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ESPAÑA HA ENTRADO EN “MODO VOTACION”

España acaba de entrar en una vorágine de elecciones. Nada menos que cinco elecciones en apenas un mes, ¡ qué se dice pronto ! Para un observador exterior, no avezado en el asunto, podría parecerle o bien un despilfarro innecesario -como casi todos los despilfarros los son- o bien un enfermizo gusto, psicoanalizable, por las elecciones, o, simplemente, para decirlo en términos informáticos actuales, que España se ha puesto en “modo votación”. No hay que buscarle demasiados pies al gato.

 

Pero en la vida todo tiene una explicación, o sería conveniente que la tuviera. España entra en ese torbellino electoral porque es un Estado compuesto, como gustan de decir los teóricos de la cosa. Mas, ¿qué quiere decir eso de un “Estado compuesto”? Sencillamente, que, desde la Constitución de 1978, el Reino de España se ha descentralizado. El viejo Estado unitario español ha dado paso a uno de los Estados más descentralizados de nuestro entorno y época.

 

Pero con ese punto de “singularidad” que con frecuencia suele caracterizar a los españoles. Porque no es propiamente un Estado federal, ni mucho menos confederal, ni regional, ni integral (como se autodefinía en la Constitución de la II República española). ¿Qué es? Es, realmente, un estado en proceso de federalización (o de “federalización vergonzante”), que ante la ausencia de denominación oficial, los constitucionalistas han dado en bautizar como “estado de las autonomías” -de ahí ese punto de singularidad al que me refería antes-.

Más aun, ese proceso está inacabado o por cerrar, porque, en realidad, el Título VIII de la Constitución, que trata “De la Organización Territorial del Estado Español”, no es más que un título procedimental, que establece los distintos modos de acceder a la autonomía de los diferentes territorios y la conformación de sus instituciones básicas y el reparto -también muy abierto, y ambiguo – de las competencias esenciales entre los distintos niveles de distribución del poder.

Así, podemos decir que en España hay tres niveles de administraciones, todas ellas autónomas e independientes, no jerarquizadas entre sí, aun cuando todas conformen el Estado español, a saber: la Administración Central o General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas (17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla) y las Administraciones locales (las Diputaciones provinciales, los municipios, los cabildos y demás entidades locales).

Y para cada uno de esos niveles se eligen los miembros de sus órganos deliberantes: al Parlamento nacional o Cortes Generales, compuesto por dos Cámaras, el Congreso de los Diputados o Cámara Baja y el Senado o Cámara Alta que se cubren mediante la celebración de dos elecciones específicamente correspondientes; a los Parlamentos o Asambleas Legislativas de cada una de las Comunidades Autónomas; y a los órganos representativos de los municipios y demás entidades locales. Es decir, cuatro elecciones para cubrir los puestos de diputados y senadores nacionales, de diputados autonómicos y de alcaldes yde concejales municipales, a lo largo y ancho del territorio nacional.

España, además, es miembro de la Unión Europea desde el año 1986 y, como tal, participa en las elecciones al Parlamento Europeo. Las elecciones europeas se celebran cada cinco años, y este año coinciden con las autonómicas y municipales en el gran domingo electoral del 26 de mayo (que ha estado a punto de convertirse en un “superdomingo” electoral si la convocatoria de las elecciones legislativas se hubiera hecho coincidir con esa misma fecha). España tendrá que elegir a 54 eurodiputados de los 751 que conforman la Eurocámara de Estrasburgo.

Cuando se haga efectiva la salida de Gran Bretaña de la UE (que, aceptada la última petición de prórroga en el pasado Consejo Europeo de 10 de abril, está prevista -salvo imponderables, como viene siendo costumbre hasta ahora- para el próximo mes de noviembre de 2019), el Parlamento europeo reducirá sus miembros a 705, porque 46 de los 73puestos que actualmente ocupan los eurodiputados británicos, no se cubrirán para dejar una bolsa de escaños en previsión de posibles futuras incorporaciones de nuevos Estados miembros. Y los 27 restantes se repartirá entre catorce de los actuales Estados miembros: España y Francia (+5), Italia y Holanda (+3), Irlanda (+2), Polonia, Rumanía, Suecia, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Croacia y Estonia (+1). Los otros 13 Estados miembros mantendrán la representación actual.

De manera que España no podrá llevar a cabo la incorporación de los cinco nuevos eurodiputados hasta tanto no se produzca la efectiva salida del Reino Unido. Producida esta, en la fecha prevista ahora o en la que pudiera adoptarse más adelante en función de las cambiantes circunstancias de la política británica, los nuevos escaños, de conformidad con las previsiones tanto de la Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo como de la Disposición Adicional Única del Real Decreto 206/2019, por el que se convocan las elecciones al Parlamento Europeo en España, “serán asignados por la Junta Electoral Central a las candidaturas a las que puedan corresponder [según] los resultados del proceso electoral celebrado el 26 de mayo de 2019, sin que sea necesario realizar nuevas elecciones “.

Para hacernos una idea numérica, pensemos que entre los domingos 28 de abril y 26 de mayo, se deberían elegir 350 diputadosy 208 senadores [aunque el total es de 265, 57 son designados por los parlamentos y asambleas de las Comunidades Autónomas, resultantes de las elecciones autonómicas; 854 diputados autonómicos [porque aunque son 1.248, 394 -correspondientes a las Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía- se eligen en procesos electorales diferenciados]; alrededor de 68.230 entre alcaldes y concejales de los 8.122 municipios españoles, y, finalmente, los 54 eurodiputados (o 59, después del Brexit). Es decir, entre el 28 de abril y el 26 de mayo, la ciudadanía española está convocada a elegir, aproximadamente, 69.000 representantes políticos entre los diferentes niveles de distribución territorial del poder político: europeo, estatal, autonómico y local.

Para cubrir esos puestos, no sabemos todavía cuántos españoles ejercerán el derecho constitucional al sufragio pasivoen las dos convocatorias anunciadas. Sí tenemos datos de los comicios a celebrar el 28 de abril, tanto para las autonómicas de la Comunidad Valenciana como para las generales.

En el caso de la Comunidad Valenciana, para cubrir un total de 99 diputados a las Corts van a optar un total de 1.574 candidatos, entre titulares (1.378) y suplentes (196), es decir a razón de trece candidatos por cada escaño, encuadrados en las 41 formaciones políticas que, bien como partidos o como coalicioneselectorales, se vana presentar entre las tres circunscripciones de la Comunidad Valencia (15 candidaturas en Valencia, , 14 en Alicante y 12 en Castellón).

Por lo que respecta a las generales, ya proclamadas todas las candidaturas, para cubrir los 558 escaños (350 en el Congreso y 208 en el Senado) compiten 9.799, aspirantes: 5.952 candidatos al Congreso, entre titulares (4.406) y suplentes (1.546) y 3.847 al Senado, entre titulares (1.305) y suplentes (2.542). Es decir, 12 candidatos por escaño para el Congreso y 6 candidatos por escaño para el Senado. Estos candidatos forman parte de alguna de las 1.175 candidaturas que, entre partidos y coaliciones electorales, se han presentado en las 52 circunscripciones provincialesdonde se celebrarán los comicios al Congreso o en las 47 circunscripciones provinciales, 10circunscripciones insulares y las 2 circunscripciones de las Ciudades Autónomas donde se celebrarán los comicios al Senado. Es decir, las formaciones políticas han presentado una media de 11 candidaturas por circunscripción provincial al Congreso y 10 por circunscripción electoral al Senado.

Por lo que se refiere al sufragio activo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado un censo de más de 36,8 millones de españoles que están llamados a las urnas el próximo 28 de abril, en concreto:36.893.976 de ciudadanos con derecho a votar (casi 400.000 más que en los comicios generales de junio de 2016), de los que 34.799.999 viven en España y 2.093.977 residen en el extranjero.De los 34,7 millones de personas que residen en nuestro país, hay 16.838.498 de varones y 17.961.501 de mujeres (un millón de mujeres más que de hombres) y son 1.157.196 los jóvenes que van a votar por primera vez, ya que cumplieron 18 años después de las últimas elecciones generales de 2016.

Para cerrar los números, quizás sea elocuente tener en cuenta que con las próximas elecciones del 28-A y del 26-M, España habrá celebrado desde el final de la dictadura hasta ahora un total de 129 procesos electorales en cuatro décadas (43 años), es decir, una media de tres comicios por año, y un 1000 % más de lo que pudieron hacerlo durante la dictadura (solo se realizaron en catorce ocasiones, y de la manera suigéneris en que lo fueron).

La sola mención de las cifras de electores, de candidatos, de formaciones políticas concurrentes, de puestos a cubrir y el número mismo de procesoselectorales, impone respeto. Se comprende que en los rankings de calidad de la democracia, España figure entre las naciones que se consideran de “democracia plena”.

Así, 'The Economist' en su último informe sobre la democracia en el mundo, “DemocracyIndex 2018”, sitúa a España entre las 20 democracias plenas del planeta (puesto 19); y, si atendemos sólo a los Estados que conforman el G-20, España estaría colocada en quinta posición, sólo por detrás de Canadá, Australia, Alemania y Reino Unido;teniendo en cuenta que solo un 45% de la población mundial vive en una democracia plena, un 0,5% menos que hace un año, según el estudio elaborado por The Economist, España ocupa un buen lugar en el top de países plenamente democráticos. El Índice divide los países en cuatro grupos según la puntuación obtenida, a saber: 1. Democracias plenas entre 8 y 10 puntos—; 2. Democracias imperfectas —entre 6 y 7,9 puntos—; 3. Regímenes híbridos entre 4 y 5,9 puntos— y 4. Regímenes autoritarios menos de 4 puntos—.

Hay que decir que en la elaboración del Índice únicamente se tiene en cuenta cinco criterios políticos: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del Gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles. Es evidente que la democracia del siglo XXI es más que esos cinco parámetros, pero, sin duda, entre los principios más esenciales de la democracia está el de la celebración periódica de elecciones libres, justas y legítimas. Desde luego, es su atributo más llamativo. De ahí que se suela decir que las elecciones son la fiesta de la democracia. Como quiera que las elecciones son un instrumento para la constitución de los gobiernos de las instituciones, hagamos votos para que la salida de las elecciones sea tan festiva como la participación en ellas.

Félix Muriel

14 de abril de 2019

 

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