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“El castillo encantado”.

 

Acuerdo Marco 26. Servicios de Desarrollo de Sistemas de la Información

El sector español de las tecnologías de la información, especialmente pequeñas y medianas empresas, se sienten agraviadas por la actuación injustificada, deliberada y reiterada de la Dirección General del Patrimonio del Estado – Subdirección General de Compras (en adelante DGPE), respecto al procedimiento para la contratación de los servicios de desarrollo de sistemas de información. Esta contratación se venía realizando a través del Acuerdo Marco 25/2002, cuya vigencia era de cuatro años, por lo que desde el año 2006 se encontraba en una situación irregular, ya que la DGPE no había realizado las acciones necesarias para la convocatoria de un nuevo Acuerdo Marco, con el consiguiente perjuicio para todas aquellas empresas que en el año 2002 no accedieron a su inclusión en el mismo.
El Acuerdo Marco tan deseado fue licitado a comienzos del año 2010 y adjudicado a finales de ese mismo año, a través del expediente denominado AM26/2010. Sin embargo, dicha adjudicación fue declarada nula y sin efecto por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ya que los pliegos no incluían los criterios de valoración de las ofertas que finalmente se aplicaron en la adjudicación.
En el año 2011, se dio curso al expediente AM26/2011, que fue adjudicado en octubre y recibió trece recursos contra su resolución de adjudicación, presentados ante el Tribunal mencionado, que se pronunció en diciembre 2011, aceptando los argumentos esgrimidos por algunos de ellos, lo que dio lugar a una nueva evaluación y a la última adjudicación de la DGPE, que fue notificada con fecha 28 de marzo de 2012.
Contra esta adjudicación se han presentado nuevos recursos en el Tribunal Administrativo Central de Recursos, que aún están pendientes de resolución, por lo que el proceso, iniciado hace más de dos años, aún no está concluido.
Como primera pincelada, resulta asombroso que desde el año 2006 no se haya resuelto de una forma clara la contratación de estos servicios, que parecieran de interés especial para todas las Administraciones Públicas por lo que suponen de incorporación de tecnología, política de acercamiento al ciudadano y, en muchos casos, reducción del gasto público.
Pero adicionalmente, y sin querer entrar al detalle de ambos procesos que han consumido los últimos dos años sin llegar a consolidarse aún, el factor clave ha consistido en la limitación que la DGPE ha impuesto en el número de empresas adjudicatarias.
Suponemos que para dar entrada a un número manejable de compañías oferentes, se ha dejado arbitrariamente fuera al resto, a pesar de cumplir con todos los requisitos del pliego de condiciones y estar en capacidad de presentar ofertas competitivas, beneficiosas y de calidad.
En el AM26/2010 no se definía el número de empresas que finalmente serían aceptadas, y en el AM26/2011 se vieron obligados a especificar que solamente se aceptaría un 40%, dejando fuera de la contratación el 60% de las ofertas, que parece un número absolutamente desproporcionado.
Los criterios de selección de ambos Acuerdos Marcos han favorecido claramente a grandes empresas, en su mayoría multinacionales, y han dejado al margen a multitud de pequeñas y medianas empresas españolas, de un sector tan crítico como el tecnológico.
Estos criterios no estaban relacionados con la experiencia o la eficacia, sino con el tamaño, el número de empleados o el de oficinas y, además, no eran de clara aplicación en un sector como la tecnología y el desarrollo de software, en los que para resultar altamente eficaz no es necesario contar con un gran número de empleados o donde las conexiones on-line hacen que la cobertura física no sea un factor de importancia en la calidad del servicio.
En una situación económica diferente, habría resultado llamativa e injusta la actuación de la DGPE, pero inmersos en la gravísima crisis en la que nos encontramos, es mucho más que eso. El daño infringido a este sector español de la industria es de gran magnitud.
Hace seis años que se espera una regularización de esta contratación; los dos últimos se han perdido en procesos viciados desde su inicio, que albergan errores de concepto de los que solamente la DGPE es responsable y las empresas españolas agraviadas son multitud. En esta última convocatoria, han acudido 100 licitadores al Tipo 1 y 84 al Tipo 2, en ambos con la concurrencia mayoritaria de UTES, por lo que el número de empresas es muy superior.
Estamos a tiempo de permitir la entrada en este Acuerdo Marco a todas las empresas cuyas ofertas hayan cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados en el pliego, medida que la pequeña y mediana empresa española, emprendedora y arriesgada, ya que este sector así lo requiere, agradecería infinitamente.
La tecnología española y este cuento necesitan urgentemente un final feliz.

Pedro Pérez Pérez

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