Los esfuerzos y costes sociales que la gestión de la crisis han impuesto a la ciudadanía durante los últimos años, han agudizado el problema de la confianza en relación con la organización y actividad diaria de los poderes públicos. Si esta confianza en las instituciones públicas en España alcanzaba ya niveles inferiores a la media europea antes de la crisis, las restricciones impuestas por la política fiscal y los recortes en los servicios públicos, han despertado una percepción más crítica y exigente respecto a las realidades del poder y al deterioro en las prestaciones del Estado de Bienestar.

No estamos ante un problema exclusivamente español, sino ante un fenómeno sistémico, de carácter global, con incidencia agravada en los países del sur de Europa. La compleja macro-economía social aplicada por los partidos con responsabilidad de gobierno y el problema de la consistencia analítica de los movimientos emergentes y sus proyectos y estrategias políticas, han incrementado la lejanía entre las autoridades oficiales y la ciudadanía, en el primer caso por pura desconexión de la realidad y, en el segundo, como consecuencia de la indignación y confusión ciudadana.

 

Los fallos en cuanto a la vigencia de los valores institucionales del Estado de Derecho, así como los síntomas de quiebra de la integridad, independencia y transparencia del funcionamiento administrativo –aún cuando estén relacionados con casos no generalizables–, hace que los pasos adelante llevados a cabo en materia de reforma y racionalización de las administraciones públicas, así como los cambios legislativos y organizativos para mejorar los controles y endurecer los castigos contra las distintas modalidades de corrupción, desviación de poder y falta de trasparencia, resulten claramente insuficientes para contrarrestar la percepción de una ciudadanía a la que se le ha pedido unos sacrificios que, según la propia OCDE, han incrementado considerablemente la desigualdad y la exclusión social.

Este conjunto de factores aproxima la confianza ciudadana que está en la base de todo Estado de Derecho, a una mera ficción en la que la participación democrática pierde todo vigor, y la credibilidad de la ciudadanía busca nuevos discursos y principios. Lo crítico de la situación se agudiza, además, cuando este análisis se enmarca en el hecho de que la legitimidad política tiene como única fuente la periódica consulta electoral.

Existe un común acuerdo al considerar que el indicador de la confianza es “el canario en la mina”, es decir la última medida preventiva contra la falta de oxigeno democrático que convierte en inhabitable el ambiente. Las alertas de distintos barómetros de confianza (Edelman, Gallup, Trasparencia Internacional…) muestran ya un importante gap entre la media de la confianza social en las empresas privadas (58%) y la confianza en el gobierno (44%), gap que supera los 20 puntos en el caso de algunos países como España, Italia e Irlanda. Y decir que la gente tiene el doble de confianza en lo privado que en lo público es tanto como abdicar del liderazgo y superioridad moral del interés general, de los principios constitucionales y de los valores que integran nuestra cultura política.

La corrección constitucionalmente prevista para estos desajustes radica, esencialmente, en el tercer poder: el sistema judicial para la resolución de conflictos, garantizador de la vigencia de los derechos y de la aplicación igual de la ley para todos. Pero según la OCDE el promedio de confianza en la justicia de los países miembros alcanza solo el 50%, a considerable distancia de la confianza que los ciudadanos tienen en el sistema de salud público (71%) o la educación pública (66%). De modo que el mecanismo que asegura la independencia, integridad y justicia solo roza el aprobado.

El acceso a una justicia civil asequible, efectiva, imparcial y competente, libre de discriminación y de influencias, administrada en un tiempo razonable, constituye una de las columnas básicas sobre las que descansa el Estado de Derecho –junto con los demás pilares constitucionales: derechos fundamentales, limitación de poderes e imperio de la Ley–; pero también aquí, la calificación promedio de la justicia está por debajo de la que obtienen los demás ejes constitucionales.

La información sobre la eficacia y eficiencia en la gestión, accesibilidad, equidad y no discriminación, tiempo de respuesta, etc., de los servicios públicos prestados por las distintas administraciones, constituyen un factor clave por el que la ciudadanía evalúa la calidad de los servicios públicos que recibe y contrasta los resultados de la gestión con los discursos y promesas electorales, retroalimentando su confianza en las instituciones del Estado en sus distintos niveles.

Un servicio público sin evaluación ni indicadores configura una organización opaca y propensa al clientelismo. La merma de capacidad del sistema para sanear las desviaciones que se producen en las actividades públicas y el papel trapacero del partido político que lo dirige, condenan al sistema a buscar soluciones fuera de su propia racionalidad sistémica.

Las reformas legislativas y las campañas institucionales, siendo importantes, no han conseguido contrarrestar los efectos demoledores de la corrupción. Es urgente la corrección de estas desviaciones, así como el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones y procesos constitucionales. Y es indudable que la calidad de la democracia y la confianza en las instituciones públicas dependen –directamente– de la percepción que la ciudadanía tenga de la materialización efectiva de los valores, organización y funciones propios del Estado de Derecho.

La formulación de una definición precisa con indicadores que ofrezcan con objetividad y precisión la posibilidad de comparar resultados entre distintas administraciones y modelos está al alcance de la mano. Ofrecer una comparación y examen homogéneo entre diferentes sistemas nacionales y sub-nacionales, no es un problema metodológico o de recopilación y análisis de datos; se trata más bien de una cuestión de empoderamiento ciudadano, de priorizar estrategias que permitan ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de realizar un escrutinio objetivo de los resultados que producen la aplicación de las políticas públicas.

A nivel internacional, la OCDE ofrece un examen cada vez más completo en los 34 países que la integran, información basada en gran medida en los datos recogidos por los sistemas estadísticos y sociológicos nacionales y observatorios internacionales; pero a nivel sub-nacional no parece que exista interés en cuanto a poner a disposición del público un escrutinio que puede poner en evidencia los pobres resultados de algunas formas de gestión pública. Tenemos la información y tenemos la capacidad de analítica, pero falta la anuencia política para potenciar su uso ciudadano.

La aplicación de esta estrategia integral a nuestro modelo territorial supondría ofrecer al electorado una comparación objetiva y sistemática entre indicadores de eficiencia, satisfacción con los servicios públicos, y nivel de transparencia y confianza en las instituciones.

De esta manera se podrían compartir las mejores prácticas de gestión, promover la trasparencia presupuestaria, acotar el debate demagógico, comparar la carga fiscal de los distintos territorios y el nivel de los servicios sociales que ofrecen. Todo ello mediante un sistema contrastado de auditoría independiente que incluya los gastos extrapresupuestarios a través de empresas públicas y que permitiría, por ejemplo, desideologizar la opción por la gestión privada de lo público mediante la comparación de la calidad y eficiencia que ofrecen estas experiencias en distintos modelos autonómicos.

Esto llevaría a la ciudadanía a disponer de una información clara sobre lo mejor y lo peor del funcionamiento de sus administraciones, exigir las correcciones necesarias para mejorar la relación coste-beneficio de sus acciones y castigar electoralmente los modelos clientelistas y menos eficientes, lo que equivale a un empoderamiento ciudadano a través del uso crítico de la información.

Fernando Sánchez-Beato Lacasa