y desempeñó también el cargo de letrado del Tribunal Constitucional.

Su trayectoria profesional constituye un referente de servicio público, ya que estuvo siempre presidida por el rigor, el sentido institucional y una permanente vocación de servicio.

Su vinculación con el INAP fue estrecha durante muchos años por su colaboración  en la selección y formación de varias generaciones de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, contribuyendo a la preparación de quienes hoy desempeñan funciones esenciales en nuestras administraciones locales de asesoramiento jurídico, fe pública y garantía de la legalidad.

Sirvan estas líneas como testimonio de reconocimiento hacia su memoria. D.E.P.

Los conflictos sociales tradicionales en los países, que enfrentaban a los colectivos, clases o grupos de personas con el Estado o con los más poderosos, están cambiando de forma acelerada. En los últimos tiempos, cierto estupor alcanza al observador que cada día se siente sorprendido por fuertes movilizaciones, no exentas de violencia, a causa de la victoria en la Champions League del club parisino PSG y protestas masivas especialmente violentas en Belfast, consecuencia de un asesinato de un ciudadano por un asilado de nacionalidad sudanesa.

La extrema derecha, especialmente por medio de Tommy Robinson y el tecno oligarca Elon Musk, parece aprovechar estas circunstancias. Lo constatamos si seguimos los acontecimientos del Reino Unido, donde los dirigentes contrarios al actual primer ministro Starmer, como Nigel Farage, azuzan las protestas, cargando las tintas sobre la emigración .En el Reino Unido las protestas han sido especialmente numerosas desde el asesinato en diciembre, del estudiante Henry Nowak a manos de un joven sij. Precisamente los movimientos de población que se están produciendo en los últimos años, como en otros momentos de la historia, parecen constituir la base de estas circunstancias, no exentas frecuentemente de violencia.

El asunto migratorio, generalmente un movimiento de los ciudadanos de los países más pobres hacia otros de mayor nivel económico, pero en ocasiones a causa de los conflictos bélicos, genera otro tipo de dificultades en los países de llegada del movimiento migratorio. La actuación del ICE (Servicio de control de inmigración y aduanas) en Estados Unidos ha generado dificultades políticas a la administración Trump a causa de su actuación violenta respecto a inmigrantes.

El gobierno de Trump ha detenido a unos 400.000 inmigrantes durante operaciones de control en el interior del país. Es una tendencia que parece extenderse y que tiene detractores y defensores, no siempre coincidentes con las tradicionales opciones políticas de izquierda y derecha. Un asunto en el centro de los que en estos momentos preocupan y ocupan a la Unión Europea, que está en el proceso de autorización de expulsión a terceros países de inmigrantes ilegales, a pesar de los fracasos del gobierno italiano de Giorgia Meloni. Es un síntoma de la reacción ante una cuestión que toca la fibra sensible tanto del temor de deterioro de servicios públicos sobrecargados como la irrupción de tradiciones, estilos de vida y valores diferentes.

León XIV afirma que hay que acoger a los que tienen necesidad y no excluirles de los derechos ciudadanos. Contradice por una parte a la cada vez más extendida idea entre los partidos de derecha europeos, ahora dominantes, que establecen en sus respectivos países normas limitadoras de derechos y medidas excluyentes. La propia Unión Europea ha establecido muy recientemente medidas que posibilitan el envío de migrantes a otros países, después de ser expulsados de la Unión. De hecho, en uno de sus discursos el Pontífice católico señaló: “Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad”.

La visita del Papa León XIV a España sugiere multitud de reflexiones que alcanzan al transcurrir de la vida cotidiana y, en especial, a la vida política y administrativa. De entrada podemos afirmar que la llamada al diálogo entre las fuerzas políticas, tan enfrentadas, constituye en si misma casi una sorpresa, después de años en los que las relaciones entre los dos principales partidos se definen a garrotazos, como escenifica el conocido cuadro atribuido a Goya. Los duelos a garrotazos suelen terminar mal para ambos contendientes.

Otra de las ideas que el Papa ha expuesto se refiere a la defensa del multilateralismo, esencial para la pervivencia de la paz internacional durante casi un siglo y menospreciado actualmente por la administración Trump. Como está demostrando el actual conflicto de Irán y la desatada actividad guerrera de Netanyahu, son necesarias instituciones internacionales que reúnan a los Estados y establezcan sistemas de convivencia y procedimientos que solucionen o intenten solucionar conflictos internacionales. La presencia de los cascos azules en el Líbano, con un fuerte contingente de militares europeos (italianos, franceses y españoles) donde han cumplido una labor importante de mediación y solución de conflictos, se muestra ahora como un obstáculo a la labor de ocupación de las tropas israelíes.

En buena medida, las democracias han fracasado en la gestión de los flujos migratorios por las llegadas irregulares y la incapacidad de deportar a quienes no tienen derecho. La continuación de este y otros fracasos del sistema genera tentaciones autoritarias que pueden vislumbrarse estudiando los resultados electorales de los últimos años. Los sistemas democráticos deben inevitablemente adoptar soluciones y normas comunes para mejorar la gestión de los procesos migratorios, que en buena medida son inevitables.

Sobre el autor:

Francisco Velázquez ha sido Secretario General para la Administración Pública del Gobierno de España y Secretario General del CLAD. Es autor de varias publicaciones: “El burócrata disruptivo”, “Gobernanza iberoamericana” y “El burócrata artificial”.

@fjvelazquez.bsky.social

El pasado 15 de junio a las 18 h. tuvo lugar en el INAP, c/Atocha nº 106 de Madrid, la presentación de la novela titulada “UN HAIKU EN EL VALLE DE LOS SUEÑOS”, que contó con la participación de su autor y compañero nuestro José Miguel Vera Roa (Premio AEINAPE 2024 de Relato Corto). El acto estuvo amenizado con la introducción de Fernando Martín Moreno, Vicepresidente de AEINAPE, y finalizó con un entretenido coloquio por parte del autor y los asistentes.

La novela cuenta la historia de Sakura y Umiko, dos jóvenes amigas y estudiantes de Arte en Osaka, que deciden presentarse a la bienal de escultura que se celebra en Puebla de la Sierra (Madrid), con la ilusión de que su obra llegue a formar parte del Valle de los Sueños, un museo al aire libre conocido internacionalmente e iniciado hace más de treinta años por Fede. Sin embargo, cuando Sakura revela un secreto celosamente guardado a su amiga, dará comienzo un thriller para descubrir la verdad sobre un oscuro suceso que ocurrió dos años atrás.

Según el autor este libro es la culminación de su admiración por este pueblo escondido en la sierra del Rincón que tomó el nombre de Puebla de la Sierra. Con apenas cien habitantes, dejó una huella indeleble en él, no solo por el paisaje admirable que allí puedes contemplar en cualquier lugar hacia donde dirijas la mirada, sino por la cercanía y amabilidad de las personas que lo conforman.

Además, afirma que “todas las tradiciones o leyendas que se mencionan en el libro sobre Puebla de la Sierra son ciertas, y son reales las esculturas que aparecen como parte del Valle de los Sueños. La historia de cómo surge este y las personas implicadas también se corresponden con la realidad. Asimismo, se ha puesto mucho interés en que aparezcan sitios reales como la herrería, el lavadero o el Museo de Arte Contemporáneo Japonés, de modo que el lector curioso que venga a conocer el pueblo pueda hacer un recorrido parecido al de los personajes en la narración”.

El autor de la novela, José Miguel Vera Roa, nació en Madrid en 1962. Es Ingeniero Informático perteneciente al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, ya jubilado. Ha trabajado principalmente en programación de aplicaciones, auditoría informática y ciberseguridad.

De pequeño componía pequeños poemas que regalaba a conocidos. Obtuvo un accésit en el Certamen Literario Blas de Otero siendo publicado su relato En el circo en la colección Nos queda la palabra (2005). Su primera novela La última librería. Misterio en la Villa del Libro ha sido publicada en 2023. Ha obtenido el primer premio en el  Certamen 2024 de Relato Corto AEINAPE y ha formado parte del jurado en el Concurso Escolar de Lectura en Público 2025 de Primaria y Secundaria de San Sebastián de los Reyes.  En la actualidad dirige y presenta el podcast de divulgación cultural La bicicleta de Sanse.

El libro puede adquirirse en:

https://tienda.navacerradapernatel.com/producto/un-haiku-en-el-valle-de-los-suenos-jose-miguel-vera/

(Texto y fotografía: Aeinape)

Nuestra guía Pilar Martínez Falero explicó detalladamente la historia de la Residencia. Creada en 1910, pretendía ser el germen de la nueva Universidad, concebida como un todo en el que frente al conocimiento teórico se potenciara el pensamiento crítico, el cultivo de las artes, el amor a la naturaleza y el ejercicio del deporte.

En un principio se instaló en un chalé de la calle Fortuny, pero pronto se hizo evidente la necesidad de su ampliación y, entre 1913 y 1915 se construyeron cinco funcionales edificios de estilo neomudéjar, según proyecto del arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta, en el lugar denominado los Altos del Hipódromo, poéticamente rebautizado como Colina de los Chopos por Juan Ramón Jiménez.

Por ella pasaron Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Jorge Guillén, Salvador Bacarisse, Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez, Manuel Machado, Severo Ochoa, Manuel de Falla, Unamuno, Ortega y Gasset y otros destacados intelectuales, bien como residentes o como asiduos participantes en las múltiples actividades que organizaba.

La Residencia de Estudiantes no era únicamente el lugar donde convivían cerca de 100 afortunados alumnos, sino además el primer centro cultural de España, promoviendo las relaciones con otras instituciones europeas. Los laboratorios del Pabellón Atlántico, dirigidos por Ramón y Cajal, y donde estudió Severo Ochoa, tenían igual importancia que el salón de actos del Pabellón Central, escenario de conferencias de Einstein, Howard Carter, Keynes y Marie Curie, y de conciertos de Manuel de Falla y Stravinski. También tuvo su propio sello editorial, fundado en 1913 y recuperado en 1990.

Durante el recorrido por sus jardines admiramos las adelfas, plantadas por Juan Ramón Jiménez en el Patio de los Poetas y el Canalillo, recuerdo arqueológico de las conducciones de agua árabes de Madrid; nos sentamos en el banco de piedra que homenajeaba a Jacobo Fitz-James Stuart, duque de Alba, uno de los principales promotores de la institución; vimos el busto del pedagogo Alberto Jiménez Fraud, primer director de la Residencia y nos asomamos a la ventana de una habitación que recreaba la que tuvo García Lorca, con su diván-cama, su mesa con el servicio de té, la pequeña librería, una antigua raqueta de tenis y una copia del cuadro “Naturaleza muerta, la botella de ron”, que Dalí le había regalado.

Al finalizar hicimos un breve recorrido por la exposición “Lorca y el archivo: Memoria en movimiento”. Junto a cartas manuscritas, textos inéditos, fotografías, dibujos y documentos varios, pudimos ver en dos vitrinas los vestidos que llevó Margarita Xirgu en “La casa de Bernarda Alba” y en “Doña Rosita la Soltera, o el lenguaje de las flores”. Todo ello configura una  interesante colección procedente de Madrid, Granada y Nueva York, reunida entre 1936 y 1960 por familiares y amigos del poeta.

Por último, una grata comida en el restaurante de la Residencia de Estudiantes ha puesto el broche final al ciclo de visitas culturales 2025-2026 de AEINAPE.

Esperando seguir viéndonos en el mes de septiembre, nos despedimos de vosotros y os deseamos que paséis un muy feliz verano.

(Texto y fotografías: Aeinape)

Cada dos años, se celebra en España este encuentro que reúne a antiguos alumnos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El objetivo de estos encuentros internacionales es doble. Por una parte, mantener y reforzar la cooperación permanente entre las personas egresadas del INAP de España. Por otra parte, reflexionar y compartir experiencias sobre la mejora de las administraciones públicas latinoamericanas y española y de los servicios públicos que prestan.

La Federación de antiguos alumnos, desde su fundación en 1984, viene promoviendo estos encuentros que se celebran anualmente a uno y otro lado del atlántico. Cada dos años corresponde a España el papel de anfitriona del encuentro, bajo la denominación de seminario internacional. En los restantes años alternos, los encuentros se celebran en los distintos países iberoamericanos bajo la denominación de congresos internacionales.

En la actual edición de 2026, el lema del seminario es el de “Ciudadanía digital, equidad y derechos”.  Están previstas las siguientes mesas redondas y paneles:

1. Evolución de la brecha digital: hacia una sociedad digital más inclusiva.
2. Edadismo digital y formas de exclusión de las personas mayores en el acceso a los servicios esenciales digitalizados.
3. La nueva administración pública: igualdad, protección de datos y autonomía digital.
4. El desafío digital del empleado público: retos y oportunidades.
5. Implicaciones éticas de la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea.

El XVIII Seminario Internacional está patrocinado por el INAP de España con la activa colaboración de la Asociación española de antiguos alumnos (AEINAPE). Cuenta también con la colaboración de la Universidad de Alcalá, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Ayuntamiento de El Escorial y Patrimonio Nacional.

El seminario está abierto al envío de comunicaciones.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 15 de junio a través de la página web de la Federación:

https://www.fiaaiinape.org/web/seminarios/xviii-seminario-2026

Se trata de una visita realmente excepcional, pues el acceso al Área de Conservación y Restauración del Museo del Prado está restringido al público general, por motivos de seguridad y conservación de las piezas.

Actuó como guía de la visita don Enrique Quintana, Coordinador jefe de restauración y documentación técnica, a quien debemos agradecer tanto la amabilidad como la gran profesionalidad con que atendió al grupo durante las cuatro horas del recorrido.

El taller es uno de los centros de referencia mundial en la preservación de obras de arte, célebre por devolver a pinturas de maestros como Velázquez, Goya o El Bosco su viveza original. El taller opera como un laboratorio de alta tecnología científica donde conviven técnicas tradicionales de restauración con radiografías, reflectografías infrarrojas y análisis químicos avanzados.

Cuenta con más 30 especialistas de carácter interdisciplinar, divididos en talleres específicos según el tipo de bien cultural:

Pintura: Dedicado a la limpieza de barnices, fijación de capas pictóricas y reintegración cromática de lienzos y tablas.

Marcos: Especializado en restaurar, limpiar y adaptar las estructuras de madera y oro que protegen y contextualizan las obras maestras.

Escultura y Artes Decorativas: Centrado en la conservación de mármoles, bronces, marfiles y piezas tridimensionales.

Papel: Encargado de la delicada manipulación y estabilización de dibujos, estampas y fotografías históricas.

La construcción inicial se debió a los arquitectos Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra, con un estilo clásico pero dotado de elementos historicistas. Se inauguró en 1891 con su acceso desde el Paseo del Prado por la llamada Puerta del Príncipe. Entre 1927 y 1936 tuvo lugar una primera ampliación, ejecutada por José Yarnoz Larrosa, con el Patio de Operaciones que da a la calle de Alcalá, y posteriormente una segunda por su hijo, Javier Yarnoz Orcoyen, entre 1968 y 1975. Finalmente en 2006 se completó el edificio con la inteligente actuación de Rafael Moneo incorporando la esquina de Marqués de Cubas con Los Madrazo.

Tras ascender por la majestuosa Escalera Imperial, pudimos contemplar esculturas mitológicas y coloridas vidrieras con diversas figuras simbólicas de estilo Art-Déco, el Salón del Consejo de Gobierno, presidido por las imágenes en gran formato de los Reyes Felipe y Leticia, de la fotógrafa Annie Leibovitz, los Comedores de Gala con frescos en el techo y unos exquisitos biombos chinos, y la Sala Isabelina, con varios retratos de personajes pintados por Goya, procedentes del fondo del Banco de San Carlos. En todas estas estancias vimos una pequeña muestra del riquísimo patrimonio mobiliario del Banco de España, que  consta de cerca de 4.000 piezas de alto valor artístico e histórico, consistente en tapices, muebles de factura excelente, lámparas, relojes, centros de mesa y candelabros. Especial importancia tiene la colección pictórica, que incluye, además de los Goya, obras de Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, Salvador Maella, Federico de Madrazo, Vicente López, etc.

En las plantas inferiores vimos el Patio de Operaciones presidido por el Reloj Central y cubierto por una espectacular vidriera, el Patio de Efectivo, actual biblioteca, el moderno Salón de Cobradores, con elementos neomudéjares, y una exposición, con fotografías de la Cámara del Oro, y diversas obras de autores contemporáneos, como el “Reflections in a Golden Eye” de Carlos Aires, que demuestran la voluntad del Banco de España de continuar enriqueciendo su importante colección artística.

(Texto y fotografías: AEINAPE)

LA DISCRIMINACIÓN POR SU EDAD DE LAS PERSONAS MAYORES

Según la OMS, son adultos mayores quienes tienen 60 y más años. En España, a finales de 2025, se registraban, de acuerdo con los datos del INE,13,4 millones personas en este grupo de edad. De ellas, más de 10 millones son mayores de 65 años, un 20,7% del conjunto de la población. Se trata, por tanto, de un colectivo con un peso sociodemográfico, político y económico importante y creciente, cuyos derechos humanos no deben ser invisibilizados.

El edadismo consiste en la discriminación de las personas en razón de su edad y, aunque puede afectar a otros grupos, por ejemplo, a los más jóvenes, son las personas mayores las que lo están sufriendo actualmente de forma más virulenta y silenciosa. Según la OMS, 1 de cada dos personas es edadista con los mayores.

Como otras formas de discriminación, el edadismo con las personas mayores se basa en estereotipos (cómo pensamos) y prejuicios (cómo sentimos), que etiquetan a los integrantes de este colectivo como personas improductivas, egoístas, frágiles, vulnerables e incapaces de tomar por sí mismas las decisiones que afectan a su vida cotidiana. En su versión más extrema, el edadismo se convierte en gerontofobia, un movimiento social que promueve la confrontación intergeneracional, presentando a quienes perciben una pensión pública de jubilación o reciben determinadas prestaciones sociales por su edad, como personas gravosas para la sociedad y privilegiadas frente a otros grupos más jóvenes, a quienes se atribuye la carga de sostenerlos en perjuicio de sus propios intereses.

Los estereotipos y prejuicios edadistas no reconocen la aportación a la sociedad y la diversidad de un colectivo muy extenso del que forman parte personas de edades y perfiles muy diferentes.  En términos sociosanitarios no es lo mismo tener 60 años que 90. Pero, además, en el proceso de envejecimiento de cada persona influyen, junto a su edad, otros muchos factores como la esperanza de vida de su país de residencia, su estatus económico y social, su nivel de estudios, su concreto estado de salud y su calidad de vida o sus relaciones sociales y actividades. Entre las personas mayores hay quienes siguen activos laboralmente, quienes gestionan su patrimonio personal o empresarial, quienes participan en los órganos de gobernanza de entidades financieras, empresas y administraciones públicas, quienes realizan tareas de voluntariado o quienes cuidan de otras personas aún más mayores o de menores.

El edadismo se concreta en prácticas discriminatorias e injustas, que afectan a la dignidad de los mayores y niegan su identidad individual, condicionando sus relaciones familiares, socioeconómicas y laborales. En el plano interpersonal, las personas mayores son víctimas con frecuencia de un lenguaje que las infantiliza, al tiempo que la publicidad las ridiculiza o las invisibiliza, confinándolas como posibles consumidoras únicamente al conjunto de bienes y servicios relacionados con los procesos de deterioro físico o cognitivo que suelen asociarse a la vejez.

En no pocas ocasiones, esta forma de discriminación es normalizada e interiorizada por las propias víctimas, que se acaban minusvalorando, autoexcluyendo o autolimitándose en sus actividades, sus relaciones o en su vida cotidiana.

Es, sin embargo, en el ámbito institucional, relativo a las políticas públicas y a la prestación de servicios públicos y privados, donde los españoles y españolas mayores perciben con más claridad la discriminación que padecen en razón de su edad. Así lo pone de manifiesto el Análisis de Impacto, según la Escala del Edadismo de la OMS, que la fundación HelpAge España ha realizado en nuestro país y que ha sido presentado en fechas recientes.

En este contexto, se relatan a continuación algunas de las prácticas discriminatorias más frecuentes en la vida cotidiana de las personas mayores.

1. Los derechos de las personas mayores no son siempre respetados en la atención sanitaria que reciben.

Las personas mayores se ven privadas, a menudo, de su derecho a la información médica o perciben cómo se cuestiona su libertad y su capacidad para adoptar decisiones sobre su propia salud. En ocasiones, el personal facultativo pide a las personas mayores que asistan a consulta acompañados de un familiar más joven, que es a quien se le solicita información sobre el estado de salud del mayor, se le facilita el diagnóstico, se le pide el consentimiento informado o se le requiere opinión sobre los posibles tratamientos. Con este trato, que invisibiliza y excluye al paciente mayor, el personal sanitario, posiblemente con buena intención, está conculcando el derecho a saber y a decidir de la persona mayor atendida.

Así mismo, los pacientes mayores son excluidos de numerosos programas públicos de promoción de salud y de cribado de enfermedades y su mayor edad es tenida en cuenta negativamente en el establecimiento de prioridades de atención en favor de personas más jóvenes. Estas prioridades de atención, en razón de la edad, afectan tanto a la confección de las listas de espera como al acceso de las personas mayores a urgencias, hospitalizaciones, ingreso en UVIs, UCIs, y unidades coronarias.

También suelen ser víctimas los mayores de un rechazo histórico para su inclusión inicial en los programas de diálisis crónica, para la prescripción de técnicas diagnósticas complejas (CT, SPECT, PET, RNM, algunas técnicas ecográficas, …) o para el acceso a determinadas formas de cardiología y técnicas de radiología intervencionista (pruebas angiográficas, punciones dirigidas, quimioterapia, etc. …)

Es posible que, algunas de estas limitaciones estén indicadas de acuerdo con el estado de salud de algunos pacientes mayores, pero, si es así, es imprescindible que se informe a cada mayor de las contraindicaciones y del riesgo/beneficio que puede comportar la realización de una determinada prueba diagnóstica o tratamiento, sin que se le niegue, a priori, el tratamiento correspondiente.

A estas prácticas discriminatorias, se suma un evidente déficit de geriatras. Según datos de la sociedad española de Geriatría y Gerontología, el Sistema Nacional de salud cuenta tan solo con 16 especialistas por cada 100.000 habitantes mayores de 75 años, con una implantación desigual de esta especialidad en las diferentes CC.AA. Un problema derivado de este déficit histórico es la polimedicación de las personas mayores y la ausencia de una atención sanitaria integral que aborde las posibles patologías relacionadas con la edad. Y si nos situamos en el ámbito de la sanidad privada, las personas mayores son rechazadas para la suscripción de pólizas sanitarias por la mayoría de las aseguradoras.

2. Más desempleo y desigualdad de trato de las personas mayores en el ámbito laboral.

La legislación española considera la jubilación como un derecho y no como una obligación, salvo en el caso de los empleados públicos, una excepción que también convendría revisar. Son los convenios colectivos y la práctica empresarial los que limitan la posibilidad de que quienes deseen o necesiten seguir trabajando al alcanzar los 60/65 años tengan todas las oportunidades para hacerlo.

Es un error, cometido con frecuencia, equiparar el concepto de mayor con el de persona jubilada. Hay personas que se jubilan antes de los 60 años. Otras siguen trabajando, por cuenta propia o ajena, más allá de los 70-75 años. Y, por supuesto, hay personas mayores que nunca se han incorporado al mercado laboral.

En este contexto, resulta especialmente preocupante el desempleo registrado en España entre los mayores de 50 años. Con casi 1.000.000 de personas en paro, los mayores representan el 29,26% del total de desempleados. Esta cifra se ha incrementado a pesar del aumento del empleo en general. Además, las tasas de paro de larga duración en la generación senior (55 y más) alcanzan cotas, dependiendo del sexo, próximas o superiores al 50%.

Es así mismo frecuente el despido de los trabajadores y trabajadoras más mayores cuando hay reducciones de plantilla, la contratación de personas mayores para puestos inferiores a su cualificación o su exclusión a efectos de promoción profesional o de formación.

Hay, sin duda, factores relacionados con los mayores costes salariales o con la posible desactualización de las capacidades que pueden explicar esta realidad. Pero hay también muchos prejuicios por parte de las empresas y de las administraciones públicas que consideran a priori menos productivas o capacitadas a las personas mayores.

Por último, la generación senior suele ser víctima de acoso laboral. A menudo, se les asignan objetivos más difíciles de alcanzar que los encomendados a otros trabajadores más jóvenes para el mismo puesto de trabajo y los empleados y empleadas más mayores suelen ser objeto de comentarios o insultos en su centro de trabajo, con el uso de expresiones como “está muy mayor”, “se ha quedado obsoleto”, “no se entera mucho” u otras similares.

3. La privacidad, la intimidad y otros derechos personalísimos de las personas mayores no están garantizados.

Las personas mayores no suelen disponer de espacios privados y seguros para el disfrute de la compañía e intimidad familiar, sin interferencias de terceras personas.  Esta falta de privacidad no resulta ajena al ámbito doméstico de los cuidados, pero es especialmente grave en las residencias y centros de día, en los que se comparten habitaciones o incluso se asea o se viste a las personas mayores a la vista de otros residentes o personas.

En esta misma línea, tampoco es respetado su derecho a la intimidad en el fin de la vida, de modo que, en muchos casos, la persona mayor no dispone en este trance de un entorno adecuado, que proteja su privacidad y promueva el respeto a sus necesidades espirituales y de comunicación con sus seres queridos.

Menos todavía se encuentra reconocido ni garantizado el ejercicio por las personas mayores de su derecho a la sexualidad. Las instituciones y familias no son conscientes de que la afectividad y la sexualidad son inherentes al ser humano en todas las etapas de su vida y, en consecuencia, no facilitan a las personas mayores un entorno privado que les permita expresar libremente su afectividad sin restricciones, promoviendo así un ambiente de inclusión y respeto.

En cuanto a los derechos digitales, ser mayor no equivale a ser analfabeto digital. Si hoy disfrutamos de un amplio abanico de TIC es porque la generación más mayor, desde finales de los años 60, impulsó la investigación en este campo. En el caso de España, ha sido también la generación senior la que, desde 1985, cuando estableció la primera conexión a internet en nuestro país, ha impulsado el proceso de modernización tecnológica de las empresas y de las Administraciones.

Es lamentable, por ello, que las estadísticas de Eurostat se limiten a dar información principalmente sobre la población entre 16 y 74 años y que no se haga el esfuerzo de ver, cómo a partir de los 75 años, pudieran afectar a las competencias digitales de las generaciones más longevas procesos que no tienen que ver con el analfabetismo digital sino con otros problemas de salud relacionados con la vejez.

Por otra parte, las limitaciones al derecho de acceso a las TIC de las personas mayores no siempre responden a lo que se viene denominando brecha digital. Muchas personas mayores se ven privadas por el personal que las asiste, tanto en los centros residenciales como en sus domicilios, de sus teléfonos móviles u otros dispositivos, con el pretexto de que se ponen nerviosas o se alteran sus rutinas. Estas limitaciones llegan en algunos casos al extremo de que sistemáticamente las llamadas telefónicas o los mensajes que recibe la persona mayor son atendidos por los y las cuidadoras.  Con ello, no solo se están mermando las habilidades tecnológicas de la persona mayor, sino también su derecho a la comunicación y a la privacidad de sus comunicaciones, aumentándose su sensación de asilamiento y de soledad no deseada.

Lo mismo ocurre con la falta de confidencialidad de los datos de carácter personal, especialmente los relativos a la salud, a los servicios financieros o a la vida personal de las personas mayores tanto en las residencias y centros de atención sanitaria como en sus domicilios y entornos. Esta situación no solo comporta una socialización indebida de los citados datos, sino también una mayor vulnerabilidad de los mayores ante fraudes o estafas u otros hechos delictivos.

La imposición a los mayores de una determinada imagen o de vestuario pensado para facilitar el aseo o la falta de consentimiento informado en los procedimientos médicos completan una realidad de vulneración de los derechos personalísimos de las personas mayores a la que se suman actitudes paternalistas o intrusivas en el trato por parte del personal de cuidados o de la propia familia que menoscaban su dignidad y merman su autoestima.

Por último, es de especial gravedad la ausencia de sistemas específicos de prevención y protección contra el maltrato y el abuso hacia las personas mayores, un déficit especialmente denunciable si tenemos en cuenta que una de cada seis personas mayores, según datos de Naciones Unidas, sufre maltrato.

4. Limitaciones al ejercicio del derecho de las personas mayores a decidir dónde y con quién vivir.   

El 82% de las personas entre 65 y 84 años prefiere vivir en su propio domicilio, pero esta opción no siempre es viable, especialmente para las personas con pensiones más bajas. Envejecer en casa cuando se precisa ayuda domestica o cuidados supone un coste que, en general no puede ser asumido por la persona mayor ni por su familia.

La pensión media de jubilación en España se sitúa en 2026 en 1.563 euros, según los datos oficiales, y si se incluye otro tipo de pensiones, esta cuantía baja a los 1.363 euros. Si ponemos en relación estas cuantías con el salario mínimo interprofesional, 1.221 euros, en catorce pagas, no es difícil comprender que la mayoría de las personas mayores, salvo que tengan ahorros o un patrimonio importante que vender o hipotecar, no estarán en condiciones de contratar una persona que les atienda o simplemente que les ayude con las tareas domésticas y, en consecuencia, no podrán elegir dónde y con quien quieren vivir y convivir. Además, aun cuando dispongan de una vivienda en propiedad, las obras para asegurar la accesibilidad y la movilidad acarrean costes adicionales, que tampoco pueden ser sufragados.

A la insuficiencia de las pensiones para sufragar los gastos de la vivienda y la contratación de alguien que les ayude, se suma un sistema de ayudas para la promoción de la autonomía personal que, además de lento, asocia las cuantías exclusivamente al grado de dependencia de las personas y que, en todo caso, no cubre más que una mínima parte del coste real de los cuidados (En Madrid, entre 313,50 y 747 euros para el máximo del grado III). Por ello, aunque estas ayudas constituyen un avance, no siempre es posible dar satisfacción con ellas al deseo de los mayores en situación de dependencia a permanecer en su domicilio y barrio habitual.

A esta situación se suma una legislación civil obsoleta que afecta muy negativamente a las personas mayores que enviudan y que ven como sus opciones de venta en nuda propiedad de su domicilio o la suscripción de una hipoteca inversa se ven condicionadas a la voluntad – y a veces a la necesidad- de los herederos del cónyuge fallecido, al menos en el sistema de régimen común, con excepción de la legislación aplicable en algunas Comunidades Autónomas que cuentan con legislación civil propia que permite testar en favor del cónyuge que enviude.

Hay, sin embargo, muchas medidas que se podrían implementar para respetar al máximo la libertad de elección de las personas mayores. Además de la revisión de la normativa, la búsqueda de nuevas formas de convivencia no debería dejarse exclusivamente a la iniciativa privada y se podrían establecer fórmulas de atención comunitaria y medidas fiscales o de seguridad social que minoraran los costes derivados de la contratación de personas que asistan y ayuden a las personas mayores para que puedan envejecer en su entorno.

5. Derechos de ciudadanía restringidos.

Las personas mayores no son escuchadas en la toma de decisiones públicas. Su participación está limitada, cuando existe, al ámbito de los servicios sociales. Sin embargo, son muchas las políticas públicas que afectan a su calidad de vida, sin que el colectivo esté representado en los consejos consultivos y para la participación de los correspondientes ámbitos sectoriales. Por consiguiente, sus necesidades y demandas no son tenidas en cuenta en cuestiones tan importantes como la movilidad, el impacto del cambio climático, el disfrute de una vivienda, la protección civil ante emergencias y catástrofes o la seguridad ciudadana. aun cuando las personas mayores se ven afectadas en mayor medida por asuntos como el cambio climático, la protección civil o la seguridad ciudadana.

Pero, hay también, otros derechos de ciudadanía que se ven restringidos. No puede ser, por ejemplo, que el D.N.I no sea susceptible de renovación a partir de los 70 y que la fecha de caducidad de los emitidos más recientemente con carácter permanente sea 9999. El DNI permanente parece encubrir el mensaje negativo subyacente de que o bien, en breve, la persona será incapaz de tramitar una nueva renovación, o bien de que, al faltarle pocos años para morirse, no merece la pena la renovación de su documento, lo que resulta devastador. Además, muchas personas mayores viajan y los sistemas de control para entrar en algunos países requieren una documentación personal con un periodo de vigencia de x meses de validez y no siempre reconocen esa fecha exótica del año 9999.

Lo mismo cabe decir de las limitaciones por edad para ser miembros de las mesas electorales.  Una cosa es que las personas puedan alegar su edad para eximirse del cumplimiento de este deber y otra muy diferente que quienes quieran formar parte de una mesa no puedan hacerlo, a partir de los 70 años.

También resultan cuestionables algunas limitaciones en materia de licencias para conducir que, en vez de evaluar la salud, se centran en la edad cuando no en el aspecto más o menos senil de las personas evaluadas por los centros gestores del carnet de conducir. Las personas mayores conductoras no son las que más causan más accidentes, según los datos de las aseguradoras, y cuando se ven involucradas. lo hacen sobre todo en calidad de peatones. Aplicando el criterio de la mayor fragilidad física de los mayores en caso de accidente, que es el propugnado por la DGT, llegaríamos al absurdo de tener que limitar también su movilidad como peatones en vez de como conductores, lo que nos conduciría al absurdo de que lo más seguro para la persona mayor es no salir de su casa. Los avances tecnológicos en los vehículos permiten, por otra parte, formas de conducción más amigables y seguras para todas las edades, algo que debería ser tenido en cuenta por los poderes públicos.

AVANCES Y PROPUESTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES.

La sociedad española y, en especial el colectivo de las personas de 60 y más años, está tomando cada vez más consciencia de la necesidad de poner fin al edadismo, promoviendo y protegiendo sus derechos. Las políticas para un envejecimiento activo y saludable, con ser convenientes, no sustituyen otras que deben estar orientadas al aseguramiento del ejercicio por las personas mayores de la totalidad de sus derechos y de una ciudadanía plena.

La aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que prohíbe la discriminación por edad como un posible factor de discriminación, constituye un paso muy importante en el camino hacia la mejor protección de los derechos humanos. Lo es también la creación de la Autoridad Independiente, a la que acudir en caso de discriminación.

Sin embargo, no es suficiente. A nivel internacional, constituye un paso muy positivo que se esté trabajando, con la participación de las personas mayores, en un grupo específico en el seno de las Naciones Unidas para la elaboración y aprobación de una Convención Internacional de derechos humanos de las personas mayores, como instrumento jurídico vinculante para requerir a los Estados una política activa para la promoción y protección de tales derechos.

Pero, además, España debería liderar la igualdad y no discriminación de las personas mayores en el ejercicio de sus derechos constitucionales, mediante la aprobación de una ley integral de protección de los derechos de las personas mayores. Esta ley debería configurarse como un instrumento jurídico de aplicación general. que limite al máximo los abusos y los malos tratos a los mayores y que permita pasar de un enfoque exclusivamente asistencial a otro más garantista que, además de cubrir este flanco, se centre en la protección de todos los derechos de las personas mayores. Este instrumento jurídico debería asegurar, así mismo, la inclusión en todas las políticas públicas la perspectiva de edad, de forma que las necesidades de las personas mayores sean atendidas y su voz sea escuchada.

Sin duda, hasta que esa ley llegue, es imprescindible seguir promoviendo iniciativas concretas para erradicar el edadismo y promover políticas públicas de promoción y protección de los derechos de las personas mayores. En esta línea, siguiendo el Análisis de impacto, según la escala del edadismo de la OMS, validada para nuestro país por HelpAge International España, resulta recomendable la adopción, entre otras, de las siguientes medidas que pueden ser adoptadas son las siguientes:

• Promover una imagen positiva del envejecimiento en los medios, en la publicidad y a través de la cultura.
• Revisar las políticas públicas sectoriales y la normativa vigente e impulsar las reformas pertinentes.
• Impulsar medidas de cuidado y apoyo comunitario para que las personas mayores puedan permanecer en su domicilio.
• Promover la educación a lo largo de la vida.
• Tratar el edadismo también como un problema de salud pública.
• Sensibilizar a edades tempranas, promoviendo la intergeneracionalidad.
• Favorecer la participación activa de las personas mayores en la toma de decisiones e Incluirlas en todos los órganos colegiados para la participación
• Reforzar la investigación y la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de edad.

En suma, las personas mayores cuentan y, en el futuro, van a contar aún más debido al incremento de la longevidad. Las personas mayores tienen derecho a tener derechos.

Sobre la autora:

Lola Carrión Martín es patrona de la Fundación HelpAge International España. Administradora Civil del Estado, ha sido Delegada del Gobierno en Madrid y Subsecretaria de Administraciones Públicas y de Cultura.