FUNCIONARIOS, POLÍTICOS Y DIRECTIVOS

En los últimos años, proliferan los análisis de quienes destacan la necesidad de poner trabas a la posibilidad de que los altos funcionarios puedan desempeñar puestos de responsabilidad en las Instituciones del Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales. Se ha generado un movimiento en contra de que quienes conocen en profundidad  el funcionamiento de las Instituciones públicas, puedan dirigirlas o desempeñar las más altas responsabilidades
Si los partidos políticos que en cada ocasión tienen la mayoría parlamentaria necesaria, consideran la utilidad de que altos funcionarios puedan ser nombrados para los más altos cargos de la organización administrativa, se tratará de una decisión perfectamente legítima y democrática, pues coloca al frente de ella a personas que combinan el saber experto con la confianza exigible por quien tiene la responsabilidad política.
Probablemente por influencia anglosajona, algunos autores, incluso quienes reflexionan sobre la Administración Pública, realizan  tajantes afirmaciones  sobre la posibilidad de que los altos funcionarios se dediquen a la política y luego regresen a sus puestos de trabajo, una vez concluida la etapa de especial responsabilidad. Señalan exactamente:”Los jueces que se dediquen a la política no deberían volver a la judicatura. Lo mismo debería ser de aplicación para los altos funcionarios de las Administraciones Públicas. Todo el mundo tiene derecho a dedicarse a la política pero la salud pública, en versión mujer del césar, exige que no todo el mundo pueda tener derecho a volver a su posición anterior”.
Estas ideas, que parecen más producto de una ocurrencia, que diría el profesor Maravall, son especialmente dañinas para nuestro sistema democrático, para la circulación de las élites y para el funcionamiento eficaz del Estado de derecho. Puede aceptarse que los jueces y fiscales no vuelvan a los mismos juzgados o a los mismos asuntos , pero ¿ y  los registradores de la propiedad, los notarios, los abogados del Estado, los administradores superiores, los diplomáticos, los inspectores financieros, los catedráticos de universidad, los profesores de bachillerato? Repasemos por ejemplo los presidentes del Gobierno español Suárez, (funcionario), Calvo Sotelo , empresario, (del cuerpo de Ingenieros de Caminos),Felipe González, abogado,  Jose María Aznar,( Inspector financiero), José Luis Rodríguez Zapatero ,abogado, Mariano Rajoy, (registrador de la propiedad). Esta proporción se incrementa notablemente entre los Vicepresidentes y Ministros entre los que hay que recordar a Abril Martorell, Francisco Fernández Ordóñez,  Javier Moscoso, Soraya Sáenz de Santamaría, María Teresa Fernández de la Vega, Alfredo Pérez Rubalcaba, Pedro Solbes, Cristóbal Montoro.
Por una parte, constatamos que  la profesionalización acusada de los políticos  les aleja de la sociedad y ahí están las encuestas del CIS para recordarlo: Desde junio de 1988 , entre los tres problemas principales que existen en España aquel que se refiere a los políticos, en general, los partidos políticos y la política no ha dejado de ascender :junio  88 (1,6 %)Marzo 2002 (4,6 %)Mayo 2204 (4,8 %) julio de 2008 (6 %) abril de 2009 (8,8 %) Marzo de 2013 (31,4 %)julio de 2013 (27,6 %),septiembre 2013 (28,2 %).Esta situación contrasta con la consideración positiva de los funcionarios públicos , con el funcionamiento eficaz, en general, de los servicios públicos y con la casi absoluta ausencia de casos de corrupción en la que estén implicados funcionarios públicos , seleccionados y formados para cumplir con sus obligaciones de servicio público .
En España, nuestra legislación en materia de función pública contrae con los funcionarios que desempeñan altos cargos alguna obligación y no pocos riesgos. Empecemos por las obligaciones:
•    Para el desempeño de determinados puestos de trabajo, establecidos en la LOFAGE (Ley Orgánica de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado),los puestos de trabajo de Subsecretario, Secretario General Técnico, de Director General (con excepciones) y de subdelegados del gobierno deberán ser desempeñados por funcionarios públicos. En el caso de los Directores Generales, aunque la inmensa mayoría están desempeñados por funcionarios públicos, lo que les dota de una cierta estabilidad, el Consejo de Ministros puede exceptuarlos de la posesión de la condición de funcionarios públicos (cuestión que realiza con frecuencia pero no sin coste cada uno de los Gobiernos). Debería avanzarse, además, en la delimitación del concepto de directivo público, capacitado para el desempeño de los más altos puestos de la Administración: funcionarios públicos los hay de muchos tipos y niveles, pero la preparación, formación  selección adecuada sólo es predicable de algunos.
•    Con cierta frecuencia, el desempeño de puestos de esta naturaleza conlleva que algunos funcionarios puedan incluso disminuir sus retribuciones, lo que añadido al factor riesgo, siempre peligroso según los cánones de la organización burocrática, genera  dificultades a la hora de cubrir determinados puestos de director general.
•    El funcionario público nombrado para un alto cargo pasa a la situación de servicios especiales que le garantiza un reingreso automático, a un puesto de trabajo con retribuciones similares a  las que tenía cuando dejó de prestar servicios en la situación de activo.
Vayamos ahora con las dificultades:
•    Es muy difícil que el alto funcionario que ha desempeñado altos cargos se incorpore a la organización y desempeñe puestos directivos con responsabilidades administrativas. Generalmente, la “mochila”, que no resuelve el problema del regreso de los altos cargos -funcionarios a la Administración, se convierte en un colchón en el que, con frecuencia, se entra en el ostracismo y del que sale con mucha dificultad y el  (en la inmensa mayoría de los casos porque el directivo no puede, bien porque no hay ofertas o porque es rechazada su solicitud, pero en otros casos porque no quiere salir, precisamente por las dificultades que comporta).
•    La “organización”, incluso cuando se trata de personas del propio partido político bajo cuyo mandato se desarrolló la carrera del alto funcionario no confía en él. Lo considera gastado,  anticuado, o simplemente quemado y, por tanto, peligroso. Sin embargo, cualquier análisis de recursos humanos pondría el acento en aprovechar debidamente la experiencia  y conocimientos de quienes han tenido altas responsabilidades, que podrían contribuir precisamente a mejorar la negativa opinión que de la política tienen los españoles.

Como el profesor Baena demostró en su estudio de las élites político-administrativas, para algunas capas de esas élites el desempeño de altos cargos ha supuesto un ascenso social y el paso a la pertenencia de colectivos más privilegiados, pero buena parte de quienes han desempeñado los altos cargos lo han hecho como correlato natural de su carrera profesional .Especialmente desde que la Administración Pública creció exponencialmente a partir de  los años 80, coincidiendo con la expansión del Estado del Bienestar (dado por muerto por el rey Guillermo de Holanda) y la implantación de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos democráticos, el número de funcionarios públicos que han desempeñado altos cargos es ingente.
Frente a esta situación, nosotros preconizamos una carrera administrativa horizontal y vertical que permita el desempeño de los más altos puestos dentro de la pirámide de las Instituciones, volviendo a puestos de trabajo  en los que pueda aprovechar la Administración Pública racionalmente los conocimientos y experiencias adquiridos. Un Estatuto del directivo es necesario. Un Estatuto que permita el desempeño de altos puestos en la organización administrativa a quienes conocen en profundidad las políticas públicas por su pertenencia a colectivos profesionales especialmente seleccionados y formados y que, posteriormente a su cese, no sean castigados por la organización, sino que se les reconozcan los servicios prestados  y conserven las categorías profesionales adecuadas. Un Estatuto del Directivo que clarifique, dentro de lo posible, los ámbitos de decisión que deben ser exclusivo desempeño del mérito y la capacidad.
Las  ideas que pretenden responsabilizar a los funcionarios de los problemas de nuestro país no tienen justificación científica alguna. Los altos funcionarios en el desempeño de responsabilidades de dirección de las políticas públicas pueden aportar conocimiento experto, honradez y capacidad de gestión pública, que en los Estados desarrollados suponen incrementos de valor que no es muy inteligente despreciar.

DICIEMBRE DE 2013.