Este pretencioso título podría recordar las fórmulas que los arbitristas hispanos de los siglos XVI y XVII proponían para curar los males de la decadente España. En todo caso, sea cual sea su redacción, el presente papel es un intento de analizar someramente nuestros presentes problemas y avanzar algunas elementales ideas para actuar cara al futuro.

La sociedad española está en una situación complicada, de cuya salida con éxito depende, probablemente, su futuro próximo. Esta situación deriva de varios factores que, simplificando, podrían enunciarse como el económico-social, el político y el territorial.

Factor económico-social

Recientes análisis parecen mostrar un notable incremento de las desigualdades económicas en la población española y un importante aumento de los niveles de pobreza. Inserto en esto hay la insoportable tasa de desempleo (entre 4 y 5 millones de parados) que, cabe pensar, si no se remedia en razonable medida, debe suponer, antes o después, un riesgo grave para la estabilidad y la cohesión social. Esta circunstancia es particularmente preocupante pues, teniendo en cuenta la evolución de las estructuras económicas, el paro cronificado y de larga duración acaba con todas las perspectivas laborales de los afectados y les convierte, de por vida, en obligados beneficiarios de la asistencia social.

Un aspecto positivo de la estructura económico-social en España es la existencia de una serie de sectores, agrícolas, industriales y de servicios, competitivos y a la cabeza del desarrollo técnico en el mundo, lo que explica, en buena medida, el nivel de relativa prosperidad en que la sociedad española está instalada.

Esto dicho, cabe alguna reflexión sobre el contexto económico internacional en que estamos insertos. Guste o no, el sistema español es capitalista y de economía de mercado, corregido o atemperado por los principios y las acciones del Estado social de Derecho que la Constitución proclama. Otros sistemas, como el marxista con distintas modalidades, se han aplicado en diversos lugares y épocas históricas, con resultados económicos, a la larga, ineficaces o perjudiciales y con altos costes de sufrimiento para muchos millones de seres humanos. Viene esto a cuento porque algunos recientes líderes parecen querer corregir abusos de ciertos agentes económicos con fórmulas que, a la larga, pudieran acarrear perjudiciales consecuencias. Ejemplo: suenan, en principio, bien las propuestas antidesahucio. El malo señalado suele ser, en estos casos, la Banca. Pero, una vez instalado el indigente o la familia sin recursos de turno en la vivienda socialmente expropiada, ¿quién paga?; ¿el banco afectado que, siendo una empresa mercantil se ve obligado a ejercitar la caridad?; ¿el Estado o una entidad pública, es decir, todos los contribuyentes? Si la obligación se impone al primer agente, o sea, al banco, cabe pensar que, al cabo de cierto tiempo y con aquella obligación generalizada, la actividad ordinaria, concesión de créditos, por ejemplo, se verá sustancialmente mermada.

Pero, para completar el razonamiento, ha de recordarse que España es un país integrado en un contexto europeo e internacional del que es sumamente dependiente. Nuestra economía y nuestro bienestar dependen fuertemente de decisiones que toman burócratas de Bruselas o gestores de fondos de inversión afincados en Nueva York, Glasgow o Pekin, que siguen atentamente la evolución de nuestra economía y no dudan en actuar, desde luego sin pedirnos permiso, con decisiones que nos afectan gravemente. Lo dicho es para recordar una banalidad: que si la soberanía tuvo, en alguna época histórica, algún sentido, hoy apenas lo tiene ya (entre paréntesis, oir hablar de la soberanía catalana sólo puede producir hilaridad) y cualquier político o gestor prudente, en cualquier país o lugar del mundo, ha de tener muy en cuenta las limitaciones que a su acción imponen la fuerza y el poder de muchos y muy variados actores del entorno internacional.

Factor político

Diversas encuestas recientes han puesto de relieve el alto grado de desafección de los españoles hacia su clase política y las últimas elecciones generales han sustituído una estructura representativa esencialmente bipartidista por otra multipartidista, con entrada en fuerza de nuevos actores políticos. Las causas del fenómeno pueden ser varias, pero parecen determinantes la extendida percepción de que los políticos no persiguen el interés general sino el suyo particular y el de sus partidos y, como consecuencia, una abundante corrupción, que muchos consideran generalizada.

Permítaseme una afirmación muy general que, probablemente, exigiría excepciones o matices: en España, todos los partidos políticos cuyos miembros han ejercido o acaparado poder han experimentado casos de corrupción más o menos extendida. Para ser más preciso, lo dicho ha de aplicarse en la España actual, esencialmente, al PSOE, al PP y a CiU. Me explico. Sin entrar en largas disquisiciones jurídico-políticas, en todas las sociedades humanas ha existido siempre la distinción entre gobernantes y gobernados, los que mandan y los que obedecen. La gran novedad de los últimos doscientos cincuenta años, en las sociedades más desarrolladas modernas (esencialmente europeas y norteamericanas) ha sido la implantación de una serie de sistemas y mecanismos para el control del ejercicio del poder, para limitar la autoridad, la arbitrariedad o el despotismo de los gobernantes. Y esto es lo que, en buena parte, ha faltado o fallado en la democracia española desde 1978.

Entiendo que esos mecanismos de limitación del poder son, o deben ser, los siguientes:

a. Una Administración pública competente, neutral, bien formada, con ingreso de sus miembros por sistemas de selección objetivos (las oposiciones) y con suficientes medios técnicos y económicos.

b. Un sistema judicial igualmente competente e imparcial, bien dotado en personal y medios materiales.

c. Una oposición parlamentaria técnicamente bien preparada y eficaz.

d. Unos medios de comunicación, periódicos, radio y emisoras de TV, diversificados, independientes del poder político y bien dotados personal y materialmente.

Esos mecanismos, en parte, han existido en España, especialmente los últimos años, lo que ha permitido exponer, limitar y corregir abusos, pero no han eliminado completamente el problema, como ilustran los numerosos casos de corrupción actualmente enjuiciados.

Empezando por los controles administrativos, estos existen, pero han sido en gran medida marginados por la combinación de un poder excesivo de algunos políticos (en particular, en los ámbitos local y autonómico) y la abundancia y las facultades otorgadas al personal eventual, supuestos asesores, nombrados discrecionalmente por los propios políticos, más por razón de parentesco o lealtad partidaria que por competencia o imparcialidad. Una Administración pública independiente y competente es un poderoso instrumento de organización y buen gobierno y ejemplos históricos hay (Francia durante la IV República) en que un país se ha desarrollado vigorosamente, a pesar de la debilidad e inconsistencia de su clase política, impulsado por una Administración pública eficaz y bien organizada. España dispone de excelentes funcionarios que, en el ejercicio de sus competencias, podrían ser un sólido baluarte de eficacia y buen hacer profesional frente a las posibles incompetencias, veleidades o arbitrariedad de los políticos.

Los controles judiciales están funcionando, pero la insuficiencia de medios, tanto personales como materiales, de la Administración de justicia, la lentitud de los procedimientos y, en ocasiones, el excesivo garantismo limitan la eficacia y visibilidad de los resultados.

Los controles parlamentarios han estado muy condicionados por las recientes mayorías absolutas y las rigideces de los reglamentos parlamentarios.

Los controles mediáticos se están mostrando últimamente bastante efectivos para exponer a la opinión pública abusos y corruptelas de algunos miembros de la clase política, pero no pueden sustituir eficazmente los mecanismos formales de control antes expuestos.

Factor territorial

España tiene un grave problema de integración territorial, principalmente con Cataluña, pero también con las otras dos comunidades consideradas históricas: País Vasco y Galicia. Es cuestión muy compleja, cuyos orígenes históricos y formas de manifestación han sido ampliamente debatidos y no parece que algo útil pueda decir aquí a este respecto. Por ello, me limito a esbozar más adelante alguna sugerencia que pudiera contribuir a buscar vías de solución.

QUÉ HACER

Es lugar común que, tras las recientes elecciones, el país necesita un nuevo Gobierno que

a) tenga el suficiente apoyo parlamentario que le otorgue estabilidad;

b) gobierne o, al menos, intente resolver los problemas del país;

c) dé confianza a los gobiernos e inversores extranjeros.

El logro de esos objetivos no parece fácil. El PP y su líder han obtenido un sólido apoyo electoral, pero no han llegado a la mayoría absoluta del Congreso. Necesitan aliados, que no parecen encontrar, pues las demás fuerzas políticas rechazan tanto a ese partido como a su líder.

El PSOE, con menos escaños que el PP, parece tener dificultades para forjar una mayoría de izquierdas, por las exigencias de Podemos, que plantea la necesidad de un referendum en Cataluña, al que el PSOE se opone, y la relativa pequeñez y el carácter soberanista de otros grupos políticos con representación en el Congreso. Estos obstáculos se hacen más difíciles de superar si se considera el reciente y sorprendente, por no decir sorpresivo, ultimátum de Podemos al PSOE, dando ya por hecho un gobierno de coalición de izquierdas en condiciones preestablecidas por la cúpula del propio Podemos.

Ante esta situación, y para evitar unas nuevas elecciones generales, que prolongarían la actual parálisis y pocos parecen desear, la única salida, difícil aunque quizá posible, sería, con matices y condiciones, la propuesta del líder de Ciudadanos, que me permito modificar y completar.

Un Presidente del Gobierno, no miembro del PP, quizá el propio líder de Ciudadanos. Dos Vicepresidentes, uno un miembro del PP, otro un miembro del PSOE. Unas carteras ministeriales repartidas entre miembros de la coalición PP, PSOE y Ciudadanos que, a partir de los escaños obtenidos por cada fuerza de la coalición, pudiera dar satisfacción a todos.

Un programa de gobierno, que tendría que ser debatido y consensuado, con importantes concesiones del PP respecto de las últimas leyes aprobadas por él (seguridad ciudadana, programa económico y educación, principalmente), que han suscitado fuertes rechazos en sus socios. El programa económico debería incluir prudentes medidas de reactivación económica y protección social, sin caer en los excesos antes apuntados, que podrían encontrar resistencias, tanto en agentes económicos internos como en nuestros socios europeos y mundiales. A este respecto, cabe recordar la importancia de nuestros deberes de reducción del déficit público, cara a Bruselas.

En aplicación de algunas observaciones antes expuestas, un compromiso firme debiera asumirse, y las pertinentes acciones aplicarse, para fortalecer la Administración pública, mejorando sus medios y desembarazándola, en la medida de lo posible, del personal eventual que, con las excepciones que se quiera, degrada y politiza los órganos en que actúa. También deberá dotarse a los órganos judiciales de los medios personales y técnicos que les permitan mejorar su labor, especialmente disminuir la excesiva lentitud de su actividad. Decidido impulso deberá darse a todas las actuaciones contra la corrupción, en particular, con el fortalecimiento de los mecanismos de control citados.

El problema territorial sólo parece poder resolverse por la vía de la reforma constitucional, cautamente negociada y con intervención de los representantes de las comunidades autónomas. Un factor esencial que ha de preservarse es la solidaridad interregional, que no puede verse negativamente afectada por el respeto a pretendidas particularidades regionales o autonómicas.

José M. Bretal