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Una discriminación injustificada: la de los derechos pasivos de los funcionarios de los cuerpos de la Administración del Estado, incluidos en el régimen de clases pasivas, que se jubilan con más de 65 años

La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de seguridad social, dió una nueva redacción al apartado 2 del artículo 163 de la Ley General de la Seguridad Social, concediendo un porcentaje adicional en la pensión de jubilación de las personas que, incluidas en su ámbito de aplicación, se jubilen con una edad superior a los 65 años.

En ese sentido reconoce un 2% adicional por cada año completo transcurrido entre la fecha en que se cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión, porcentaje que se eleva al 3% cuando el interesado hubiera acreditado al menos 40 años de cotización al cumplir 65 años.

En el caso de que la cuantía de la pensión supere la cifra que como límite máximo establece todos los años la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el jubilado tiene derecho a percibir anualmente una cantidad adicional con la que no se podrá superar el tope de la base máxima de cotización, cuya cuantía, como se sabe, es superior a la cifra que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado como límite máximo.

En definitiva, todos los trabajadores que se han jubilado, desde 1 de enero de 2008, con más de 65 años de edad perciben un 2% más de pensión si han cotizado más de 35 años y un 3% más de pensión si han cotizado más de 40 años, lo cual supone una cantidad adicional que puede llegar hasta los 300 euros.

La antedicha norma es aplicable a todas las personas jubiladas por el Régimen General de la Seguridad Social, entre los que están todos los funcionarios de las Escalas de los Organismos Autónomos y de los Cuerpos de la Seguridad Social, los de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, así como todo el personal contratado laboral de todas las Administraciones Públicas.

¿ Cual es la situación de los funcionarios de los Cuerpos de la Administración General del Estado incluidos en el Régimen de Clases Pasivas.

En el momento actual estos funcionarios no pueden percibir, cuando se jubilan, las antedichas pensiones adicionales a causa de lo previsto en la Disposición adicional octava de la Ley 49/2007 que establece:

“Prolongación de la vida activa en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.
A fin de que a los funcionarios públicos les sea plenamente de aplicación lo establecido en el apartado 2 del artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el apartado Cuatro del artículo 3 de la presente Ley, así como los preceptos análogos respecto al Régimen de Clases Pasivas del Estado, y todo ello con su misma vigencia, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley desarrollando los términos de la prolongación de la permanencia en el servicio activo en el que se refiere el artículo 67.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.”

Lo primero que resalta del análisis de esta norma es que no tiene objeto alguno, ni resulta necesaria, para los funcionarios sujetos al Régimen General de la Seguridad Social ya que la Tesorería General de la Seguridad Social al reconocerles la pensión, incluye también como es lógico el porcentaje     adicional
(y hay que destacar que son la mayoría del personal al servicio de las Administraciones Públicas).

Lo cierto es que, a la fecha actual, los únicos funcionarios que no pueden percibir la pensión complementaria, cuando se jubilan con más de 65 años, son los funcionarios de los Cuerpos de la Administración del Estado.  En Clases Pasivas hay funcionarios que se jubilan a los 70, y además, pueden ser nombrados posteriormente “funcionarios eméritos”. Lógicamente estos colectivos quedan al margen de este tema (jueces, profesores de Universidad, etc.).

A título de ejemplo del agravio comparativo que se produce y de la discriminación del todo punto injusta, cuando por lo demás ambos sistemas están homologados, baste citar que un Ingeniero de Caminos funcionario de una Escala del Subgrupo A1, por estar sujeto al Régimen General de la Seguridad Social percibe, cuando se jubila, la pensión adicional a que pudiera tener derecho, mientras que si pertenece al Cuerpo Superior de Ingenieros de Caminos del Estado no puede percibirla. Así ocurre con los restantes Cuerpos de la Administración del Estado.

Es evidente que este injustificable agravio comparativo no debe mantenerse por más tiempo. Y sobre todo es inadmisible que el Gobierno tenga pendiente desde hace 4 años la remisión a las Cortes Generales del oportuno proyecto de ley que lleve a cabo la inaplazable homologación

En definitiva, se está produciendo una gravísima discriminación con graves perjuicios para un reducido número de funcionarios ( los integrantes de los Cuerpos de la Administración General del Estado que se jubilan a los 65 años, y pueden prorrogar hasta los 70, sometidos estatutariamente al régimen de Clases Pasivas).


Juan Alarcón Montoya
Administrador Civil del Estado

 

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